Y los empresarios, ¿qué?
Un sistema de justicia eficaz que garantice procesos transparentes y expeditos permitirá mejorar en índices de gobernabilidad y de competitividad y, por lo tanto, explica María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, traerá certidumbre para que en el país aumente la recepción de inversiones extranjeras.
Entre las principales características de este sistema están que se elevó a rango constitucional la presunción de inocencia, un juez de control vigila la legalidad de la detención, la confesión de un acusado sólo es válida si se realiza ante un juez, los procesos se llevan a cabo en audiencias públicas en presencia de un juez (juicios orales) y la prisión preventiva sólo se aplica en casos excepcionales, pues se toman en cuenta medidas alternativas para reparar el daño tras la comisión de un delito.
Primer veredicto: la idea es impartir justicia rápido y, con ello, simplificar el proceso judicial y reducir el costo que representa tener a gente en prisión, por robarse un kilo de jitomates. “Tener un sistema transparente y expedito implica un ahorro para el Estado”, dice Alejandro Martí. “Pero sobre todo es una ganancia para la ciudadanía y para consolidar la democracia en México”.
Por ejemplo, el costo de la etapa de averiguación en el anterior sistema costaba en promedio 15,000 pesos y con las nuevas reglas se redujo a 1,500, según datos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con esta investigación periodística, varios son los empresarios que impulsan la aplicación de este nuevo sistema; la mayor parte de ellos proviene del retail, ya que en éste opera una amplia red de farderos (personas que roban mercancía de las tiendas).
Christopher Cháries, director de retail en México de Tyco Integrated Fire & Security, manifestó en reportes de prensa que las cadenas comerciales pierden entre 1.7 y 3% de sus ventas por el robo de juguetes, electrónicos y electrodomésticos, lo cual representa 12,000 mdp anuales.
Al respecto, el abogado Ernesto Canales sostiene que el sector empresarial y de negocios no sólo debe pensar en los beneficios de este sistema, sino en cómo ayudar a construirlo. Hay algo de la realidad que le duele: que seis de cada 10 presos están en la cárcel por delitos menores. Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal se abre la puerta para medidas alternativas a la prisión y es fundamental, dice, que los empresarios las conozcan e impulsen.
Por ejemplo, el año pasado la Clínica de Interés Público del CIDE documentó el caso de una mujer que robó de una tienda de conveniencia una mermelada, un envase de café y una crema de avellana. La empresa la demandó penalmente por el monto de lo robado: 64 pesos. Para que la mujer (empleada doméstica y madre de cinco hijos, único sostén de su familia) pudiera seguir el proceso en libertad, se le fijó una multa de 9,000 pesos, monto desproporcionado en comparación con el daño.
Otro caso se documentó en julio de 2015, cuando otra mujer robó una charola de carne y una mantequilla con valor de 59 pesos. Fue remitida al Ministerio Público, estuvo dos días retenida y se inició el proceso para llevarla a juicio. Un juez determinó que por tratarse de un “delito de hambre”, tras la reparación del daño —pagar el costo de lo robado—, pudo quedar en libertad sin necesidad de un juicio.
En el Nuevo Sistema de Justicia Penal se contempla la “Justicia Alternativa”: lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño sin necesidad de un juicio o un largo proceso penal. Se tiene que cumplir con ciertos requisitos para que aplique este tipo de solución, como que se trate de personas que delinquen por primera vez y sean delitos menores, es decir, no aplica para delitos contra la seguridad pública, violación, homicidio o extorsión.
“Para que el sistema funcione es indispensable que los empresarios entiendan que los delitos menores deben ser reparados y tratados de una manera diferente. Muchas de las denuncias de los delitos menores vienen de negocios y empresas. ¿Qué ganamos con este tipo de medidas alternativas? Que nuestro sistema no se distraiga y se concentre en resolver los procesos por delito de alto impacto, eso es lo que nos va a traer certidumbre y permitirá que la justicia en México sea una realidad”, explica Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro.
Ahorro, tras bambalinas
Desde el gobierno federal, María de los Ángeles Fromow complementa: “El proceso debe ser transparente, con la certeza de que existe un juez que está vigilando la legalidad del procedimiento, una plena coordinación entre el MP y el policía, y que todo esté en la esfera de estándares internacionales de la defensa de los derechos humanos de todas las partes. Se debe garantizar la reparación del daño, cumplir con las condiciones que un juez imponga y que no haya oposición de la víctima”.
