Aumento en deportaciones amenaza con disparar pobreza en México

Por Margarita Vega Son las 11 de la mañana del 14 de febrero. Un vuelo procedente de Nuevo México aterriza en el Aeropuerto de la Ciudad de México con 136 mexicanos que creyeron alcanzar el sueño americano, pero que no lo lograron. Fueron deportados por no tener papeles para permanecer en Estados Unidos. Algunos apenas habían cruzado la frontera, otros llevaban más de 15 años viviendo del otro lado y ya se habían hecho de un patrimonio, una familia, una vida. “Ya no es el mismo Estados Unidos que pensábamos que es”, afirma Juan Monroy, quien vivió 15 años en California y regresó a su natal Oaxaca para criar a sus hijos. Cuando quiso volver a San Francisco, “la migra” lo aprehendió y lo retuvo en una prisión en la que lo despertaban a las tres de la mañana todos los días y lo trataban como a un criminal. Juan, de 48 años, regresa a México con las manos vacías y con deudas, pues todavía debe los 64,000 pesos que pagó al pollero. Lo atraparon apenas traspasando la frontera, pero dice que a su pueblo ya no regresa porque desde hace unos años ha bajado el negocio al que se dedicaba: la compraventa de ganado. “Ya no hay México para mí”, dice con amargura. Y difícilmente habrá México para los cientos de miles de migrantes que, se prevé, serán deportados en el gobierno de Donald Trump. Requieren políticas de empleo, salud y educación, y no las hay. Con los 10,000 nuevos oficiales de migración que Trump pretende contratar, según anunció en una de sus primeras órdenes ejecutivas, la nueva administración estadounidense tendría una capacidad de deportar hasta un millón de personas cada año, advierte Jorge Durand, académico de la Universidad de Princeton y experto en migración México-Estados Unidos. “Un escenario malo serían 700,000, 800,000 y uno muy malo estaría arriba del millón. Si tienes 10,000 agentes más, hay la capacidad para hacerlo”, agrega. “Es relativamente fácil saber dónde están estos migrantes, sobre todo en una primera fase; es muy evidente: en la agricultura hay millón y medio o 2 millones, y el 90% son ilegales y casi todos son mexicanos”. Durand aclara que, aunque con Obama hubo muchas deportaciones, también es cierto que se incrementaron “muchísimo” los diferentes tipos de visas y muchos mexicanos entraron con este documento a Estados Unidos. “La orden ejecutiva de Trump pretende evitar que aquellos que entraron con visa se queden más tiempo, para lo cual se están pensando medidas de control”, indica el académico de la Universidad de Princeton. Lee también: Trump quiere deportar inmigrantes a México, aunque no sean mexicanos Los escenarios más moderados de Durand apuntan a la deportación de alrededor de 350,000 personas por año, empujados principalmente por la presión que podrían ejercer los sectores productivos y la incapacidad del sistema judicial de enfrenar una ola de repatriaciones. El 25 de enero pasado, Donald Trump emitió una orden ejecutiva en donde planteaba las nuevas prioridades en materia de deportación. Aquellos que hayan sido convictos por un crimen, acusados por una falta penal (aun los casos que no hayan sido resueltos), hayan cometido una acción que constituya una ofensa criminal, abusado de algún programa de beneficencia pública, tengan una orden de deportación, hayan falsificado documentos o se hayan presentado falsamente ante una agencia de gobierno, encabezan las listas para ser sacados del país y regresados a su país de origen. Y establece que pueden ser deportados quienes sean considerados “un riesgo para la seguridad pública o nacional a juicio del agente de inmigración” que lo detenga. Con estas reglas, serían susceptibles de ser deportados ocho millones de los poco más de 11 millones de inmigrantes ilegales de todas las nacionalidades que viven en Estados Unidos, de los cuales 52% son mexicanos, según estimaciones del diario Los Angeles Times. Prácticamente todos los trabajadores ilegales en ese país falsifican el número de seguridad social, pues es indispensable para conseguir un empleo, lo que