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Reuters.- El gobierno federal y el del estado de Veracruz pidieron perdón a los familiares de cinco jóvenes que fueron asesinados en Tierra Blanca, en 2016, tras ser secuestrados por policías y luego entregados a criminales, un caso que impactó al país por su similitud con la sonada desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa -ocurrida dos años antes-.

Previo a la disculpa pública, las familias dijeron el domingo que es la primera vez que las autoridades reconocen que sus hijos eran inocentes y no delincuentes como los señalaron cuando ocurrieron los hechos, en Veracruz, en un intento por cerrar el caso.

“Queremos antes que nada limpiar el nombre de nuestros hijos (…) decirles que los amaremos siempre y que por eso exigimos justicia para ellos y para miles de personas (…) que viven estas circunstancias”, dijo rompiendo en llanto Columba Arroníz, madre de uno de los jóvenes muertos.

“Nosotros entre la desgracia tuvimos la fortuna de tener parte de los restos de Bernardo (su hijo). Las demás familias no tienen a dónde ir a llorarles”, agregó.

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Hasta la fecha, 21 personas han sido detenidas como presuntos autores materiales, ocho de ellos eran policías. Los familiares han exigido ampliar las pesquisas para que se incluya a altos mandos de seguridad estatal.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pidió excusas por la injusta criminalización de los jóvenes, por la actuación policial, la dilación en resolver el caso y la impunidad que llevó a que se concretara el hecho.

“Ofrezco una disculpa porque no se detuvo a tiempo la colusión de la policía de Veracruz con el crimen organizado”, dijo en el acto celebrado en el emblemático Museo Memoria y Tolerancia en Ciudad de México. “Reconocemos públicamente la responsabilidad del estado y su gobierno”, agregó.

Las víctimas, cuatro jóvenes y una adolescente, volvían de un viaje cuando fueron interceptados por policías de Veracruz que luego los entregaron a integrantes del poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), éstos los asesinaron y luego quemaron y molieron sus restos, han dicho autoridades.

Los sucesos recordaron la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el 2014 que fueron secuestrados por policías locales, del sureño estado Guerrero, y entregados a criminales. Hasta ahora se desconoce su paradero.

“Este acto no nos va a devolver a nuestros hijos (…) Queremos que esas personas se queden de por vida (en prisión)”, dijo Carmen Garibo, otra de las mamás que habló el domingo.

Diversas organizaciones como la ONU han cuestionado los crecientes casos de desaparición forzada en México, en los que intervienen agentes del Estado, lo cual también ha evidenciado la complicidad entre policías y grupos criminales.

Veracruz ha sido por años uno de los estados más violentos del país por las pugnas entre grupos criminales por el tráfico de droga, de personas, extorsiones, secuestros, robo de combustible y otros delitos. Cientos de restos de personas muertas han halladas en fosas clandestinas.

 

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