Tras la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió este lunes en Palacio Nacional con el fiscal especial para este caso, en medio de lamentos por parte de organizaciones civiles y exfuncionario públicos.
En su conferencia, el mandatario había adelantado que se reuniría con Rosendo Gómez, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, con el objetivo de analizar la decisión de la titular del juzgado segundo de distrito en proceso penales federales de Toluca, en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte.
Esto, luego de que la noche del pasado viernes convocara a una revisión de las medidas cautelares de estos ocho militares y determinara que pudieran seguir su proceso en libertad condicional, al pagar la suma de 50,000 pesos y la responsabilidad de firmar cada ocho días ante las autoridades, entregando también pasaportes para evitar su salida del país.
Además, el presidente López Obrador adelantó que reuniría toda la información del caso para poder fijar una postura este martes durante su habitual conferencia matutina desde el Palacio Nacional.
“Mañana vamos a informarles sobre eso, mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema, nada más queremos tener todos los elementos”, refirió en conferencia ofrecida desde el estado mexicano de Querétaro, en el Bajío.
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En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) también ha previsto desde el domingo pasado que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza que dio la libertad a estos militares, mientras que el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas también lamentó que el Ejército mexicano litigue en contra de una investigación que encabeza el propio presidente mexicano.
Ante esta decisión, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) lamentaron la decisión por la cual militares posiblemente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron puestos en libertad.
“Esta decisión vulnera a las familias de las víctimas en su acceso a la justicia y la verdad, y crea condiciones para que la impunidad sobre graves violaciones a #DerechosHumanos se profundice”, señaló en una publicación de X.
Según la desacreditada versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como “verdad histórica”, los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.
En 2018, López Obrador reabrió las investigaciones, se ordenó la captura de militares vinculados al caso y ahora ha admitido la participación del Estado mexicano.
Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen apuntando hacia una falta de voluntad del Gobierno, en tanto que, las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del exfiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.
Con información de EFE
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