Por decreto y a partir del 1 de diciembre, todas las instituciones gubernamentales estarán obligadas a cooperar con la investigación de los hechos sobre la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Lo anterior forma parte de los acuerdos establecidos durante la reunión de los padres y familiares de los 43 desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, Olga Sánchez Cordero, prevista como Secretaría de Gobernación y Alejandro Encinas, quien ocupará el cargo de subsecretario de Derechos Humanos.

Asimismo, se integrará la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, y organizaciones internacionales de Derechos Humanos formaran parte de la misma -entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-.

Los familiares de los alumnos desaparecidos afirmaron que el acercamiento con López Obrador, y su equipo de trabajo,  así como los acuerdos alcanzados, generan certeza y esperanza a su lucha por aclarar los hechos y localizar a los jóvenes.

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“El gobierno futuro nos transmite la esperanza de poder llegar al paradero de nuestros hijos. Es muy diferente a la postura del gobierno actual, pues hace tres años fuimos seguidos por espías. Que bueno que el gobierno si va a dar esa posibilidad de llegar a donde queremos después de cuatro años”, aseguró Epifanio, uno de los padres de los desaparecidos, en un breve mensaje a medios al concluir la reunión.

Interrumpido por el llanto, Epifanio relató que los padres están embargados por el enojo, pues luego de cuatro años de las investigaciones, encabezadas por la Procuraduría General de la República (PGR), no condujeron al paradero de sus hijos.

“Es un día emblemático para todos los padres y madres que hemos sufrido, pasado frío y lluvias, marchado y gritado. Habíamos estado llenos de rabia, porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por este. Esperamos a los muchacho, con una gran ansia de besarlos y abrasarlos”.

En junio de este año el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas reconoció que la investigación de la forzada de los 43 estudiantes ha sido defectuosa, en ese sentido recomendó la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Amnistía Internacional, por su parte, ha señalado que el gobierno federal ha procedido con más de cien acciones legales distintas ante los tribunales para impedir la creación de esta Comisión.

“Esto muestra que hay una decisión política para ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes. El gobierno debe dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, señaló Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional a través de un comunicado el pasado 18 de julio.

 

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