Durante la administración de Enrique Peña Nieto, se han registrado 656 ataques físicos, vía redes sociales y personales contra comunicadores y 10 asesinatos, reveló un estudio de la organización Artículo 19.

 

 

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Reuters

 

Los ataques y amenazas contra periodistas mexicanos aumentaron en 80% en los últimos dos años, reveló el martes un informe publicado por la organización Artículo 19, dedicada a proteger la libertad de expresión en el mundo.

De acuerdo al documento denominado “Estado de Censura”, durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se registraron 656 ataques contra comunicadores y 10 asesinatos.

“Las agresiones a la prensa han crecido de manera sostenida, y lo podemos deducir con una violencia generalizada por parte del Estado. Va desde Tijuana hasta Quintana Roo”, dijo a Reuters Darío Ramírez, director de Artículo 19 en México y Centroamérica.

Según el informe, durante el Gobierno del anterior presidente Felipe Calderón, cuestionado por su política de seguridad contra el narcotráfico, cada 48.1 horas era agredido un comunicador. En lo que va del Gobierno de Peña, esa cifra se redujo a 26.7 horas.

Los ataques fueron físicos, vía redes sociales y personales, entre otros.

“En 2014 logramos documentar 326 agresiones, únicamente cuatro menos que el año anterior, mientras que durante los seis años del Gobierno de Calderón el promedio anual fue de 182”, agregó Ramírez.

La mayoría de las agresiones (48.4%) se cometieron contra representantes de medios impresos, seguido de periodistas de portales de internet, radio y televisión y agencias.

El 48% de los agravios fueron cometidos por servidores públicos, la mayoría a nivel municipal, aunque también hubo casos donde se señala a funcionarios federales.

“Lo particular en el caso de México es que se da en un contexto donde hay un sistema legal de protección a periodistas mucho más robusto, esto nos hace pensar que estamos en un sistema de gran simulación del Gobierno”, dijo Ramírez.

Recientemente la nueva fiscal nacional, Arely Gómez, dijo que el Gobierno “no debe permitir restricciones a la libertad de expresión”.

 

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