A pesar de las conversaciones indirectas para cerrar un acuerdo, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández se ha opuesto a cambiar su postura de que no puede realizar el pago total a los fondos de cobertura.   Reuters BUENOS AIRES – La inquebrantable postura de Argentina para no revelar sus cartas en la batalla contra los inversionistas denominados “holdouts” que litigan contra el país está mermando el optimismo respecto a un acuerdo para evitar una nueva cesación de pagos antes de la fecha límite del 30 de julio. A pesar de las conversaciones indirectas para cerrar un acuerdo, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández se ha opuesto a cambiar su postura de que no puede realizar el pago total a los fondos de cobertura que compraron bonos a bajo precio tras el default de 100,000 millones de dólares (mdd) en el 2002. Fernández dijo la semana pasada a los líderes de las economías emergentes que conforman el bloque BRICS que era “imposible” pagar a los acreedores la deuda incumplida al valor total. Dijo que los fondos que mantienen bonos en “default” podrían haber canjeado los títulos incumplidos bajo las mismas condiciones de las reestructuraciones del 2005 y 2010, en las que los tenedores de bonos aceptaron grandes quitas. Es una oferta que los “holdouts” ya han rechazado. Un default genera el riesgo de más sufrimiento económico para la tercera economía de América Latina, que se encuentra en recesión y lidiando con una de las tasas de inflación más altas del mundo. Los fondos han dicho a través de sus abogados que están listos para dialogar, incluso escuchar a Argentina sobre sus tiempos para el pago. Pero, el fondo que lidera la demanda contra Argentina, NML Capital dijo que el Gobierno parece dispuesto a un default después de una semana de retórica desafiante y falta de negociaciones. “Las probabilidades de un default han aumentado. Todavía espero que estén jugando al póker”, dijo Claudio Loser, un argentino que trabajó durante décadas en el Fondo Monetario Internacional y que ahora preside la firma de consultoría Centennial Group. Fernández, con un discurso duro, ha prometido seguir honrando la deuda reestructurada pero se niega a pagar el monto nominal a los “buitres” que compraron bonos con fuertes descuentos y que están demandando ahora el pago total. La exclusión de Argentina de los mercados de créditos internacionales desde el 2002 implica que un eventual default probablemente no generaría shocks en los mercados emergentes mundiales. Sin embargo, generaría un mayor debilitamiento del peso argentino, que ya ha caído un 20% en el mercado oficial en lo que va del año, y alimentaría el riesgo inflacionario. Las reservas internacionales, que están en su nivel más bajo en ocho años, se encuentran en alrededor de 30,000 mdd y podrían caer a un tercio por el esfuerzo del Gobierno por apuntalar el peso y cubrir las importaciones, estimó Loser. Mientras el tiempo se agota, algunos inversionistas esperan que Fernández alcance un acuerdo de último momento para que Argentina pueda nuevamente volver a los mercados globales para fortalecer sus alicaídas reservas y financiar el desarrollo de sus vastos recursos de gas y petróleo no convencional. “No veo ningún escenario en el cual el default sea positivo, ni siquiera para el pensamiento de Cristina”, dijo Alberto Bernal, socio de Bulltick Capital Markets. “Estaría ‘defaulteando’ la deuda que renegoció su esposo fallecido”, agregó Bernal, refiriéndose al antecesor de Fernández, Néstor Kirchner. “Ella sabe que los beneficios de un acuerdo serían enormes”, resaltó. Menor optimismo Durante años, Argentina se negó a negociar con los “holdouts”, describiéndolos como “buitres” deseosos de paralizar una economía por el afán de obtener grandes ganancias. El país sudamericano ahora quedó sin opciones legales para eludir el fallo del 2012 del juez estadounidense Thomas Griesa que ordenó pagar 1,330 mdd más intereses. Griesa también sentenció que Argentina no puede pagar su deuda reestructurada si no logra un acuerdo con los fondos, lo que significaría que el país caería en cesación de pagos. En