Pero Fromow habla de otro beneficio: reducir el gasto en la manutención de las prisiones. Hoy, una persona en reclusión cuesta al Estado 200 pesos diarios, mientras que alguien que sigue su proceso en libertad implica un gasto de entre 80 y 120 pesos.
Segundo veredicto: lo que también se gana es despresurizar las cárceles del país, que según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, actualmente tienen una sobrepoblación de 26.6%, con una población total que asciende a 257,291 personas. Por otro lado, datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados indican que 25% de esos presos lo están por un delito de robo menor a 1,000 pesos.
“La mayoría de los presos lo está porque se robó un taco, un gansito, una cerveza en la tiendita, un impunidad. “En todos los sentidos, un empresario sale beneficiado pero para eso debe involucrarse, entender el sistema e impulsar y acatar su aplicación”, dice Ernesto Canales.
Los pendientes
A menos de un año de la fecha límite para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (18 de junio de 2016), en seis entidades federativas ya opera totalmente, en 25 de manera parcial y en uno más arrancará actividades en 2016.
Pero más allá de ese avance, Ernesto Canales enciende la alerta por 40% de presos que quedarán libres en los próximos cinco años. “¿Vamos a soltar a casi 60,000 personas no preparadas para vivir en sociedad, con mejores entrenamientos y contactos para delinquir? ¿O aprovechamos para proveerles un oficio, un entrenamiento que les permita tener una vida en sociedad después de la cárcel y ofrecerles oportunidades de una mejor vida?”.
En ese sentido, sugiere que los empresarios se involucren en la creación de políticas públicas que garanticen que los presos tengan mejores herramientas para enfrentar la vida en libertad y, desde su papel de grupo de influencia, exijan efectividad en programas de inserción social.
Roberto Hernández, por su parte, ubica el principal reto del Nuevo Sistema en las policías y en la necesidad de invertir para que los cuerpos policiales estén a la altura en la impartición de justicia. “Hasta ahora, toda la inversión tecnológica y monetaria está en los jueces y la inversión legal también, pero en la base de la pirámide —la policía— no hay inversión, ni en cuanto a leyes ni en cuanto infraestructura ni en cuanto a salarios. Si no cambiamos el sistema de justicia desde el arresto hasta la consignación, vamos a seguir padeciendo un sistema ineficiente”, señala.
Por su parte, Alejandro Martí mira uno de los principales retos en la resistencia del mismo sistema judicial para cambiar de paradigma y en la de los empresarios para impulsarlo.
Así, es enfático al decir que el reto no está en que el ciudadano común acepte el sistema. “¿Sabes cuándo cambia la percepción de la gente y acepta el sistema? Cuando la gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo con la justicia. Pareciera que es al revés, pero hoy todos estamos muy concientes de qué pasa con la justicia de nuestro país gracias a los niveles de impunidad y de corrupción. Cuando estos problemas no están, se vive en un Estado de Derecho y la justicia no es algo en lo que piensa la gente, no se siente. Eso es lo que se pretende con este nuevo sistema de justicia y para allá vamos y, por nuestro bien, debemos lograrlo”. Cambios en el sistema de justicia, ¿solución contra la delincuencia?
Este año en todo el país deberá ejecutarse a plenitud el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que busca agilizar las condenas y reducir la reclusión en prisión. Simultáneamente, un grupo de empresarios mantiene la expectativa, bajo el firme deseo de combatir el robo en sus tiendas.
Por Tania L. Montalvo
Guillermo no es inocente. Caso cerrado. A las 13:30 horas del 20 de septiembre de 2013 fue detenido en la delegación Iztapalapa tras haber sido señalado como responsable del robo de un celular. Sin pruebas para determinar su culpabilidad (el Ministerio Público nunca presentó el supuesto celular robado), ni testigos, hoy está en prisión esperando que, algún día, la justicia lo rescate.
En las cárceles mexicanas al menos 60% de los presos puede identificarse con el caso de Guillermo, ya sea porque dicen ser inocentes, acusan ser víctimas de un proceso judicial lleno de irregularidades o llegan a prisión por un delito menor.
