Por Carlos Odriozola*

Eran las 17 horas, 56 minutos y 48 segundos del 23 de mayo de 1992. Una tonelada de explosivos, bajo un puente de Palermo, acabó con la vida del juez italiano Giovanni Falcone, su esposa y tres escoltas. El llamado “superjuez” fue el artífice del “maxiproceso” donde se juzgó a más de 500 miembros de la mafia siciliana y se condenó severamente a 300 de ellos. En ese entonces, los jueces italianos encargados de procesos riesgosos recibían protección personal con escoltas y autos blindados. Los juicios se llevaban a cabo en edificios de hormigón armado. Pero los mafiosos italianos supieron cuando y donde encontrarían al “superjuez”, para cobrar venganza. El poder de la mafia se infiltró en los sistemas de seguridad del Estado italiano.

Eran las 8 horas con 30 minutos del 17 de octubre de 2016. Bastó una sola bala disparada a 30 centímetros de la cabeza del juez federal, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, para acabar con su vida. No es claro si el atentado se debió a una venganza por procesos pasados o un acto relacionado con algún asunto en curso a cargo del juzgador. El modus operandi del homicidio y la frialdad de los ejecutores apuntan a un acto cometido por sicarios de la delincuencia organizada.

Además de exigir el esclarecimiento del caso, la opinión pública nacional debate sobre la conveniencia de instaurar jueces anónimos en nuestro país, como se hizo en Italia en la época del juez Falcone. Pero resulta importante reflexionar bien la medida, porque las situaciones de la Italia de ese entonces son distintas a las que imperan hoy en México.

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Cuando la muerte de Falcone, en Italia se habían venido ejecutando a varios juzgadores y fiscales de manera sistemática, a pesar de que se les brindaba protección con escoltas y blindajes. De hecho, el sucesor del “superjuez”, el magistrado Paolo Borsellino, también fue asesinado tan sólo 57 días después de su antecesor. A Borsellino lo aniquilaron, junto con cinco escoltas, utilizando en esa ocasión 100 kilos de explosivos en el momento en que iba a visitar a su madre. Finalmente, los jueces anónimos fueron instaurados en Italia para juzgar a las poderosas Brigadas Rojas.

En México, hacía ya más de seis años que no era asesinado un juez federal; y sorprende que el juez Bermúdez careciera de las más elementales medidas de seguridad, tomando en cuenta la gravedad de los delitos de los cuales conocía. Ni escoltas, ni blindajes. Se manejaba sin ningún tipo de vigilancia, como si fuera un juez encargado de procesos sin riesgo. Afortunadamente, la muerte del juez Bermúdez no es un hecho generalizado, pero eso no le resta gravedad al caso.

En otros países de Latinoamérica se intentó emular a los jueces anónimos italianos, pero con resultados cuestionables. En Perú, los jueces sin rostro juzgaron a integrantes de Sendero Luminoso y Túpac Amaru incurriendo en violaciones al debido proceso. En Colombia se utilizaron para juzgar a las huestes de Pablo Escobar Gaviria, pero los jueces sin rostro fueron acusados de ser más corruptos que los jueces tradicionales. En El Salvador se habla de instaurarlos para juzgar a Las Maras, pero esto no ha sido aún posible.

Se dice que instaurar jueces anónimos significaría aceptar que el crimen organizado ha ganado la partida al Estado mexicano. ¿No es así? De nada nos sirve negarlo. Es evidente que el Estado mexicano no cuenta con la capacidad suficiente de investigación, captura y sanción de los delincuentes comunes; mucho menos de la delincuencia organizada. Sin embargo, la experiencia nos dice que la respuesta no está todavía en los jueces anónimos, especialmente ante un nuevo sistema penal acusatorio, donde la transparencia y el debido proceso deben ser los principios rectores.

La solución debería radicar en proteger razonablemente a los juzgadores encargados de asuntos de alto riesgo. Debe brindárseles protección personal, garantizando su seguridad. Es necesario salvaguardar la secrecía de su información personal. Como están las cosas en nuestro país, no es factible instaurar jueces anónimos, cuando los aparatos de seguridad están infiltrados por la delincuencia. El Estado no puede garantizar la secrecía de la información confidencial o reservada. El hecho de ocultar el rostro y la identidad de los juzgadores no garantiza que el crimen organizado no vaya a averiguarlos.

Lo verdaderamente preocupante es la ineficacia de nuestras autoridades y los altos índices de impunidad. Esperemos que se castigue a quien mató, con una sola bala, al Juez Bermúdez, pues los asesinos de Falcone y Borsellino, los mafiosos Salvatore Riina y Giovanni Brusca, purgan ambos cadena perpetua en las cárceles Italianas.

*Profesor del Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

 

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