La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial garantizará en teoría que República Dominicana, el país con el mayor índice de muertes por accidentes de tránsito en América Latina (29.3 por 100,000 habitantes; la tasa media es de 15.9), construya en los próximos años un sistema de transporte seguro, organizado y cómodo.

Esto implica, entre otros asuntos, que sindicatos y federaciones de choferes deberán constituirse en empresas para lograr la asignación de rutas de transporte público que serán otorgadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), bajo un régimen de supervisión estricto en apariencia.

Esta nueva ley, promulgada el 21 de febrero pasado, regulará todos los usuarios de la vía pública, desde vehículos privados, transporte escolar y de carga, hasta los peatones, quienes en lo adelante podrán ser multados por ponerse en riesgo.

Y contempla en el ámbito de transporte público de pasajeros la implementación de sistemas de pago de tarifas automatizados y la sustitución de chatarras y transportes individuales “por modos de transporte masivos, colectivos y más seguros” (en el Gran Santo Domingo, el 59% de los vehículos de transporte público, 11,399, fueron fabricados entre 1978 y 1988).

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“El Estado no tiene los recursos suficientes para emprender todos los proyectos que esta ley abarca, y por ende necesita inversión privada, sea local o internacional”, explica el diputado Tobías Crespo, propulsor de la legislación que comenzó a caminar al constituirse el Intrant, el pasado 4 de julio.

Crespo identifica un abanico de oportunidades de negocios en esta ley, que comienza con la asignación de rutas a empresas mixtas y espera erradicar un modus operandi muy rentable para los sindicatos de choferes, que venden hasta en un millón de pesos una ruta en el Distrito Nacional, luego de adquirir con el Estado su derecho por un precio simbólico.

El gobierno deberá edificar terminales de pasajeros y de cargas. Y todo eso acompañado de estructuras y sistemas tecnológicos de funcionamiento vial y cobranza de tarifas, multas y movilidad.

La nueva disposición también contempla la ampliación de casas de conductores a las 31 provincias del país (ahora mismo sólo existen en Santo Domingo y Santiago), lo que garantiza la extensión de oportunidades de servicios de las aseguradoras.

“Y para lo que antes llamaban la Revista, que ahora es la Inspección Técnico Vehicular, se pueden aprovechar los talleres de mecánica existentes que tengan la infraestructura y tecnología para garantizar una adecuada inspección”, agrega el diputado.

Pero de oportunidades es imposible estimar tiempos. Para su completa ejecución, la ley necesita de 44 reglamentos sin fecha aún de creación. Desde su inicio, el Intrant se ha enfocado fundamentalmente en unificar bajo su mando a cinco instituciones que superponían la regulación del transporte. Y con ello evaluar y reubicar a unos 1,400 empleados.

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