automáticamente los coloca en el listado de nuevas prioridades de deportación. En la pasada ola de deportaciones, en la administración de Barack Obama, dos de cada tres deportados eran mexicanos. Si ese patrón continúa, México difícilmente podrá afrontar un nuevo retorno masivo de migrantes, por lo que significa para el sistema de salud y de educación, pero, sobre todo, para un mercado laboral, ya de por sí presionado por la demanda interna, señala Liliana Meza, investigadora experta en temas de migración. “Podría aumentar el desempleo si muchas personas empiezan a tocar puertas”, agrega Meza. “Seguramente aumentarán los precios de la vivienda por una mayor demanda”. Es previsible que también aumente la demanda de servicios de salud y de escuelas, advierte la investigadora; así que se debería de pensar en una estrategia para enfrentarlo. En suma, se teme que la proporción de mexicanos en pobreza aumente, pues a la falta de empleo se sumaría la caída en las remesas que reciben miles de familias en México y que constituyen su único sustento. “Estados Unidos y México comparten la principal ruta migratoria en el mundo y tienen los mayores flujos de remesas entre dos países”, recuerda un reporte reciente de la calificadora Fitch sobre los posibles efectos de la política proteccionista de Estados Unidos en las entidades federativas y municipios mexicanos. El origen de los migrantes repatriados se concentra, sobre todo, en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, estados que también reciben un mayor flujo de remesas como proporción de su PIB, según datos de la Secretaría de Gobernación, dice el reporte de Fitch. “Los estados con mayor flujo de remesas y migrantes reportan los índices más altos de pobreza y marginación, además de enfrentar retos importantes en materia de competitividad y gobernabilidad”, agrega el reporte. “La economía de estos estados es débil, [por lo tanto] una menor captación de remesas, aunada a un incremento en la repatriación de migrantes, implicaría desafíos aun mayores para el desarrollo económico estatal”. Las remesas representan 2.5% del PIB de México. Las comunidades expulsoras de migrantes son muy sensibles a cualquier cambio en materia de migración, tanto cuando aumenta el número de migrantes que se va a Estados Unidos, como cuando regresan, señala Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. “En la medida en que se incrementen las deportaciones no sólo va a seguir cayendo la migración a Estados Unidos, van a caer las remesas, va a caer el nivel de ingreso, el nivel de vida, va a crecer la pobreza y puede entonces crecer la violencia”, advierte. También se prevén fuertes impactos a escala municipal. “Los municipios fronterizos cuentan con una vinculación elevada en la forma de exportaciones, inversión y remesas, así como con exposición alta [en relación con su economía] al mercado estadounidense, por lo que las políticas proteccionistas podrían afectarles de manera significativa”, dice otro reporte de Fitch. Los que tienen alta exposición en exportaciones, advierte, son Ciudad Juárez, Empalme, Nogales, San Luis Río Colorado y Tijuana. “Derivado de controles de inmigración más estrictos, deportaciones mayores e impuestos a remesas, Fitch espera un impacto más fuerte en los municipios fronterizos y en los municipios con una intensidad migratoria hacia Estados Unidos más alta”. Por el peso que las remesas tienen en la economía municipal, las alcaldías más vulnerables entre las calificadas por Fitch a una baja en los envíos de dinero son Tamazunchale (SLP), Ocuilan (Estado de México), Zamora (Michoacán), Valle de Bravo y Joquicingo (Estado de México). No se debe olvidar, destaca García, que la principal causa que arguyen los migrantes para cruzar la frontera es la falta de empleo en sus comunidades de origen. Pero otros ven un escenario distinto. Tonatiuh Guillén, presidente de El Colegio de la Frontera Norte, descarta un gran impacto económico por el regreso de los migrantes en el gobierno de Trump, pues no aumentó el desempleo ni la pobreza con la ola de