La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet) de Yucatán para, entre otras cosas, impulsar la denominación de origen del chile habanero.
“Nuestro objetivo en EMA es que Sefoet se apoye en nosotros como brazo técnico para el cumplimiento de normas en los sectores de mayor interés para esta administración, los empresarios y la sociedad buscamos que Yucatán sea un estado que apoye decisivamente en el desarrollo del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, gratamente cuentan con estructura, visión y entusiasmo para lograrlo”, afirmó Mario Gorena Mireles, presidente de la EMA, de acuerdo con un comunicado.
Sobre el impulso a la denominación de origen del chile habanero, la cual cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-189-SCFI-2017 y comprende en su declaratoria territorial a Campeche, Quintana Roo y Yucatán, el objetivo es difundirla ampliamente.
“La certificación acreditada de la denominación de origen del chile habanero, además de proteger nuestra identidad como mexicanos y yucatecos, nos dará renombre internacional, permitiéndonos abrir cada vez más mercado para este alimento, orgullo distintivo de México”, detalló Gorena Mireles.
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La EMA surgió hace 23 años para evaluar la competencia técnica y confiabilidad de laboratorios, unidades de inspección y organismos de certificación, asimismo, apoya en la competitividad de México al contar con productos, procesos y servicios que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y otros estándares. A la fecha ha otorgado más de 7,200 acreditaciones.
El estado de Yucatán cuenta 33 laboratorios de ensayo y calibración, 7 laboratorios clínicos, 40 unidades de inspección y un organismo de certificación acreditados por la EMA.
El convenio de colaboración con el gobierno de Yucatán es el cuarto que firma la EMA, pues también colabora con las secretarías de Desarrollo Económico de Durango y de Jalisco, así como con la de Economía de Coahuila.
El objetivo es dar a conocer las normas que aplican a los empresarios de cada estado y explicar cómo el cumplimiento de éstas coadyuva a la competitividad en dichas entidades y en salvaguardar la salud y seguridad de la sociedad, además de proteger al ambiente y vías generales de comunicación.
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