“Las características de los presos son la muestra de cómo hemos perdido la confianza en el sistema de justicia. ¿Quién cree en éste? Nadie. ¿Quién ha recibido justicia pronta y expedita en este país? Nadie. Y eso tiene costos sociales pero también económicos, ya que el sistema de justicia nos ha generado una impunidad rampante y ésta nos ha generado grandes problemas económicos”, acusa el empresario Alejandro Martí, uno de los principales impulsores del Nuevo Sistema de Justicia Penal que, entre otras cosas, busca garantizar procesos judiciales transparentes y proteger los derechos tanto del imputado como de la víctima del delito.
Martí, presidente y fundador de la organización civil México SOS, cita estudios en los que se calcula que los niveles de impunidad en el país implican desde 2% del PIB. En tanto, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ese porcentaje puede ser incluso mayor pues las inversiones en el país se reducen hasta 5% por problemas de corrupción y falta de acceso a la justicia.
Las incómodas cifras ahí no paran: México ocupa la posición 79 del ranking de justicia que hace cada año The World Justice Project que evalúa a 102 países. En la lista están mejor evaluados países como China, Tailandia, Tanzania, El Salvador o Burkina Faso.
“México tiene uno de los sistemas penales más ineficaces del mundo”, denuncia Roberto Hernández, creador del documental Presunto Culpable, que muestra las deficiencias para tener acceso a la justicia en el país. “La policía no sabe interrogar sospechosos, no sabe entrevistar testigos, no sabe levantar huellas digitales, no sabe catear domicilios o tu auto. Tenemos un costo muy alto por una mala operación de la justicia. Todo eso urge cambiarlo”.
Para ello, la sociedad se unió e impulsó la reforma constitucional de seguridad y justicia que finalmente entró en vigor el 18 de junio de 2008 y puso como límite ocho años (2016) para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal se implemente en todo el país.
Y los empresarios, ¿qué?
Un sistema de justicia eficaz que garantice procesos transparentes y expeditos permitirá mejorar en índices de gobernabilidad y de competitividad y, por lo tanto, explica María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, traerá certidumbre para que en el país aumente la recepción de inversiones extranjeras.
Entre las principales características de este sistema están que se elevó a rango constitucional la presunción de inocencia, un juez de control vigila la legalidad de la detención, la confesión de un acusado sólo es válida si se realiza ante un juez, los procesos se llevan a cabo en audiencias públicas en presencia de un juez (juicios orales) y la prisión preventiva sólo se aplica en casos excepcionales, pues se toman en cuenta medidas alternativas para reparar el daño tras la comisión de un delito.
Primer veredicto: la idea es impartir justicia rápido y, con ello, simplificar el proceso judicial y reducir el costo que representa tener a gente en prisión, por robarse un kilo de jitomates. “Tener un sistema transparente y expedito implica un ahorro para el Estado”, dice Alejandro Martí. “Pero sobre todo es una ganancia para la ciudadanía y para consolidar la democracia en México”.
Por ejemplo, el costo de la etapa de averiguación en el anterior sistema costaba en promedio 15,000 pesos y con las nuevas reglas se redujo a 1,500, según datos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con esta investigación periodística, varios son los empresarios que impulsan la aplicación de este nuevo sistema; la mayor parte de ellos proviene del retail, ya que en éste opera una amplia red de farderos (personas que roban mercancía de las tiendas).
Christopher Cháries, director de retail en México de Tyco Integrated Fire & Security, manifestó en reportes de prensa que las cadenas comerciales pierden entre 1.7 y 3% de sus ventas por el robo de juguetes, electrónicos y electrodomésticos, lo cual representa 12,000 mdp anuales.
Al respecto, el abogado Ernesto Canales sostiene que el sector empresarial y de negocios no sólo debe pensar en los beneficios de este sistema, sino en cómo ayudar a construirlo. Hay algo de la realidad que le duele: que seis de cada 10 presos están en la cárcel por delitos menores. Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal se abre la puerta para medidas alternativas a la prisión y es fundamental, dice, que los empresarios las conozcan e impulsen.
