Entre septiembre de 2017 y mayo de este año, los ocho meses que ha durado el proceso electoral que se definirá el 1 de julio, se han registrado más de 305 agresiones en contra de políticos, 72% de ellas a integrantes de partidos de oposición en el ámbito estatal.

Las agresiones incluyen asesinatos, atentados contra familiares, secuestros, intimidaciones y amenazas, agresiones físicas, heridas por arma de fuego y asaltos con violencia, según el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018.

Los datos reflejan la baja calidad e inequidad de la competencia democrática de manera particular en entidades del centro y sur del país, en donde candidatos y brigadistas de diversos partidos son el principal blanco de los ataques durante actividades de campaña por parte de integrantes de partidos políticos gobernantes, de acuerdo con el estudio.

“Tienes en el ámbito local está intensión de hacer a un lado a los oponentes políticos a través de medidas violentas, amenazas, actos de acoso, intimidación y en el peor de los casos el asesinato. Es una situación que nos llama mucho la atención porque esto quiere decir que hay una motivación política detrás de todas estas agresiones”, detalló Rubén Salazar, director ejecutivo de Etellekt, consultoría política que elaboró el estudio.

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En el periodo que comprendió el ocho de abril al 8 de mayo de este año se registraron 102 agresiones en contra de los políticos y sus familiares, que representó un incremento previo de 67% en el número de agresiones con respecto al mes previo.

Los partidos cuyos integrantes han recibido más ataques con el PRI con 83 agresiones registradas, Morena con 59 y el PAN con 41.

La violencia responde, en muchos casos, a la intención de perpetuar el control político, el de las instituciones e incluso de los negocios de los estados o municipios en donde se registra mayor número de actos violentos, afirmó Salazar en entrevista con Forbes México.

En muchos cosos las agresiones son ejecutadas por integrantes del crimen organizado y para muestra los resultados de este informe que indican que 65% de los asesinatos fueron cometidos por comandos armados y 16% de las personas ultimadas fueron torturadas previamente.

El estado con el mayor número de agresiones a políticos de partidos opositores es Puebla, actualmente con un gobierno panista, con 30 agresiones a opositores y ocho a políticos oficialistas; seguido de Guerrero, con una administración priista, con 35 agresiones a políticos registradas, 25 de ellas a opositores y 10 a oficialistas.

El informe elaborado por la consultoría Etellekt, detalla también que Veracruz es otro de los estados con un alto índice de agresiones, 23 a opositores nueve a oficialistas; en Oaxaca se registraron 20 ataques a opositores 11 a oficialistas; y en el Estado de México se tiene registro de 11 asaltos a integrantes de los partidos en el poder y 18 a integrantes de partidos de oposición.

El informe destaca el caso de la Ciudad de México, entidad con un gobierno perredista, en donde se han registrado 14 agresiones, todas a opositores, 12 de estos ataques cometidos en contra de integrantes de Morena y dos a integrantes del PRI.

Los asesinatos conforman el 30% de las agresiones cometidas en contra de los políticos en este proceso electoral, es decir 93 políticos asesinados; seguido de las intimidaciones y amenazas con 28%, las agresiones contra familiares que representan 13% de los ataques.

Para Santiago Roel, director y cofundador de Semáforo Delictivo, la violencia en época electoral está ligada al crimen organizado y se debe a que el orden político establecido se ve trastocado con los cambios.

“La mafia que vende drogas quiere tener el control del territorio y tener el control del territorio es tener al alcalde, a gobernadores si pueden dentro del tema y al resto de las autoridades y a los opositores los matan o los corrompen y no es culpa de los candidatos, hemos creado un mostró en el mercado de drogas y le seguimos dando recursos para que nos haga la guerra”, afirmó en entrevista con Forbes México.

En ese sentido consideró que ni las autoridades federales ni los candidatos presidenciales han planteado una política acertada para enfrentar los estragos del crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico, que únicamente puede estar enfocada en una regulación del consumo d marihuana.

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