En la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, la ciencia de datos podría ayudar a contener la taza de contagios a través de la lectura del comportamiento de los usuarios de las tecnologías móviles. Así, a través de sus dispositivos, podrían trazarse mapas de dónde estuvieron, durante cuánto tiempo, con cuántas personas, y hacia dónde se movieron y por qué vías.
Si se cruzara con datos sobre la epidemia o incluso, el historial clínico de un conjunto de la población, los datos podrían ayudar a modelar un mapa de contagios, de la rapidez con que se propaga la enfermedad, pero no sólo eso. Se podrían calcular las posibilidades de que una región se infectara y tomar las medidas para evitarlo.
Podría hacerse, sin embargo, existe un problema que también es grave. Se trata de la privacidad de los usuarios y del acceso a información personal y datos sensibles. Los mapas y modelos podrían ser muy exactos, pero no se tiene acceso a ello.
En primer lugar, se tendrían que monitorear a personas en específico y tener acceso a historial clínico, grupos sanguíneos, direcciones y más datos confidenciales, además de los datos de movilidad de sus equipos. Todo ello, atentando contra los principios de confidencialidad y uso de datos personales.
Existen diferentes versiones sobre cómo China pudo auxiliarse del big data para contener, limitar y prácticamente desaparecer los brotes epidémicos en su territorio. Por ejemplo, el gobierno chino en colaboración con Alipay y WeChat, dos de las aplicaciones más populares en la región, crearon una serie de códigos de color (verde, amarillo y rojo) que les permitían a los ciudadanos moverse dentro de la ciudad o incluso entrar y salir de ella. A las autoridades, les permitía monitorear a los enfermos y los casos sospechosos y conceder o negar permisos de movilidad (http://www.xinhuanet.com/tech/2020-02/19/c_1125596647.htm=), todo ello como una clara contraposición a los derechos humanos, haciendo que el Estado vigile de forma profunda a cada uno de sus ciudadanos so pretexto de controlar una epidemia.
La respuesta en Europa es el programa llamado Rastreo de Proximidad Paneuropeo con Preservación de Privacidad (PEPP-PT, por sus siglas en inglés) (https://www.pepp-pt.org/), que recopilará datos sólo de voluntarios a través de Bluetooth y conservando el anonimato, con el fin de modelar la movilidad de las personas y las posibilidades de contagio.
Por su parte, Google ha liberado sus informes de movilidad (https://www.google.com/covid19/mobility/), que muestran los datos de muestras de diferentes poblaciones y la forma en la que están desplazando de manera genérica. Por ejemplo, los datos de México, por ejemplo, muestran que los usuarios han reducido las visitas a las tiendas departamentales y autoservicios en un 45%, a los parques un 46% y al transporte público un 47%. Además, se han cread bases con los más de 145 mil mensajes recibidos en el centro de ayuda por la enfermedad.
Ello puede ayudar a construir mapas de cómo se mueven las personas y las posibilidades que existen de generar contagios a partir de la interacción social que tienen en este momento. Y eso es precisamente lo que hace el Gobierno de la CDMX. Y lo más importante, guardando la confidencialidad de los datos y transparentando la forma de usarlos.
Es importante la salud pública y cualquier esfuerzo que se haga por combatir la crisis de salud que se vive en el país y en el mundo. Sin embargo, ninguna solución debe ceder al Estado la discrecionalidad de usar información privadad y, menos, estar por encima de cualquiera de los derechos fundamentales de los seres humanos.
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