La delincuencia organizada ha montado laboratorios clínicos apócrifos en distintas partes del país con pruebas COVID-19 simuladas.

Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial advierte que, hasta el momento, este tipo de actividades ilícitas se han registrado en mayor medida en la Ciudad de México, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua.

Se ha procedido, incluso, al decomiso de miles de pruebas falsas, lo que ha encendido los focos rojos de las autoridades en distintos puntos del país.

Empresas de diversos giros consideran aplicar a sus trabajadores pruebas de SARS-CoV-2 después del periodo decembrino, por lo que Grupo Multisistemas sugiere verificar que los establecimientos a los que acudan estén registrados ante la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios (Cofepris).

Contratar el servicio de análisis clínicos con las empresas certificadas no sólo garantiza pruebas confiables, sino que evitará que las compañías sean defraudadas y que los resultados sean verídicos.

Los costos de las pruebas en los hospitales particulares van desde los 1,300 a los 24,000 pesos en estudios más complejos, que a veces incluyen pruebas serológicas o de anticuerpos. Firmas fantasmas o de criminales ofrecen precios reducidos.

La empresa especialista en seguridad privada señala que este tipo de delitos también se está cometiendo a través de las redes sociales, donde se comercializan falsas pruebas rápidas para detectar el nuevo coronavirus.

Uno de los casos detectados es la suplantación de identidad de la farmacéutica alemana Bayer, con la que delincuentes ofrecían pruebas apócrifas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México detectó una plataforma de internet falsa con el nombre de esta empresa a través de patrullajes cibernéticos.

Grupo Multisistemas señala que lo anterior deja al descubierto que las actividades delictivas -además de secuestro, extorsión y robo en casa-habitación- transgreden las instituciones de salud y los laboratorios reconocidos, y encuentran la excusa perfecta para ingresar a las empresas por la puerta grande y cometer fraudes o robos.

La gravedad del asunto va más allá del impacto económico con las pruebas falsas y sus resultados, lo que trae como consecuencia que una persona que no sea portadora del virus salga positiva y se someta a un tratamiento innecesario y, viceversa, una persona que esté afectada por el virus, no busque atención oportuna y ponga en peligro su vida y la de los demás.

La falsificación de pruebas de COVID-19 podría encubrir los indicadores que da a conocer la Secretaría de Salud federal e incrementar posteriormente la cifra de contagios y defunciones por este virus. Además, comprometer la capacidad hospitalaria en las siguientes semanas y detener así la actividad económica del país.

 

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