Los trabajos parlamentarios del primer periodo ordinario de la 69 Legislatura de la Cámara de Diputados arrancaron con la presentación de la iniciativa de reforma para eliminar el fuero constitucional a funcionarios públicos.

La iniciativa presentada por Pablo Gómez, del grupo parlamentario de Morena, fue turnada a comisiones, pero no sin antes ser condenada por un integrante de un partido aliado: Gerardo Fernández Noroña, del PT.

Al presentar la iniciativa, Gómez detalló que el proyecto reforma y adiciona los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución Política con el objetivo de eliminar la inmunidad procesal penal de funcionarios.

Aclaró que la aprobación de dichas modificaciones no impedirán el funcionamiento normal de los poderes públicos del Estado Mexicano, toda vez que la iniciativa no pretende retirar la inmunidad parlamentaria o legislativa, que abarca el carácter inviolable de los representantes populares por las opiniones que manifiesten.

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“La iniciativa pretende la eliminación del ‘fuero’, no de la inmunidad, debido a que ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos. Por tanto, se propone que los servidores públicos que ahora están ‘aforados’ puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó”, detalla la iniciativa.

Gómez recordó que ya en otras dos ocasiones se presentó la iniciativa, pero se detuvo su avance en el Congreso por los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Hoy va a llegar a la Presidencia un ciudadano mexicano que critica la existencia de dicho fuero y promueve su completa eliminación, incluyendo la figura de presidente de la República, cargo que él va a ocupar, me refiero a Andrés Manuel López Obrador”, afirmó en tribuna.

Fernández Noroña condenó la intención de eliminar esta figura constitucional al señalar que pondría en riesgo el desempeño de actividades de los funcionarios, pero sobre todo del próximo presidente y citó los casos de Dilma Roussef en Brasil y del vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, a quienes –dijo– se les inventaron delitos para su remoción.

“El propio compañero López Obrador sufrió en carne propia un desafuero y fue gracias a esta figura que pudo integrarse a la campaña presidencial de 2006”, dijo.

 

Un comienzo acalorado 

La primera sesión ordinaria de la nueva Legislatura arrancó en punto de las 11:11 horas y estuvo enmarcada por una disputa entre el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El segundo exigió a Muñoz Ledo una explicación respecto a su presencia en el mensaje de Enrique Peña Nieto con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, asegurando que era un acto ilegal.

En votación económica los diputados acordaron no ceder la palabra a Fernández Noroña con el objetivo de empezar los trabajos legislativos, lo cual desató el enojo del legislador, quien siguió pidiendo la palabra, ignorado por Muñoz Ledo.

El petista se acercó hasta la tribuna y le gritó al presidente de la Cámara que no le toleraría su insolencia. En respuesta, Muñoz Ledo dijo que no era insolente y le reviró: “¡Usted es un golpeador!”.

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Disputa por la Junta de Coordinación

Al concluir la sesión –en la cual se presentaron iniciativas para reformar las leyes sobre el Impuesto Especial a la Producción y Servicios, General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la del Impuesto sobre la Renta, entre otras– no se tenía certeza aún del número exacto del tamaño de las bancadas.

Hasta el momento Morena, el grupo parlamentario mayoritario, tiene confirmados 248 diputados en su bancada; en caso de tener más de 250, podría coordinar la Junta de Coordinación Política.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, afirmó que presentarán un recurso legal para evitar que Morena presida tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa Directiva de la Cámara.

 

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