Por ejemplo, el año pasado la Clínica de Interés Público del CIDE documentó el caso de una mujer que robó de una tienda de conveniencia una mermelada, un envase de café y una crema de avellana. La empresa la demandó penalmente por el monto de lo robado: 64 pesos. Para que la mujer (empleada doméstica y madre de cinco hijos, único sostén de su familia) pudiera seguir el proceso en libertad, se le fijó una multa de 9,000 pesos, monto desproporcionado en comparación con el daño.
Otro caso se documentó en julio de 2015, cuando otra mujer robó una charola de carne y una mantequilla con valor de 59 pesos. Fue remitida al Ministerio Público, estuvo dos días retenida y se inició el proceso para llevarla a juicio. Un juez determinó que por tratarse de un “delito de hambre”, tras la reparación del daño —pagar el costo de lo robado—, pudo quedar en libertad sin necesidad de un juicio.
En el Nuevo Sistema de Justicia Penal se contempla la “Justicia Alternativa”: lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño sin necesidad de un juicio o un largo proceso penal. Se tiene que cumplir con ciertos requisitos para que aplique este tipo de solución, como que se trate de personas que delinquen por primera vez y sean delitos menores, es decir, no aplica para delitos contra la seguridad pública, violación, homicidio o extorsión.
“Para que el sistema funcione es indispensable que los empresarios entiendan que los delitos menores deben ser reparados y tratados de una manera diferente. Muchas de las denuncias de los delitos menores vienen de negocios y empresas. ¿Qué ganamos con este tipo de medidas alternativas? Que nuestro sistema no se distraiga y se concentre en resolver los procesos por delito de alto impacto, eso es lo que nos va a traer certidumbre y permitirá que la justicia en México sea una realidad”, explica Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro.
Ahorro, tras bambalinas
Desde el gobierno federal, María de los Ángeles Fromow complementa: “El proceso debe ser transparente, con la certeza de que existe un juez que está vigilando la legalidad del procedimiento, una plena coordinación entre el MP y el policía, y que todo esté en la esfera de estándares internacionales de la defensa de los derechos humanos de todas las partes. Se debe garantizar la reparación del daño, cumplir con las condiciones que un juez imponga y que no haya oposición de la víctima”.
Pero Fromow habla de otro beneficio: reducir el gasto en la manutención de las prisiones. Hoy, una persona en reclusión cuesta al Estado 200 pesos diarios, mientras que alguien que sigue su proceso en libertad implica un gasto de entre 80 y 120 pesos.
Segundo veredicto: lo que también se gana es despresurizar las cárceles del país, que según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, actualmente tienen una sobrepoblación de 26.6%, con una población total que asciende a 257,291 personas. Por otro lado, datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados indican que 25% de esos presos lo están por un delito de robo menor a 1,000 pesos.
“La mayoría de los presos lo está porque se robó un taco, un gansito, una cerveza en la tiendita, un impunidad. “En todos los sentidos, un empresario sale beneficiado pero para eso debe involucrarse, entender el sistema e impulsar y acatar su aplicación”, dice Ernesto Canales.
Los pendientes
A menos de un año de la fecha límite para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (18 de junio de 2016), en seis entidades federativas ya opera totalmente, en 25 de manera parcial y en uno más arrancará actividades en 2016.
Pero más allá de ese avance, Ernesto Canales enciende la alerta por 40% de presos que quedarán libres en los próximos cinco años. “¿Vamos a soltar a casi 60,000 personas no preparadas para vivir en sociedad, con mejores entrenamientos y contactos para delinquir? ¿O aprovechamos para proveerles un oficio, un entrenamiento que les permita tener una vida en sociedad después de la cárcel y ofrecerles oportunidades de una mejor vida?”.
En ese sentido, sugiere que los empresarios se involucren en la creación de políticas públicas que garanticen que los presos tengan mejores herramientas para enfrentar la vida en libertad y, desde su papel de grupo de influencia, exijan efectividad en programas de inserción social.
Roberto Hernández, por su parte, ubica el principal reto del Nuevo Sistema en las policías y en la necesidad de invertir para que los cuerpos policiales estén a la altura en la impartición de justicia. “Hasta ahora, toda la inversión tecnológica y monetaria está en los jueces y la inversión legal también, pero en la base de la pirámide —la policía— no hay inversión, ni en cuanto a leyes ni en cuanto infraestructura ni en cuanto a salarios. Si no cambiamos el sistema de justicia desde el arresto hasta la consignación, vamos a seguir padeciendo un sistema ineficiente”, señala.