una audiencia el martes, el juez Griesa ordenó que el país y los fondos de cobertura se reúnan “continuamente hasta que un acuerdo sea alcanzado” con el mediador Daniel Pollack. El nuevo encuentro fue programado para el miércoles en Nueva York. A fines de junio, Argentina depositó 539 mdd en el Bank of New York Mellon (BONY), pero Griesa bloqueó la transferencia de esos fondos a los acreedores, abriendo un periodo de gracia de 30 días hasta el 30 de julio. Argentina sostiene que obedecer a Griesa generaría la violación de la llamada cláusula RUFO, que prohíbe al país lanzar una nueva reestructuración de deuda con mejores condiciones de las que las que aceptaron los acreedores que sufrieron enormes quitas. El Gobierno aduce que, si viola esa cláusula, enfrentaría demandas de acreedores por más de 100,000 mdd. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo al mediador Pollack que Argentina necesita más tiempo para discutir un acuerdo, y solicitó una cautelar o suspensión del fallo. “No hay señales que indiquen que Argentina está preparándose para pagar”, dijo Guillermo Nielsen, un ex secretario de Finanzas que estuvo a cargo de la reestructuración de la deuda en el 2005. “Hay un ambiente como que se está yendo al default”, aseguró. El precio del Discount 2033 denominado en dólares subió 14.5% desde que la Suprema Corte de Estados Unidos declinó tomar la apelación de Argentina, indicando que el mercado aún espera un resultado positivo. Pero, sin comentarios desde el Ministerio de Economía acerca de la posibilidad de más negociaciones en Nueva York, el humor es cambiante. “Vemos un 55% de posibilidades de que tengan éxito en conseguir una suspensión. Somos un poco más pesimistas que antes”, dijo Alejo Costa, gerente de estrategia del banco de inversión Puente en Buenos Aires. A partir de un análisis técnico del diferencial de riesgo de los bonos Discount, Siobhan Morden, jefa de estrategia para América Latina en Jefferies, dijo que la posibilidad de un acuerdo caía a 65-35 la semana pasada, de 75-25 en la semana que concluyó el 11 de julio. Morden dijo que, por el momento, los inversionistas creían que Argentina reaccionaría racionalmente y optaría por negociar un acuerdo para poder volver a los mercados de capitales y reducir la presión sobre su balanza de pagos deficitaria. Default deliberado La ecuación podría cambiar el miércoles cuando ambas partes se reúnan con el mediador. El BONY quiere una aclaración sobre lo que debe hacer con los fondos que Griesa bloqueó y que se encuentran en sus cuentas en el banco central argentino. La entidad dijo que los acreedores de deuda denominada en euros han amenazado con demandarlo si devolvía los fondos a Argentina. Griesa podría optar por permitir al BONY liberar los fondos, lo que implicaría que Argentina podría, entonces, cumplir con el pago de deuda del 30 de julio. Eso requeriría que el veterano juez disponga una nueva suspensión del fallo, según abogados. “No creo que él otorgue una suspensión sin un firme apoyo por parte de los demandantes, pero ¿por qué lo harían si Argentina no ha demostrado mucha buena fe?”, dijo Daniel Kerner, de Eurasia Group. También se podría evitar la cláusula RUFO, que vence el 31 de diciembre, con el consentimiento entre las partes para demorar un acuerdo hasta el 1 de enero del 2015 con alguna especie de garantía escrita en el documento. “La mayoría de los abogados creen que, si el pago es realizado en una cuenta depósito ordenado por un juez, eso no clasificaría como una violación de la cláusula RUFO”, agregó Kerner. No obstante, no se puede descartar un default deliberado. En ese escenario, Argentina podría lanzar un nuevo canje de deuda bajo legislación local en un intento por escapar de los juicios en Estados Unidos. Sería una movida plagada de riesgos. “Quizás el riesgo mayor es si los acreedores con deuda reestructurada se convierten en holdouts y demandan pago total después de un default técnico, en oposición al riesgo de que esos acreedores demanden el pago total por la violación de la RUFO”, añadió Morden.

 

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