El empresario mexicano Antonio del Valle, dueño de Mexichem y presidente del Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), encabeza al grupo de accionistas mexicanos del Banco Popular español que presentó este viernes un recurso legal que anule el rescate de esa entidad financiera ante la “inevitable bancarrota” apoyada por las autoridades españolas.

El recurso presentado por el grupo de Del Valle, que tienen una participación minoritaria de 4.13% en la entidad, pide que se declare nula ante el Tribunal de Justicia de la UE la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), la cual permitió que Banco Santander comprara en junio pasado el 100% del alicaído banco español por un precio simbólico de un euro, dado el interés público para proteger a sus depositantes y garantizar la estabilidad financiera.

De acuerdo con la prensa española, el despacho estadounidense Kirkland & Ellis presentó en nombre de Del Valle, descendiente de emigrantes asturianos y una de las personas más ricas de México –según nuestra lista de multimilllonarios–, y otros inversionistas mexicanos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, un recurso de nulidad contra la resolución que implicó la pérdida total de la inversión para los dueños de acciones y deuda subordinada.

El recurso cuestiona la legalidad del nuevo Mecanismo Único de Resolución en el marco de la legislación de la Unión Europea y el proceso que condujo a la decisión, ya que se les niegan derechos fundamentales garantizados por la legislación comunitaria e incumple las condiciones necesarias para adoptar la resolución bancaria.

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Banco Santander compró a Popular al precio de un euro, luego de que éste fuera intervenido por el Banco Central Europeo (BCE) por falta de liquidez. La operación aprobada el 7 de junio pasado es la primera intervención y liquidación de una entidad financiera en Europa sin la aportación de capital público, esto desde la aprobación de nuevas normas para imponer las pérdidas a accionistas y acreedores con el objetivo de proteger a los depositantes.

Asimismo, indica que el banco no era insolvente –condición necesaria para ser intervenido–, sino que sólo tenía un problema de liquidez y por tanto no entraba en los supuestos de resolución; además de que no se consideraron otras opciones privadas para evitar la resolución, violando los derechos de propiedad de los accionistas en virtud de la legislación comunitaria.

La demanda de estos accionistas mexicanos no es la única en contra del salvamento de Banco Popular, ya que la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) interpuso también este viernes un recuro y el lunes de la siguiente semana más de 2,000 afectados, representados por un despacho particular, también impugnarán la resolución sobre Popular.

 

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