El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, retiró su proyecto de sentencia en el que consideraba constitucional que la seguridad social de los empleados del hogar fuera voluntaria, tras varios días de presión por parte de la sociedad, que pedía que esta prestación fuera obligatoria.

Estaba previsto que este miércoles el Pleno de la Corte discutiera y aprobara el borrador de la resolución, pero medios informaron de que el ministro se había desdicho de su propuesta de sentencia.

El caso se convirtió en un claro ejemplo del poder de la sociedad civil para forzar cambios políticos, legislativos y, como consecuencia, sociales.

Han sido varios los llamados de instituciones relevantes, como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), para que el Estado equipare la normativa laboral de los trabajadores domésticos a la del resto de empleados.

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Forbes México ha podido saber que representantes del colectivo Nosotrxs se reunieron con un ministro del Alto Tribunal para exponerle la situación real que viven los empleados domésticos. Y así, mostrarle cómo la Ley Federal del Trabajo (LGT) y la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) no sólo no los protege, sino que los discrimina.

“Consideramos que los artículos de la LFT y la LGSS se pueden interpretar como inconstitucionales porque el régimen voluntario hace que la Seguridad Social de los trabajadores domésticos dependan de la voluntad de los empleadores. Por tanto, se convierte en un derecho que tienen que negociar con ellos, cuando los derechos no deberían ser negociables”, comentó Andrea Santiago, representante de Nosotrxs.

Lo dice porque el proyecto de sentencia se basaba en el redactado literal de la normativa laboral y de seguridad social, sin tener en cuenta que su aplicación podría dar lugar a situaciones discriminatorias.

“El hecho que la Corte crea que este régimen voluntario sea equivalente al obligatorio es una falta de sensibilidad. El ministro piensa que sí las protege, cuando en realidad no es así. Además, las excluye de ciertas prestaciones, como las guarderías, cuando el 80% de las trabajadoras son madres y de ellas, el 20% son madres solteras”, explicó Santiago en entrevista a Forbes México.

Esta activista, filósofa y antropóloga prefiere no identificar al juez con el que hablaron ni la fecha en que tuvo lugar el encuentro. Pero afirma que el ministro en cuestión se mostró consciente de la realidad social de este colectivo de empleados, sin confirmarles si se iba a retirar el proyecto de sentencia o bien se alteraría el sentido de la resolución.

El movimiento Nosotrxs lleva años luchando para los derechos de los trabajadores domésticos. Este martes publicó una carta en contra del proyecto de sentencia de la Corte firmada por, entre otros, politólogos, académicos y escritores, como la representante de UNICEF en México Isabel Crowley o el profesor de la universidad de Georgetown Javier Mancera.

Desde el colectivo aplauden la decisión de Pérez Dayán y quedan a la espera de los nuevos pasos que de la SCJN para la resolución del caso.

“Hemos insistido en que las leyes son discriminatorias y no funcionan porque no facilitan que las personas accedan a sus derechos. Si la Corte interviniera sería buenísimo para que revisara la legislación”, destacó Santiago.

 

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