Reuters.- Los bloqueos de carreteras clave y el cierre de cinco aeropuertos de regiones andinas de Perú se mantenían el viernes luego de violentas protestas que han dejado al menos 16 muertos en poco más de una semana, luego de la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso.
La jefa de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, dijo que el mayor número de víctimas se produjo el jueves con la muerte de ocho personas tras enfrentamientos entre la policía y el Ejército con manifestantes en la región andina de Ayacucho, en medio de intento de tomar el aeropuerto de la ciudad.
“Tenemos una contabilidad dolorosa que podría llegar a dos decenas de personas (fallecidas)” durante las protestas, afirmó Revollar, en una entrevista con la radio local RPP.
La funcionaria dijo que en las protestas de Ayacucho los manifestantes incendiaron locales del Poder Judicial y fiscalía, y que miembros de las fuerzas de seguridad hicieron uso de sus armas para repeler ataques al aeropuerto y a sedes públicas.
“Hemos interpuesto una denuncia penal ante las fiscalías penales especializadas en derechos humanos de Huamanga (Ayacucho), para que se determine la responsabilidad por las graves vulneraciones que han afectado la vida e integridad de las personas”, dijo la Defensoría del Pueblo en un comunicado.
Las protestas no han cesado pese a que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha decretado el “estado de emergencia” nacional y entregó el control del orden público a las Fuerzas Armadas. A última hora del jueves se ordenó un toque de queda nocturno en 15 provincias, buena parte en las regiones de mayor convulsión, en otro esfuerzo por aplacar los conflictos.
Los manifestantes piden el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente, la liberación del exmandatario Castillo y la renuncia de Boluarte.
La presidenta, cuyo mandato debería terminar el 2026, ha propuesto adelantar las elecciones para fines del 2023.
‘TODO SE VOLVIÓ LOCO’ EN PERÚ
La justicia de Perú ordenó el jueves una prisión preventiva de 18 meses para el expresidente Castillo, mientras es investigado por “rebelión y conspiración” tras intentar disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial de forma ilegal.
Castillo, un profesor de primaria que ganó sorpresivamente las elecciones por estrecho margen con el apoyo de las regiones mas pobres del país, ha negado las acusaciones.
Autoridades de transporte informaron el viernes que se han despejado bloqueos en el norte del país, pero se mantenían cerrados varios tramos en la principal carretera de la costa en el sur del país, con decenas de vehículos de carga varados.
Las protestas han generado el cierre además de lugares turísticos en Perú, como el de la ciudadela inca de Macchu Picchu, y se han conocido reportes de cientos de visitantes varados.
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Sonia Vigil una turista noruega, dijo el jueves que llegó al país hace cuatro días y que “todo se volvió loco”. “Hay basura en las calles y gente protestando y bocinas por todas parte. No estoy muy segura de lo que está pasando, realmente no nos dicen mucho y todo está en español y me cuesta entenderlo”, afirmó.
El Gobierno de Boluarte, que tomó la sucesión del poder, llamó a Lima en consulta a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia -gobernados por líderes de izquierda y que apoyan al expresidente Castillo- como “reacción a la intromisión en los asuntos internos” de la nación andina.
El grupo de países dijo esta semana en un comunicado conjunto que Castillo es víctima de “hostigamiento” político desde asumió el poder en el 2021 y exhortó a Perú a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.
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