Por Alfredo Kramarz*
Las fotografías de Barcelona en llamas reflejan el aparente callejón sin salida del independentismo catalán y favorecen la apertura de dos vías de análisis para hacer de la rabia una expresión inteligible: 1ª. Los graves desordenes representan una protesta contra una sentencia injusta (serían una reacción exacerbada ante las condenas dictadas por el Tribunal Supremo español contra políticos catalanes por los hechos sucedidos entre septiembre-octubre de 2017); 2ª. Los disturbios son consecuencia del malestar generado por cabalgar contradicciones (sus lideres convocan manifestaciones que luego son reprimidas por la propia policía autonómica, hablan de presos políticos custodiando las llaves de las instituciones penitenciarias y dividen sus aplausos entre los pirómanos del mobiliario urbano y los bomberos).
Indagar en las causas que dan sentido a la violencia no impide el nacimiento de otra línea argumental más atrayente: la rebelión -no probada en el derecho- ha sido trasladada al orden visual y es un marco que condiciona lo juicios valorativos de la comunidad internacional sobre el independentismo.
A pesar de ser episodios puntuales de violencia su difusión provocó que los editoriales de mayor prestigio global analizasen las condenas por sedición y malversación de fondos públicos como penas razonables. La imagen amable del independentismo forjada entorno al derecho inexistente a decidir quedó dañada y alejó los amagues de comprensión que pudieron albergar países como Lituania, Letonia o Eslovenia. Es cierto que mantiene las simpatías de partidos reaccionarios en Bélgica o Italia y de una parte de la clase política escocesa, pero cada día parecen más distantes del eje París-Berlín (a este respecto, la elección de Josep Borrell -Ministro de Exteriores de España y catalán no independentista- como máximo representante de la diplomacia europea contiene un mensaje claro).
Durante el mes de octubre la agenda mundial estuvo plagada de manifestaciones que terminaron en violencia: Hong Kong, Ecuador o Chile. A pesar de crearse un ambiente comunicativo que invitaba a trazar paralelismos con el caso catalán lo que diferenció cada proceso fue el tipo de violencia ejercida por el Estado. El gobierno español prefirió no tomar medidas excepcionales desde el punto de vista jurídico y apostó por hacer pedagogía sobre la situación en Cataluña para contrarrestar un horizonte de victimización. Nadie surfea con agrado una supuesta ola democratizadora si la nobleza de la resistencia es transformada en mera alteración de la convivencia.
El clima descrito invita a pensar que ninguna potencia extranjera querrá forzar una negociación entre las partes y que la cuestión catalana será tratada como asunto interno español. Circunstancias que obligarán a los independentistas a bascular hacia el interior del Estado (vaivén que en el fondo es el comportamiento histórico del nacionalismo catalán) y a recuperar una cultura pactista que genere sintonía con sectores moderados de la población. Si se decantasen por una huida hacia adelante esto significaría una mayor judicialización de la vida política y empeoraría la ya malograda convivencia en Cataluña.
Por el momento, los independentistas hacen hincapié en el relato de una España autoritaria impregnada por el franquismo y utilizan a la monarquía o el poder judicial, como instrumentos de polarización. Una formula idónea para movilizar a sus votantes de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 10 de noviembre. A partir de la fecha señalada, revitalizarán la idea de la “anti-España” como constructo positivo e intentarán consolidar la percepción de dos bloques en el Estado: los constitucionalistas-inmovilistas y los sujetos favorables a un entendimiento que desemboque en un referéndum pactado o al menos, en la posibilidad de una reforma constitucional.
Mientras tanto el gobierno central administrado por el partido socialista responde con la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. La decisión fue tomada en 2018, pero ha sido ratificada recientemente por el Tribunal Supremo y permite reintroducir en los debates la tensión ideológica y a la vez facilita la recomposición de un discurso con contenidos ajenos a lo territorial. Sin la lucha por el reconocimiento en primer plano rebrotan los asuntos sociales que suelen naufragar cuando se impone el idioma de las banderas.
Cabe decir que hubo frivolidad en las amenazas del separatismo e ingenuidad al calibrar el peso real de sus fuerzas. Cuando sus generales fueron depuestos pensaron que su espíritu seguiría incólume y no contemplaron la posibilidad de salir por la puerta de atrás del escenario de la opinión pública europea. El independentismo es un problema sociopolítico enquistado, sin embargo, algo cambió desde octubre de 2017: el Estado aprendió a ganar tiempo.
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LinkedIn: Alfredo Kramarz*El autor es Experto en Política y Relaciones Internacionales y Doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
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