migrantes que regresaron durante el gobierno de Obama. En lo que sí hay coincidencia es en calificar como totalmente insuficiente la respuesta que dan a esta situación el gobierno federal y los gobiernos locales, dado el tamaño del desafío. Las medidas anunciadas por el gobierno federal son “reducidas en relación a las necesidades y limitadas en relación a las posibilidades”, expresa Guillén. “Son raquíticas”, dice García Zamora. “Cuando uno escucha al presidente sobre el programa Somos Mexicanos [con el que se recibe a los migrantes deportados] es ridículo, porque sólo los reciben en la frontera, en el aeropuerto, les dicen que les van a ayudar a conseguir un trabajo y les ayudan con el pasaje a sus comunidades de origen y luego que Dios les ayude, cuando debería de haber una política nacional de generación de empleo en los estados con mayor intensidad de retorno como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Oaxaca. ¿Por qué no lo consideraron en el Presupuesto de 2017?, esa es la pregunta al Congreso”, cuestiona. El programa Somos Mexicanos se anunció a mediados del año pasado, como la respuesta del Estado mexicano al retorno masivo de los paisanos. Consiste en entregar al migrante deportado, a su llegada, una constancia de repatriación que le sirve de identificación, una copia de su CURP, una tarjeta telefónica, la afiliación al Seguro Popular, llamadas gratuitas a sus familiares, orientación sobre los programas de empleo, apoyo en el traslado a sus comunidades de origen y una bolsa con un sándwich, un jugo, una fruta y un pingüino Marinela. “Con las deportaciones a las que estábamos acostumbrados, más o menos se asimilaba a los migrantes sin tanta alteración, [pero] no si éstos son 350,000 por año, donde es el propio migrante el que tiene que resolver su situación porque no hay prácticamente una política específica de apoyo, salvo el pasaje para mandarlo a su comunidad de origen”, dice Durand. “Un sector muy grande de migrantes tiene 10, 20, 30 años en Estados Unidos” señala, por su parte Durand. “Hay que considerar que la última ley de legalización es de 1986; los que llegaron después llevan 30 años en Estados Unidos y para ellos el impacto es durísimo porque están totalmente desvinculados de México y su mercado de trabajo; [por tanto] la deportación tiene un impacto personal, familiar, en su comunidad, muy fuerte”. Pero aún hay cosas que se pueden hacer. Con la amplia red de clubes de paisanos que hay en Estados Unidos y su relación con los consulados y sus comunidades de origen se podría hacer una política de retorno programado, es decir, que los migrantes anuncien con anticipación su intención de regresar para que estas localidades se preparen, propone García Zamora. Guillén se pronuncia porque las políticas oficiales de atención a los migrantes repatriados procuren acompañarlos por un mayor periodo de tiempo y les den seguimiento, pues asegura que se trata de una población altamente capacitada que puede representar un activo para sus comunidades.   Los otros deportados El primer regreso masivo de migrantes ocurrió en los primeros años del gobierno de Obama, con más de 600,000 deportados sólo en un año. Luego, a partir de 2010, la cifra comenzó a reducirse gracias a la recuperación económica y de las cifras de empleo de Estados Unidos. Aun así, entre los años 2010 y 2015 regresaron más de 2 millones de mexicanos, según datos de la Secretaría de Gobernación, lo que equivale a la población de los estados de Colima, Campeche y Baja California Sur juntos. Un estudio de El Colegio de la Frontera Norte encontró que la mayor parte de los deportados en ese periodo fueron acusados de faltas administrativas, como pasarse un alto, manejar en estado de ebriedad o, incluso, discutir con su pareja. La mayoría de estos deportados no tuvo problemas para encontrar un trabajo, pero 80% lo halló en el sector informal, sin prestaciones, seguridad social ni derecho a una pensión, señala un estudio de la Fundación BBVA Bancomer. Esto se debe a que los mercados laborales locales están deprimidos y a