Por José Villarreal Lamas, vicepresidente y socio fundador de Orange Investments®

El gobierno pierde miles de millones de pesos cada año. Y no por intereses, corrupción o despilfarro, sino por algo que pasa desapercibido al no tener forma de billetes y monedas: los bienes raíces.

Con la deuda pública, los recortes presupuestales y el panorama internacional, la invitación al gobierno a reinventarse y buscar nuevas soluciones se vuelve más urgente. Y los bienes raíces son un territorio prácticamente virgen, pero con un tremendo potencial para aligerar las cargas del erario y crear un círculo virtuoso de riqueza entre los distintos actores de la sociedad.

El gobierno se ha planteado en el sector inmobiliario como un administrador. Pero quizá hasta la palabra “administración” sea demasiado generosa para calificar la operación que realiza con las propiedades públicas: las tiene, en las mejores las mantiene, en las peores las malbarata, pero rara vez las capitaliza.

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El factor de pérdida se multiplica considerando que el gobierno mexicano es el terrateniente más importante del país y quizá de América Latina. Tiene bajo su potestad miles de propiedades con extensiones y ubicaciones privilegiadas, entre marinas, puertos, campos militares, fronteras y terrenos en zonas turísticas, que son verdaderos diamantes en bruto, pero cuyo potencial se queda en el desperdicio.

Las instancias gubernamentales han ignorado el asunto, y lo han ignorado en las dos acepciones de la palabra: por un lado, no conocen a ciencia cierta su inventario de inmuebles ni su forma de explotación y, por otro, cuando lo saben, no se animan del todo a explorar esta posible vía de ingreso.

En otras palabras, el gobierno no se ha replanteado sus modos de recaudación y, al sentirse ajeno al ruedo de los negocios privados, también ha preferido ver el juego inmobiliario desde la barrera.

 La fórmula ganadora del real estate

Aprovechar sus propiedades en beneficio del erario no pone en entredicho la vocación social de las entidades públicas. En realidad, un gobierno moderno -aquel que es activo en su misión de sortear las dificultades presupuestales y seguir sirviendo a la población- diversificaría sus fuentes de ingreso, se sabría parte de un ciclo de ganancia mutua y propiciaría un ambiente fértil para la inversión.

El gobierno debe creérsela y entenderse como jugador en el sector de los bienes raíces. Pertenece al ecosistema en la medida que tiene valores por entregar -es rico en propiedades- y necesidades por atender -ser autosustentable y crear una mejor infraestructura para su ciudadanía-.

Y a falta de capital y expertise, debe asumir el rol de facilitador: aprender el idioma del real estate, crear un medio ambiente propicio para el inversionista y atreverse a emprender negocios concesionando la labor de planeación y ejecución a sus socios estratégicos.

Pese a lo arduo de la tarea, el gobierno puede saltarse la curva de aprendizaje y empezar desde ahora el proceso de la mano de un insider de la industria que conozca la naturaleza de las esferas pública y privada, y funja como intérprete entre ambas.

La intervención de esta empresa privada se acota a priorizar los activos del portafolio, convocar en nombre del gobierno a los posibles inversionistas y mediar para inducir casos de negocio entre ellos.

En suma, el gobernante del futuro encuentra motivos y oportunidades donde antes no. Y en esta cooperación ganan todos. Mientras que el empresario extrae el incentivo del capital económico, el funcionario abona a su capital político con acciones concretas como sanear las finanzas, impulsar el desarrollo de la infraestructura e inyectar inversión y empleos en su localidad, lo que en automático ubica a la ciudadanía como tercer ganador en la fórmula.

En este ‘ganar-ganar-ganar’ nuestra labor como enlace es la de asegurarnos de que suceda: de provocar estas alianzas y articular esfuerzos que culminen en proyectos exitosos para todas las partes.

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José Villarreal Lamas

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