Cerca de 4,800 asesoras financieras y becarias que aún trabajan o que renunciaron a Bank of America y Merrill,  pueden participar en el reciente acuerdo.   Reuters   Bank of America Corp acordó pagar 39 millones de dólares para resolver una demanda por discriminación presentada por empleadas que reclaman que se les pagó menos que a los hombres y no se les dio una participación justa de las ganancias por el manejo de cuentas, mostraron el viernes documentos de la corte. El acuerdo fue revelado a menos de dos semanas después de que se conoció la noticia de que el banco alcanzó un acuerdo de 160 millones de dólares con cientos de operadores afroamericanos de Merrill Lynch & Co que reclamaron discriminación racial en su salario, ascensos y cómo se asignaban las grandes cuentas. Cerca de 4,800 asesoras financieras y becarias que aún trabajan o que renunciaron a Bank of America y Merrill, que fue adquirido por el banco en enero del 2009, pueden participar en el más reciente acuerdo. La demanda presentada a su nombre acusó a Bank of America y Merrill de discriminar intencionalmente al favorecer a los operadores masculinos al asignar sueldos, destinar cuentas de clientes y recomendaciones, y brindar respaldo profesional y de marketing. Según documentos judiciales, tales prácticas crearon un efecto de “ventaja acumulada” que perpetuó y amplió las diferencias de ganancias según género. Bank of America también fue acusado de vengarse de las operadoras que se quejaron por la discriminación. El acuerdo de tres años exige que Bank of America mantenga un observador independiente que supervise la corrección de sus prácticas, y que contrate a un consultor para estudiar cómo “agrupa” a los operadores y cómo sus prácticas de equipos afectan la asignación de cuentas. Bank of America no aceptó ningún ilícito para alcanzar el acuerdo, que necesita de la aprobación de la jueza de distrito Pamela Chen en Brooklyn, Nueva York. “El mundo de los asesores financieros sigue siendo un ambiente muy masculino en esta compañía e industria”, dijo Rachel Geman, una socia de Lieff Cabraser Heimann & Bernstein que representa a las demandantes, en una entrevista.

 

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