que no hay una red que ayude al migrante a obtener un mejor empleo. Las mujeres se ocuparon, principalmente, en el sector servicios y los hombres en el campo. Los ingresos que encontraron también están muy por debajo del promedio de los que tenían en Estados Unidos, donde ganaban en promedio 31,516 dólares al año. Esta cifra está muy por encima de los tres salarios mínimos (en 2015, el salario mínimo era de 70 pesos diarios) que se calcula gana la mitad de los migrantes que regresaron en años recientes. El joven de 18 años Nicodemo Sánchez enfrenta el dilema. Decidió emigrar a Estados Unidos para conseguir un trabajo que le diera más de los 150 pesos que pagan en el campo de Oaxaca. “Me fui para tener una vida mejor; allá se gana más”, relata este oaxaqueño que fue detenido al intentar entrar ilegalmente por El Paso, Texas. No buscará cruzar de nuevo, pero a Oaxaca no regresa. “Me voy a quedar a trabajar aquí [en la Ciudad de México], a ver qué encuentro”, relata pocos minutos después de haber llegado a México, mientras busca el teléfono de una tía que vive en la capital del país y busca quitarse la pulsera con la que lo identificaban en la cárcel en la que estuvo preso. su padre enviaba una cantidad mensual desde que se fue a Dallas hace varios años. Él quería vivir lo mismo. Ya no podrá. Lee también: EU es un país de inmigrantes, debemos estar orgullosos de ellos: Zuckerberg   El peso de las remesas En 2016, los migrantes mexicanos superaron su propio récord en envío de remesas, con 26,970 millones de pesos (mdp) a sus familias. En promedio, se estima que los migrantes hacen envíos de alrededor de 300 dólares. En 2014, más de 1.2 millones de hogares, el 4% del total, recibía remesas de Estados Unidos, según cálculos hechos por Fundación BBVA Bancomer con datos del Banco de México, pero hay estados como Michoacán, Guerrero y Oaxaca en donde las remesas representan más del 7% del PIB local, lo que los hace altamente dependientes de este ingreso. Las familias receptoras de ese dinero son las más vulnerables a un posible gravamen de 2% a las remesas que quiere imponer Estados Unidos, pero también a la deportación de migrantes, advierte García. Una investigación sobre el impacto de la última ola de deportaciones en las comunidades expulsoras de migrantes en Zacatecas reveló que, en los años en los que disminuyeron las remesas, también bajó el consumo alimentario, así como el acceso a los servicios de salud y educación privados, afirma este académico. Esta situación es más aguda en Michoacán, en donde las remesas representan más de 90% del presupuesto anual del estado, asegura José Luis Gutiérrez, titular de la Secretaría del Migrante local. Tan sólo en 2016, sus migrantes enviaron 2,748 millones de dólares (mdd) en remesas, una cifra histórica. “Michoacán para bien o para mal es un estado adicto a las remesas, es el primer motor que activa su economía”, afirma. “Si dejaran de llegar las remesas, sería complicado”. En general, las familias receptoras de remesas destinan ese dinero a la compra de alimentos, vestido, pago o mejora de la vivienda, pago de deudas, salud y educación. Es por ello que se relaciona la migración con una mejoría en los niveles de desarrollo a nivel local. Los hogares que tienen migrantes internacionales muestran mejores niveles de salud, menor mortalidad infantil y diversos grados de bienestar. Pero, al mismo tiempo, presentan menores niveles educativos porque hay una alta deserción escolar entre la población adolescente, que sale a trabajar para sustituir al familiar que emigró. “Nosotros tenemos una situación muy baja y, aunque nunca nos faltó la comida, tomé la decisión de querer tener una mejor vida y me tocó la de perder. El sueño americano ya no es sueño: es jaula donde se encierran los mexicanos solos”, relata Uriel Eduardo Rodríguez, un mexiquense de 19 años que, después de negociarlo con sus padres, consiguió entre sus conocidos los 1,000 dólares que le cobraba el pollero y que ahora tiene que pagar. “Ahora voy a buscar empleo, pero no hay; por eso me fui”, se lamenta.