Por su parte, Alejandro Martí mira uno de los principales retos en la resistencia del mismo sistema judicial para cambiar de paradigma y en la de los empresarios para impulsarlo.
Así, es enfático al decir que el reto no está en que el ciudadano común acepte el sistema. “¿Sabes cuándo cambia la percepción de la gente y acepta el sistema? Cuando la gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo con la justicia. Pareciera que es al revés, pero hoy todos estamos muy concientes de qué pasa con la justicia de nuestro país gracias a los niveles de impunidad y de corrupción. Cuando estos problemas no están, se vive en un Estado de Derecho y la justicia no es algo en lo que piensa la gente, no se siente. Eso es lo que se pretende con este nuevo sistema de justicia y para allá vamos y, por nuestro bien, debemos lograrlo”.
Y los empresarios, ¿qué?
Un sistema de justicia eficaz que garantice procesos transparentes y expeditos permitirá mejorar en índices de gobernabilidad y de competitividad y, por lo tanto, explica María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, traerá certidumbre para que en el país aumente la recepción de inversiones extranjeras.
Entre las principales características de este sistema están que se elevó a rango constitucional la presunción de inocencia, un juez de control vigila la legalidad de la detención, la confesión de un acusado sólo es válida si se realiza ante un juez, los procesos se llevan a cabo en audiencias públicas en presencia de un juez (juicios orales) y la prisión preventiva sólo se aplica en casos excepcionales, pues se toman en cuenta medidas alternativas para reparar el daño tras la comisión de un delito.
Primer veredicto: la idea es impartir justicia rápido y, con ello, simplificar el proceso judicial y reducir el costo que representa tener a gente en prisión, por robarse un kilo de jitomates. “Tener un sistema transparente y expedito implica un ahorro para el Estado”, dice Alejandro Martí. “Pero sobre todo es una ganancia para la ciudadanía y para consolidar la democracia en México”.
Por ejemplo, el costo de la etapa de averiguación en el anterior sistema costaba en promedio 15,000 pesos y con las nuevas reglas se redujo a 1,500, según datos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con esta investigación periodística, varios son los empresarios que impulsan la aplicación de este nuevo sistema; la mayor parte de ellos proviene del retail, ya que en éste opera una amplia red de farderos (personas que roban mercancía de las tiendas).
Christopher Cháries, director de retail en México de Tyco Integrated Fire & Security, manifestó en reportes de prensa que las cadenas comerciales pierden entre 1.7 y 3% de sus ventas por el robo de juguetes, electrónicos y electrodomésticos, lo cual representa 12,000 mdp anuales.
Al respecto, el abogado Ernesto Canales sostiene que el sector empresarial y de negocios no sólo debe pensar en los beneficios de este sistema, sino en cómo ayudar a construirlo. Hay algo de la realidad que le duele: que seis de cada 10 presos están en la cárcel por delitos menores. Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal se abre la puerta para medidas alternativas a la prisión y es fundamental, dice, que los empresarios las conozcan e impulsen.
Por ejemplo, el año pasado la Clínica de Interés Público del CIDE documentó el caso de una mujer que robó de una tienda de conveniencia una mermelada, un envase de café y una crema de avellana. La empresa la demandó penalmente por el monto de lo robado: 64 pesos. Para que la mujer (empleada doméstica y madre de cinco hijos, único sostén de su familia) pudiera seguir el proceso en libertad, se le fijó una multa de 9,000 pesos, monto desproporcionado en comparación con el daño.
Otro caso se documentó en julio de 2015, cuando otra mujer robó una charola de carne y una mantequilla con valor de 59 pesos. Fue remitida al Ministerio Público, estuvo dos días retenida y se inició el proceso para llevarla a juicio. Un juez determinó que por tratarse de un “delito de hambre”, tras la reparación del daño —pagar el costo de lo robado—, pudo quedar en libertad sin necesidad de un juicio.
En el Nuevo Sistema de Justicia Penal se contempla la “Justicia Alternativa”: lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño sin necesidad de un juicio o un largo proceso penal. Se tiene que cumplir con ciertos requisitos para que aplique este tipo de solución, como que se trate de personas que delinquen por primera vez y sean delitos menores, es decir, no aplica para delitos contra la seguridad pública, violación, homicidio o extorsión.
