El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este martes a la Cámara de Diputados una iniciativa en donde le resta facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se la entrega a la Secretaria de la Función Pública (SFP) con el fin de “combatir la corrupción”.
Entre las modificaciones que se proponen es establecer que la SFP, encabezada por Roberto Salcedo, estará facultada para realizar las compras consolidadas de bienes y contrataciones de servicios para la Administración Pública Federal, así como coordinar y conducir la operación de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes de las dependencias. Ambas atribuciones actualmente le pertenece a la SHCP.
Menciona que para lograr la coordinación y conducción de la Unidades de Administración y Finanzas, así como para homologar su funcionamiento, la SFP contará con facultades para emitir disposiciones de carácter general que establezcan de forma transversal el modelo de organización y de operación de dichas unidades, aun cuando estas estén en la estructura, presupuesto y jerarquía de las dependencias.
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Asimismo, la iniciativa establece que la SFP nombrará y removerá a las personas titulares de la Unidades de Administración y Finanzas o a sus equivalentes, así como a las personas servidoras públicas de los dos niveles jerárquicos inmediatos inferiores con el propósito de evitar actos de corrupción o colisión de servidores públicos que afecten la administración de recursos públicos.
La iniciativa, la cual reforma 10 artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que a la SFP le corresponderá el control interno, prevención, fiscalización y evaluación de la gestión pública, incluyendo las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisidores y otras reglamentaciones.
La propuesta también busca transferir de la Secretaría de Hacienda a la SFP la coordinación y conducción de la operación de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes de las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, de las entidades paraestatales, con excepción de la secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y de las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Se pretende así que la SFP tenga la capacidad de prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, mediante el establecimiento de mayores atribuciones para prevenir las prácticas de corrupción. Estos cambios (…) coadyuvarán a fortalecer el adecuado ejercicio del servicio público mediante la vigilancia del gasto público durante su ejecución garantizado su administración transparente, eficiente, austera y sin corrupción”, se lee en la propuesta del presidente López Obrador.
