La fortuna petrolera le sonrió a Andrés Manuel López Obrador, quien utilizará 420,000 millones de pesos, —en su mayoría de los ingresos por la venta a precios récord del barril de petróleo—, para controlar y frenar una alza desproporcionada del precio de la gasolina Premium y Magna y diésel, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Los recursos adicionales por los altos precios del crudo son una buena noticia para cubrir necesidades apremiantes o mejorar las finanzas públicas, pero el gobierno ha decidido utilizarlos para cumplir una promesa de campaña: Que no aumente el precio de los combustibles o que no habrá gasolinazos”, dijo el organismo encargado de elaborar el análisis e investigación de la coyuntura económica al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
A mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador le llegó la fortuna en forma de ingresos públicos adicionales por el significativo aumento de los precios internacionales del petróleo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, consideró el centro.
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Con la llegada de esos recursos excedentes por la venta de petróleo da la oportunidad de cumplir sus objetivos de gasto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Y no sólo eso. Es posible que los ingresos públicos adicionales por los precios del crudo vayan más allá del gasto presupuestado, debido a que todo indica que el conflicto bélico en Euroasia durará mucho más de lo previsto y que ello mantenga elevados dichos precios”, explicó el órgano fundado en 1963 ante la necesidad del sector empresarial de contar con una institución de que le elaboren el análisis e investigación de la coyuntura económica.
El órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de empresas de primer nivel en México recordó que es factible que el precio de la mezcla mexicana se mantenga por arriba de lo previsto en el presupuesto de 55.1 dólares por barril en el resto del año, aunque con alta volatilidad.
“Suponiendo que el precio promedio del petróleo para todo el año fuese de 90 dólares por barril, los ingresos adicionales para el sector público en 2022 alcanzarían aproximadamente 475,000 millones de pesos”, calculó CEESP.
Las variables del marco macroeconómico utilizado para elaborar el Presupuesto 2022 han sufrido cambios en sus estimaciones como un menor crecimiento de la economía resulta en menores ingresos tributarios, así como una depreciación del tipo de cambio aumenta los ingresos petroleros, pero reduce el costo del servicio de la deuda.
También hay una menor plataforma de producción reduce los ingresos petroleros y un aumento de la tasa de interés incrementa el gasto no programable.
“Considerando el escenario de 90 dólares de la mezcla mexicana del crudo y el efecto de los factores señalados, los recursos adicionales netos disponibles para el sector público podrían alcanzar 345,000 millones de pesos o 1.3 por ciento del PIB”, agregó el organismo dependiente del CCE.
Una de las recomendaciones del CEESP es que el excedente de ingresos por el mayor precio del crudo sea destinado a gastos de necesidades evidentes en educación, salud, seguridad pública, bienestar social o inversión productiva, entre otros.
O bien, optar por una mejoría de las finanzas públicas para evitar que cayeran en déficit primario nuevamente en este año, lo que no es una buena práctica, o para restituir algunos de los fondos precautorios que se han utilizado en años recientes para cerrar brechas fiscales, apuntó.
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Desde los primeros días del conflicto bélico de Rusia y Ucrania, el gobierno de Andrés Manuel López Obador ha provisto un estímulo para evitar el aumento de los precios de las gasolinas y el diésel, reduciendo al máximo el impuesto especial a la producción y servicios (IEPS) que está en la ley de ingresos.
Ante la escalada de los precios del petróleo y su persistencia, el 4 de marzo de 2022 establecieron estímulos fiscales complementarios, es decir, adicionales a la reducción del IEPS. “Evidentemente, esto último implica una erogación nueva del gobierno y la consecuente necesidad de recursos”, manifestó el CEESP.
Del 12 al 18 de marzo, la Secretaría de Hacienda publicó un estímulo fiscal vía menor IEPS al 100% para las gasolinas y el diésel. Para la gasolina magna significó 5.49 pesos por litro, más un estímulo complementario de 3.87 pesos (9.37 pesos en total). Para la premium los estímulos fueron de 4.64 y 2.75 pesos por litro, respectivamente (7.39 pesos). Y para el diésel de 6.04 y 5.24 pesos en el mismo orden (11.27 pesos).
El CEESP recordó que no se sabe que tanto durarán los precios elevados del crudo ni cuál es exactamente el objetivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en términos de “evitar un gasolinazo”. Pero sí se pueden contemplar algunos escenarios posibles.
Un primer escenario trazado por el CEESP consiste en que la venta interna de combustibles de enero pasado se mantenga en el resto del año. Si además se supone que los estímulos publicados para la semana referida igualmente se mantienen sin cambio, el costo del estímulo sería de aproximadamente 420,000 millones de pesos.
“Es decir, rebasaría en casi 75,000 millones de pesos los ingresos excedentes netos mencionados previamente, con lo que el costo del subsidio implicaría finalmente un deterioro, un mayor déficit, de las finanzas públicas”, afirmó.
Otra opción alternativa dentro de ese escenario, que es menos agresiva y en el que el estímulo complementario para todos los combustibles fuese de solo un peso, el costo total ronda los 290 mil millones de pesos y no implicaría un déficit fiscal adicional.
En otro escenario, en el que la venta interna de combustibles promedio recupera su nivel de 2019, que es 27 por ciento mayor a la de enero de 2022, desde luego el costo de los estímulos fiscales aumentaría significativamente.
“Bajo este escenario los costos totales se elevarían a 570,000 millones de pesos en el caso de mantener los estímulos publicados para la semana del 12 al 18 de marzo y a 385,000 millones de pesos con estímulos de un peso para todos los casos”, añadió.
“En la decisión del gobierno respecto a la utilización de los recursos adicionales no anticipados, provenientes de los precios del crudo excepcionalmente altos, pesó más una promesa de campaña que otras prioridades con mayor importancia dada la situación del país”, agregó el centro del CCE.
Según el CEESP, el gobierno de AMLO debe dedicar más recursos a necesidades de sectores claves para el bienestar social, como recursos para mitigar el daño a la educación derivado del cierre de escuelas, la escasez de medicinas y las deficiencias del INSABI, la precaria situación de la seguridad pública o reactivar la inversión en deficiente infraestructura pública, pero “se prefirió mantener bajo el precio de los combustibles”.
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“El control del costo de los combustibles puede ser muy rentable políticamente. Y que ayude a aliviar las presiones inflacionarias”, añadió.
La decisión adoptada por el presidente de la República de controlar los precios de los combustibles es altamente costoso y regresivo, así como se ayuda principalmente a los estratos de mayor ingreso y se sacrifica la oportunidad de no atender necesidades sociales apremiantes, y, además, va en contra de las buenas prácticas ambientales, consideró el CEESP.