“Para que el sistema funcione es indispensable que los empresarios entiendan que los delitos menores deben ser reparados y tratados de una manera diferente. Muchas de las denuncias de los delitos menores vienen de negocios y empresas. ¿Qué ganamos con este tipo de medidas alternativas? Que nuestro sistema no se distraiga y se concentre en resolver los procesos por delito de alto impacto, eso es lo que nos va a traer certidumbre y permitirá que la justicia en México sea una realidad”, explica Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro.
Ahorro, tras bambalinas
Desde el gobierno federal, María de los Ángeles Fromow complementa: “El proceso debe ser transparente, con la certeza de que existe un juez que está vigilando la legalidad del procedimiento, una plena coordinación entre el MP y el policía, y que todo esté en la esfera de estándares internacionales de la defensa de los derechos humanos de todas las partes. Se debe garantizar la reparación del daño, cumplir con las condiciones que un juez imponga y que no haya oposición de la víctima”.
Pero Fromow habla de otro beneficio: reducir el gasto en la manutención de las prisiones. Hoy, una persona en reclusión cuesta al Estado 200 pesos diarios, mientras que alguien que sigue su proceso en libertad implica un gasto de entre 80 y 120 pesos.
Segundo veredicto: lo que también se gana es despresurizar las cárceles del país, que según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, actualmente tienen una sobrepoblación de 26.6%, con una población total que asciende a 257,291 personas. Por otro lado, datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados indican que 25% de esos presos lo están por un delito de robo menor a 1,000 pesos.
“La mayoría de los presos lo está porque se robó un taco, un gansito, una cerveza en la tiendita, un impunidad. “En todos los sentidos, un empresario sale beneficiado pero para eso debe involucrarse, entender el sistema e impulsar y acatar su aplicación”, dice Ernesto Canales.
Los pendientes
A menos de un año de la fecha límite para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (18 de junio de 2016), en seis entidades federativas ya opera totalmente, en 25 de manera parcial y en uno más arrancará actividades en 2016.
Pero más allá de ese avance, Ernesto Canales enciende la alerta por 40% de presos que quedarán libres en los próximos cinco años. “¿Vamos a soltar a casi 60,000 personas no preparadas para vivir en sociedad, con mejores entrenamientos y contactos para delinquir? ¿O aprovechamos para proveerles un oficio, un entrenamiento que les permita tener una vida en sociedad después de la cárcel y ofrecerles oportunidades de una mejor vida?”.
En ese sentido, sugiere que los empresarios se involucren en la creación de políticas públicas que garanticen que los presos tengan mejores herramientas para enfrentar la vida en libertad y, desde su papel de grupo de influencia, exijan efectividad en programas de inserción social.
Roberto Hernández, por su parte, ubica el principal reto del Nuevo Sistema en las policías y en la necesidad de invertir para que los cuerpos policiales estén a la altura en la impartición de justicia. “Hasta ahora, toda la inversión tecnológica y monetaria está en los jueces y la inversión legal también, pero en la base de la pirámide —la policía— no hay inversión, ni en cuanto a leyes ni en cuanto infraestructura ni en cuanto a salarios. Si no cambiamos el sistema de justicia desde el arresto hasta la consignación, vamos a seguir padeciendo un sistema ineficiente”, señala.
Por su parte, Alejandro Martí mira uno de los principales retos en la resistencia del mismo sistema judicial para cambiar de paradigma y en la de los empresarios para impulsarlo.
Así, es enfático al decir que el reto no está en que el ciudadano común acepte el sistema. “¿Sabes cuándo cambia la percepción de la gente y acepta el sistema? Cuando la gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo con la justicia. Pareciera que es al revés, pero hoy todos estamos muy concientes de qué pasa con la justicia de nuestro país gracias a los niveles de impunidad y de corrupción. Cuando estos problemas no están, se vive en un Estado de Derecho y la justicia no es algo en lo que piensa la gente, no se siente. Eso es lo que se pretende con este nuevo sistema de justicia y para allá vamos y, por nuestro bien, debemos lograrlo”. 
