La era de la “economía colaborativa” está en pleno apogeo, y ese modelo de negocios ha permitido a varias empresas alcanzar valuaciones estratosféricas que pueden explicarse considerando las eficiencias que logran, dado que sus costos fijos son bajos ya que no llevan inventario propio y su pasivo laboral se limita al que internalicen por personal directivo y operativo, pero muy limitado. No es tan difícil operar una flotilla de miles de millones de automóviles cuando no absorbes el costo de su adquisición ni mantenimiento, lo mismo que no es difícil tener un inventario inmenso de camas y habitaciones disponibles en todo el mundo cuando ni construiste los inmuebles ni gastas en su administración.

Uno de los grandes valores de la economía colaborativa es que en ella se ponen a disposición del público bienes privados que otrora no generaban la riqueza que estas plataformas les permiten generar, y que el trabajo de terceros, que antes no desempeñaban estas labores, queda al alcance de sus usuarios, que pueden lograr ahorros importantes al optar por recurrir a empresas de redes de transporte cuando haga usar un automóvil en vez de gastar recursos en adquirir y mantener uno, lo mismo que destinar el tiempo en labores más productivas o rentables, evitando ocuparlo en recorrer los pasillos de un almacén y formarse en la caja para pagar si se recurre a plataformas de compras personales para adquirir los productos necesarios para la vida cotidiana.

Sin embargo, tales bondades y eficiencias de la economía colaborativa se relativizan considerablemente cuando no permean hasta quienes más podrían beneficiarse de ellas porque lo necesitan más: las personas con discapacidad, definidas por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud como “aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

Soslayando a esas personas, las plataformas de economía colaborativa pierden un mercado objetivo práctica y lamentablemente también cautivo. Esto es particularmente cierto en el caso de quienes viven con debilidad o impedimentos visuales, puesto que si bien una persona con discapacidad motriz puede valerse de las empresas de redes de transporte y de compras personales para satisfacer necesidades como desplazarse por la ciudad y adquirir suministros para su vida diaria, quienes no pueden ver la pantalla de un dispositivo móvil quedan relegados, lo mismo que en ocasiones personas que padecen discapacidades auditivas o de lenguaje.

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El Censo de Población del 2010 arrojó que 5,793,270 de mexicanos o 5.1% de la población de entonces tenía alguna discapacidad: 27.2% o 1,575,769 eran discapacitados visuales que no podrían usar aplicaciones móviles que requiriesen ver la pantalla de un dispositivo; 12.1% o 700,985 no podían escuchar los mensajes auditivos de esos dispositivos y 480,841 no podían hacer uso de ellos para conversar mediante la voz. El mayor segmento de población con discapacidades es el de las motrices, al 58.3% o 3,377,476 de personas.

Naturalmente, hay factores que considerar, como su distribución geográfica con relación a las plazas en que las startups de economía colaborativa operan, que normalmente no es el caso tratándose de zonas rurales o marginales. Sin embargo, las cifras apuntan a una veta importante para su crecimiento y posicionamiento que han ignorado tanto la iniciativa privada como los gobiernos.

Las discusiones sobre la “brecha digital” generalmente se centran en aspectos como la conectividad, alfabetización y dispositivos al alcance que permitan el acceso del común de las personas a contenidos distribuidos por medios digitales; sin embargo, se presta poca o nula atención al acceso de las personas discapacitadas a esos mismos contenidos, marginándoles de los beneficios de la sociedad de la información y del conocimiento, así como de las ventajas de la economía colaborativa.

El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 también calla sobre el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y comunicación, que tampoco es mencionado en la Estrategia Digital Nacional. Ésta obliga a las instituciones a “estandarizar su presencia en páginas web” y a contar con una versión móvil de las mismas privilegiando el HTML5, pero es omisa respecto de la accesibilidad.

El Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión para las Personas con Discapacidad sí contempla como su Objetivo 5 “incrementar la accesibilidad en… las tecnologías de la información para las personas con discapacidad”, y como parte de sus estrategias, “promover, de acuerdo con la Estrategia Digital Nacional, que los sitios web de la Administración Pública sean accesibles a personas con discapacidad”, así como garantizar el derecho de esas personas a las tecnologías de la información y comunicación.

El mayor avance regulatorio son los Lineamientos Generales de Accesibilidad a los Servicios de Telecomunicaciones para Usuarios con Discapacidad, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sometió a consulta pública en agosto de 2015, pero que aún no han entrado en vigor y proviniendo del regulador de telecomunicaciones tendrán un alcance limitado a quienes están sujetos a su potestad: concesionarios y autorizados para prestar y comercializar servicios de telecomunicaciones.

Hay, sin embargo, iniciativas como la de Hearcolors que apoyan en la creación de sitios web incluyentes capacitando a diseñadores y desarrolladores, auditando sitios web y otorgando sellos de accesibilidad digital.

En el caso del gobierno no sorprende el relego de la población con discapacidad; al final del día su posición monopólica en muchos sectores fuerza a la gente a acudir a él como puedan o aunque no puedan. Por el contrario, en el sector privado debemos esforzarnos constantemente por captar y conservar a cada cliente o usuario, enfrentando a la competencia y diferenciándonos en todo lo que podamos.

Una de las formas en que los emprendedores y empresas del sector de TIC y servicios podrían diferenciarse considerablemente y ampliar su base de usuarios sería invertir en desarrollos que hicieran a sus aplicaciones móviles accesibles a personas con discapacidad. El Estado mismo debería alentar tales desarrollos e inversiones destinando recursos de sus programas de emprendimiento para quienes lo hagan.

 

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