Las leyes anticorrupción se abren camino en el Senado, luego de que esta madrugada fueran aprobadas en comisiones la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dos de las cinco disposiciones que forman parte de la legislación secundaria para el combate a la corrupción.

A través de un comunicado, se mencionó que las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y de Estudios Legislativos, aprobaron en lo general estas legislaciones.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece las bases de coordinación entre la Federación, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento de dicho sistema y para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Mientras que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa busca determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este organismo, destaca el documento.

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Se señaló que se contará con un Sistema Nacional de Fiscalización para establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales se promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias, y avanzar en el desarrollo de la fiscalización de recursos públicos.

Aseguró que la plataforma digital del sistema la integrará información aportada por autoridades que son parte del sistema nacional, y estará compuesta de Sistemas de Evaluación Patrimonial, de Declaración de Intereses, y Nacional de Servidores Públicos Sancionados, así como de Información y Comunicación, Nacional de Fiscalización, y el de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción.

Esta ley busca generar una política pública de Estado para combatir la corrupción y contará con instrumentos de medición de la corrupción, además de otorgar estabilidad y formalidad a los trabajos realizados por auditores y contralores por más de diez años, a fin de establecer lineamientos que favorezcan la auditoría externa e interna en las diferentes esferas de gobierno.

Con respecto a la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esta instancia incluirá en sus competencias poder conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares, promovidas por la Secretaría de la Función Pública, y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación.

Las comisiones dictaminadoras acordaron que las reservas a estos dos dictámenes se presentarán y discutirán en la sesión extraordinaria del Senado de la República, y que para este martes se analice, y en su caso se apruebe en comisiones, el dictamen relativo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

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