La Oficina de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que a 11 trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad del país (CICIG), les será retirada la inmunidad diplomática, durante el pasado martes 18 de diciembre. Los funcionarios de la CICIG han acusado al presidente en turno Jimmy Morales, a su hijo y a su hermano desde agosto de 2017, por recibir financiamiento electoral ilegal para lograr la presidencia en 2015. Otros servidores de la comisión afectados fueron los abogados Cesar Rincón y Luis Fernando Orozco, quienes señalaron a Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala por actos de corrupción en 2015 por una millonaria defraudación aduanera. La Cancillería de Guatemala determinó que la protección de los 11 trabajadores quedaba sin efecto y solicitó la devolución de los carnés de identificación que les fueron otorgados como expertos de la comisión, así como a sus familiares, “Desde la fecha de la revocatoria y denegatoria de sus visas dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades que les da sus cargos” manifestó la Cancillería. Marta Larra, vocera de la cancillería guatemalteca indicó en un mensaje de texto a The Associated Press que los funcionarios de la CICIG, al no contar con licencia en sus documentos, se deben sujetarse a las leyes y normas del país. Matías Ponce, portavoz de CICIG, dijo a través de un comunicado que “la medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), sea en las investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios”. “Las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de CICIG derivan del Convenio de creación de la Comisión, no de la acreditación ni de las visas de cortesía. Según el acuerdo de creación de CICIG, es solamente el Comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales”, afirmó Ponce. Desde 2007, la CICIG ha disuelto más de 60 organizaciones del crimen organizado y enviado a prisión a más de 600 personas acusadas de crímenes. Te puede interesar: BCIE apuesta por Unión Aduanera centroamericana

 

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