Por Carlos Manoel Álvarez

La problemática es reconocida por los mismos partidos políticos, quienes afirman que es difícil mantener los controles a lo interno, mientras que expertos señalan que de no corregir la situación lo único que puede esperarse es tener que seguirá habiendo autoridades maniatadas y con compromisos que les impedirán hacer acciones en contra de estos grupos.

El 17 de abril, Mario Estrada, candidato a la presidencia del partido Unión del Cambio Nacional, fue capturado en Miami y señalado de haber solicitado dinero al cartel de Sinaloa para su campaña a cambio de apoyo para el traslado de drogas hacia Estados Unidos en caso resultara electo.

El 22 de abril, Julio José Rosales Morales, candidato a diputado por el partido Visión con Valores (Viva), fue detenido debido a que Estados Unidos lo reclama por delitos de narcotráfico.

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El 3 de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó al diputado José Armando Ubico en la lista de corruptos, a quien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya lo había inscrito para la reelección por el partido Todos en Sacatepéquez.

Estos son solo los dos casos más recientes que muestran que el crimen organizado busca la forma de penetrar la institucionalidad de los partidos político y con ello asegurarse protección.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ya había arrojado luz sobre este fenómeno en julio de 2015 en el informe Financiamiento de la política en Guatemala, el cual tenía un apartado sobre el crimen organizado y el financiamiento de partidos políticos.

En dicho informe se estima que hasta un 25 por ciento de los fondos de las campañas de las organizaciones políticas procede del crimen organizado.

Indica además que hay distintas formas en que los grupos de crimen organizado se relacionan con los partidos e identifica claramente dos formas: una tradicional, que básicamente es solo dar dinero, y otra, más compleja, que incluye poner candidatos e influir en decisiones de la administración pública.

Mal permanente

Carlos Fión, subjefe de la bancada y Secretario de Desarrollo Institucional del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo), aseguró que es una evidencia total que en Guatemala los partidos políticos están de alguna manera con el financiamiento electoral ilícito y con dinero del crimen organizado.

“Especialmente en algunas candidaturas del interior del país, alcaldes y diputados, eso es vox populi y todo el mundo lo conoce, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería tomar cartas en el asunto”, aseguró el congresista.

Nineth Montengro, diputada y secretaria general del partido Encuentro por Guatemala, coincidió con Fión y afirmó que “es un vox populi que el narcotráfico penetró la medula del Estado” y que es algo que viene de años atrás.

“Es un tema complejo porque un partido político tiene que tener como mínimo 22 mil 761 afiliados, 66 estructuras municipales y 12 estructuras departamentales y es más complejo manejarlo en época de campaña”, afirmó Montenegro.

Explicó que a veces no es difícil darse cuenta cuando un candidato tiene apoyo del crimen organizado y se nota en el dinero que tiene para su campaña, por lo que hay que trabajar en indagar a los candidatos. “Es complicado, pero no imposible poder visualizar quiénes pueden tener relación con el crimen organizado. Hay que mantener un tamiz y vigilancia constante”, afirmó la congresista.

Montenegro consideró que los lugares con más problemas de este tipo son Huehuetenango, San Marcos, Chiquimula y Jutiapa.

Armando Castillo, secretario general del partido Viva, indicó que el camino que se debe seguir para mejorar los filtros y evitar estos problemas dentro de los partidos es el fortalecimiento institucional.

“En la medida que los candidatos son de la misma base y es gente que viene escalando de los puestos municipales a los departamentales se va a tener la certeza de que son personas con trayectoria y conocidas”, aseguró Castillo.

El dirigente reconoció que, en el caso de Julio Rosales, los antecedentes policíacos y penales estaban limpios, pero, aunque el partido no tiene una unidad de investigación, asume la responsabilidad de lo que pasó.

Pese a que los cambios de la Ley Electoral han sido criticados, Castillo los considera un avance y señalan que en la medida que el TSE tenga más dientes para fiscalizar podrán mejorar los controles para evitar la contaminación de dinero ilícito y el crimen organizado en los partidos.

Institucionalidad débil

Las razones por las que el crimen organizado permea tan fácilmente en las organizaciones políticas es por su debilidad institucional, según Edie Cux, miembro de Mirador Electoral.

“No solamente es el sistema de partidos políticos, sino el mismo Estado es débil para identificar este tipo de hechos”, afirmó Cux.

Los casos recientes, añadió, solamente demuestran el debilitamiento de las instituciones del Estado que están encargadas por velar por estos hechos.

“El panorama que se tiene es muy sombrío para Guatemala. Si esto sigue igual el Estado ya no funcionaría para las personas sino para el crimen organizado y permitiría otras situaciones, como el aumento de la criminalidad y la violencia, además los servicios públicos pasarán a segundo plano”, acotó el experto.

Cux concordó con que una de las formas de detener el avance del crimen organizado dentro de los partidos políticos es que estos trabajen en su institucionalidad de manera que al tener bases sólidas no requieran tener que aceptar a personas externas que aumentan la probabilidad de contaminación con grupos criminales.

David Martínez-Amador, consultor independiente y de temas de crimen organizado, apuntó que los partidos políticos podrían evitar que el crimen organizado los contamine “apuntando la voluntad de usar las reglas, por limitadas que sean,  para evitar la penetración del crimen organizado”.

“Pero esto es una decisión complicada y difícil que suceda en un contexto donde los partidos políticos han visto las campañas facilitadas gracias a la colusión con el crimen organizado.  Por esto, es importante le fortalecimiento del TSE y un accionar pronto”, apuntó el experto.

Indicó que el escenario que podría haber si el crimen organizado sigue penetrando a los partidos políticos es el mismo que tenemos hoy con parlamentarios y funcionarios que llegan con las manos amarradas y compromisos.

“La democracia está secuestrada. Se gobierna para favorecer y facilitar la corrupción y el trasiego.  El Estado es clientelar, sirve al mejor postor prestando sus instrumentos e infraestructura”, acotó Martínez-Amador.

Sobre el papel que deben jugar las autoridades para evitar que el crimen organizado siga corrompiendo la institucionalidad pública, el experto indicó que deben ser el árbitro imparcial y no temer miedo alguno.

“Hay que ir frontalmente contra los caciques, los partidos y el narcotráfico, pero es una decisión complicada”, apuntó el experto.

Para Martínez-Amador, no se puede comparar la actual situación en Guatemala con algunos Estados en México o Colombia pues “en México es hasta muy reciente que la evidencia de dinero del crimen organizado a nivel de elecciones federales se ha hecho pública con el juicio a Joaquín Guzmán pero falta más evidencia”.

“Por el otro lado, dado que el nivel es federal, la situación en México es peor porque cada nivel de gobierno parece estar coludido con el narcotráfico”, aseguró.

Carlos Amador, presidente del Programa de Observación Electoral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), evitó dar declaraciones al respecto del tema.

* En alianza con Prensa Libre de Guatemala

 

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