El consorcio Altán, compuesto por las empresas Axtel, Morgan Stanley y  Megacable, desarrollará el proyecto de asociación público-privada conocido como Red Compartida, de acuerdo con el fallo emitido por la Secretaría de  Comunicaciones y Transporte (SCT).

El ganador de la Red Compartida para servicios mayoristas de telecomunicaciones móviles dispondrá de 90 megahercios de la banda de 700 Mhz que serán aportados por el gobierno mexicano en una Asociación Público Privada, así como de un par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

El grupo que representa Eugenio Galdón ofrecieron una cobertura de 92.2% en 7 años, por encima del mínimo requerido de 85% establecido por el gobierno.  Otros miembros del consorcio son Hansan, IGI y Fideicomiso de Coinversión, CTL.

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El proyecto costaría más de 7,000 millones de dólares (mdd) y tomará al menos 8 años en completarse. Consiste en la instalación de infraestructura común que servirá para ofrecer servicios mayoristas de voz y datos que podrá ser usada por operadores de redes móviles, operadores de redes fijas u operadores móviles virtuales.

Esta red, según la SCT, permitirá sumarse a la tendencia del Internet de las Cosas en cuanto a cajeros automáticos, semáforos, automóviles, alertas de protección civil como fugas de agua, monitoreo de transporte público-privado. Incluso prótesis médicas.

La polémica sobre esta decisión ocurrió después de que el consorcio extranjero Rivada fuese eliminado por la SCT en una guerra de amparos el pasado 4 de noviembre, que finalmente fueron negados por jueces mexicanos.

Altán tendrá 25 días habiles a partir de este 17 de noviembre para constituir el consorcio y los requerimientos ante las autoridades mexicanas. Deberá iniciar operaciones a más tardar el 21 de marzo de 2018.

Fondos tomarán decisiones de negocio

Mientras que Axtel y Megacable aportarán el expertise tecnológico, serán los fondos, como Morgan Stanley, quienes tomen las decisiones y pondrán el dinero para el negocio.

“Si bien son parte parte del consorcio, administrativamente no van a tener un voto como directores en las decisiones estratégicas o de negocio de la Red Compartida”, explicó en entrevista con Forbes México, Jesús Romo, analista de la firma Telconomía.

Red, juego de cooperación

Lejos de oponer a los grandes competidores en México, la Red Compartida será un juego de cooperación entre ellos.

“La Red va a estar 20 años con cobertura ambiciosa. El juego que se percibe entre los actores es que sea algo en donde uno de ellos observe que tiene más beneficios rentando capacidad de espectro que pagando por él, y no desplegando una nueva red”, explica Romo.

Entre los clientes que van a buscar son operadores móviles con red. Uno de los jugadores en telecomunicaciones que tiene menos espectro que sus competidores en México es Telefónica, comenta el analista.

“Es uno de los candidatos para estudiar si esta estructura le puede ayudar frente a sus competidores, aprovechando que la banda de 700 Mhz para 2018 va a tener bastantes dispositivos compatibles con ella”, dice Romo.

¿Cuáles son los riesgos para el proyecto?

Uno de los principales riesgos para la Red Compartida es el litigio del consorcio Rivada, que sigue en los tribunales y donde no hay una decisión definitiva.

Tras haber consultado múltiples abogados, Romo dijo que no hay un consenso definido sobre el futuro del caso, dadas las condiciones de la descalificación, cuyo criterio fue muy rígido con la firma extranjera aunque su retraso no ponía en riesgo la viabilidad de la asociación público-privada.

El peor de los escenarios es que las autoridades determinen una repetición de la licitación, según el analista, y el costo del crédito para desarrollar la red se vuelva más costoso.

El segundo  riesgo son los primeros lugares que atenderá la red.

“Cuando se presentaron las bases de licitación, el gobierno estableció que por cada 1%l de cobertura nacional, los concursantes tenían que demostrar 0.29% de cobertura en área de  menos de 10,000 habitantes.  En las bases finales cambió a 0.15%”, recuerda Romo.

¿Eso qué quiere decir? que la obligación de la red compartida de cubrir poblaciones se redujo en términos finales.

“Donde hay que poner lupa para que no se descuide la cobertura en áreas donde no se ha logrado o donde los operadores no despliegan su red”.

El proyecto más grande del sexenio en telecomunicaciones se planteó ante el problema de que los operadores no llevan su red ni centros de atención a zonas que no son rentables. Si se redujeran las obligaciones de la red, conforme avance la cobertura, deberá observarse cuántas localidades cumplen esta característica de menos de 10,000 habitantes que están incluyendo.

“La idea no es atraer una nueva entidad en telecomunicaciones, sino mejorar las condiciones de vida de la gente que está en estas áreas, y que entre muchas carencias que tienen, está la falta de acceso a servicios. Hay que estar atentos a este punto porque una de las bases favorece que se vaya a la parte urbana”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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