El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para reemplazar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por un nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
“La nueva ley convierte al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que seguirá siendo un organismo público descentralizado del Estado mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión, bajo su propia normativa, que actúa como entidad asesora del Ejecutivo federal”, señala el documento.
En la iniciativa se argumenta que el Conacyt creó fideicomisos millonarios y que del 2001 al 2018 transfirió a empresas privadas más de 45 mil millones de pesos, que en su mayoría —asegura el gobierno federal— eran grandes empresas nacionales y transnacionales “que no requerían el apoyo del Estado”.
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La iniciativa establece que este Consejo Nacional contará con una junta de gobierno integrada por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Bienestar, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Cultura, de Economía (SE), de Educación Pública (SEP), de Energía (Sener), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Relaciones Exteriores (SRE) y de Salud (Ssa).
Además de ello, el director general de este nuevo Consejo será designado por el presidente de la República. Esta persona “deberá tener una sólida formación curricular, una trayectoria académica sobresaliente, que incluya experiencia docente, coordinación de instancias académicas o administrativas y la dirección de programas o proyectos de investigación humanística o científica”.
También este Consejo Nacional contará con un órgano de vigilancia integrado por una persona comisaria pública, designada por la Secretaría de la Función Pública, y tendrá un órgano Interno de Control y un Consultivo.
Con esta propuesta se abrogaría la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidad de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación para formular el dictamen mientras que las comisiones de Gobernación y Población y de Presupuesto y Cuenta Pública deberán emitir una opinión.
