El mercado bursátil mexicano acusa a la magistrada de mantener una “comunicación indebida” con una de las partes, violando la imparcialidad.

 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) amplió la denuncia que presentó el año pasado contra la juez Josefina Rosey González, quien lleva el caso de Grupo Elektra, que tramitó un amparo para no salir del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) del mercado bursátil.

En un comunicado, la BMV argumenta que se descubrieron argumentos vertidos por la juez que son “reproducidos en forma casi idéntica” por Grupo Elektra en una demanda de amparo.

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“La reproducción de los argumentos permite suponer una comunicación indebida de la Juez con una de las partes y una violación a los deberes de imparcialidad y confidencialidad que debe guardar en un litigio y podría configurar un delito contra la administración de justicia”, agrega la BMV.

Grupo Elektra demandó al presidente de la BMV, Luis Téllez, por haber hecho declaraciones sobre la emisora que presuntamente habrían provocado una caída en el precio de sus acciones. Además, la empresa obtuvo un amparo para impedir que saliera del Índice de Precios y Cotizaciones, por la nueva configuración para determinar qué empresas estarían dentro.

“En el juicio en el que contienden Elektra y la BMV, la juez expidió una medida judicial para que la nueva metodología que se aplicaría a las emisoras que están en el índice de la Bolsa, quedara provisionalmente suspendida. La medida no tiene sustento en ningún precepto de la ley y fue determinada equivocadamente como una medida en resguardo de los ‘derechos humanos’ de Grupo Elektra”, afirma la BMV.

 

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