La Fiscalía acusa a Otto Pérez Molina de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera en un caso que desató una crisis política a pocos días de las elecciones del domingo.

 

Reuters

Un juez guatemalteco decidió el viernes aplazar hasta el martes su decisión sobre si proceden juicio contra el ex presidente Otto Pérez Molina por corrupción, tiempo en el que el ex mandatario seguirá en prisión provisional.

La Fiscalía lo acusa de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera en un caso que desató una crisis política a pocos días de las elecciones del domingo, que se celebrarán en un ambiente de indignación sin precedentes tras la oleada de escándalos que ha sacudido al país en los últimos meses.

«Me siento muy triste no solo por eso (de seguir privado de libertad), sino por todo lo que me está tocando vivir», dijo el ex mandatario a periodistas tras oír la decisión del juez.

El militar retirado de 64 años, quien renunció el miércoles en medio de la creciente presión de ciudadanos, iglesias y empresarios, negó las acusaciones de su presunto vínculo con La Línea, una mafia que cobraba sobornos por importar mercancías defraudando al fisco.

Los cargos fueron sustentados por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente respaldado por la ONU y Washington, tras analizar más de 89,000 escuchas telefónicas, miles de correos e ingente documentación obtenida en 17 allanamientos.

«No se tratan de dimes y diretes (rumores), sino escuchas concatenadas con otros documentos», aseguró Luis Orozco, representante de la CICIG en la audiencia, en la que presentaron más de 70 audios, documentos y fotografías para explicar cómo funcionaba la trama y la presunta participación de Pérez Molina.

Sin embargo, la defensa del ex funcionario aseguró que la acusación se basa en «especulaciones» y acusó al juez y a los fiscales de estar predispuestos en contra de su cliente, buscando una «condena social» mediante una serie de evidencias débiles.

«Estamos ante una mera suposición de hechos», dijo el abogado César Calderón, quien se preguntó cómo de las miles de llamadas interceptadas tan solo presentaron una en la que se escuchaba al entonces presidente y en la que no se evidencia ninguna ilegalidad.

 

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