En la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de pasar en fast track las labores que realiza la Guardia Nacional, concebida como un órgano de seguridad civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) viola la Constitución y el ordenamiento de retirar a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública antes de concluir el sexenio.
La Guardia Nacional se creó, con el aval de todas las fuerzas políticas del país, en 2019 y se otorgó al Poder Ejecutivo utilizar a las Fuerzas Armadas, de manera extraordinaria, en tareas de seguridad pública por un periodo de cinco años, es decir hasta 2024.
Este lapso daba oportunidad para la consolidación de la Guardia Nacional como un organismo garante de la seguridad pública con un mando civil, es decir, del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La ruta para que la Guardia Nacional pasara al control del Ejército planteaba una reforma constitucional para eliminar su carácter civil y que fueran los mandos de las Fuerzas Armadas quienes se encargaran de su operación.
Sin embargo, este proceso fue eliminado por el presidente de la República quien esta mañana adelantó que mediante un decreto dará control a la Secretaría de la Defensa Nacional de las operaciones de la Guardia Nacional, sin necesidad de esperar la decisión del Poder Legislativo.
El año pasado, Forbes México entrevistó a Lisa Sánchez, presidenta de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, quien consideró que al tener una fecha de caducidad el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, López Obrador busca que su proyecto trascienda después de su mandato a costa de la militarización de México.
“De las primeras cosas que se da cuenta el presidente, es que no va a poder tener una Guardia Nacional funcional que no sea militar antes de 2024 y que, por lo tanto, como él mismo se puso esa fecha de caducidad, pues tiene que mandar a la Guardia para que toda ella sea militar y pueda estar llena de militares, para que cuando ese plazo se cumpla, pues lo que quede es una tercera columna castrense ya sin caretas y sin pretensiones de que sea civil”, advirtió Sánchez.
En tanto, para Javier Martín Reyes, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) la reforma constitucional planteada por López Obrador es muy peligrosa, ya que no existiría en el país ningún organismo civil encargado de la seguridad ciudadana.
“Es muy peligroso, muy muy peligroso que en México a nivel federal y en buena medida a nivel local dependamos de los militares para todas las tareas de seguridad pública.
“Este gobierno cuando llegó para dar paso a la Guardia Nacional, desmanteló a la Policía Federal, la única institución civil de seguridad pública federal y de nueva cuenta la única razón por la cual se logró el consenso para desaparecer a la Policía Federal fue que se iba a crear una Guardia Nacional de carácter civil”, sostuvo para Forbes México.
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Alfonso Durazo, quien se desempeñó como titular de la SSPC en los tiempos de la creación de la GN, adviritó la necesidad de que esta corporación estuviera en manos del Ejército debido a que un periodo de 5 años de consolidación no eran suficientes para adiestrar mandos para tareas de seguridad pública.
“En su momento aspiramos a que ese diseño de la Guardia Nacional la convirtiera prontamente en un referente internacional, la única manera de conseguirlo en las actuales circunstancias es su re inscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Hay razones muy poderosas que estuvimos valorando desde siempre, es que la base fundamental de la Guardia Nacional son marinos y militares, muy probablemente un 80%.
Consecuentemente no hay mandos civiles con la suficiencia para liderar una organización que tiene esa conformación”, dijo Durazo en conferencia de prensa en junio de 2021.
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