El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, las cuales incluyen sanciones a los jueces y magistrados que incurran en actos de nepotismo o corrupción; estas van desde amonestación privada, suspensión o destitución de su empleo y sanción económica.
El documento registrado en la Gaceta del Senado también incluye modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley Federal de Defensoría Pública, a la Ley de Amparo y al Código Federal de Procedimientos Civiles.
Se menciona que en caso de que la autoridad determine la inhabilitación, esta será de uno hasta 10 años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede los 17 mil 920 pesos (valor de 200 unidades de medida y actualización [UMA]) y de 10 a 20 años si el monto es mayor a esta cantidad.
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Si la falta administrativa grave cometida por el servidor público le genera beneficios económicos, se le impondrá una sanción económica que alcanzará hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, y enfatiza que en ningún de los casos, la sanción que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios obtenidos.
Menciona que si la falta administrativa grave provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, el servidor público deberá reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que hayan obtenido un beneficios, serán “solidariamente” responsables.
También sanciona con responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
La propuesta del presidente incluye sanciones a personas y empresas que se hubiera beneficiados con los actos de corrupción de integrantes del Poder Judicial. Para las empresas establece sanciones que podrán alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, e inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas de tres meses a 10 años.
Se especifica que el objetivo de la propuesta es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfoque a sus funciones constitucionales, pues “es menester que ya no conozca de controversias o trámites que involucren una mera cuestión de legalidad”.
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