En México, la democracia más cara del mundo, el financiamiento ilícito se ha convertido en un sistema cada vez más insostenible para cualquier partido político. Y en el marco de las elecciones más grandes de la historia del país, los partidos políticos y los candidatos utilizarán hasta 1,400% más de los recursos reportados ante el INE, advierte Mexicanos Contra la Corrupción y al Impunidad (MCCI).

”Por cada peso que los partidos políticos reportan como gasto ante el INE (Instituto Nacional Electoral), hay al menos 15 pesos “sucios” que jamás llegan a fiscalizarse y cuyo origen es completamente desconocido”, detalló María Amparo Casar, presidenta de MCCI durante la presentación del reporte Dinero Bajo la Mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas.

Así, por ejemplo, de esta forma los aspirantes a una gubernatura gastan hasta 10 veces más que el tope legal. Es decir, en lugar de ejercer 46.8 millones de pesos fijados por la autoridad electoral, llegan a utilizar hasta 470 millones de pesos.

Bajo esta lógica, si se considera que para las elecciones en curso las autoridades electorales aprobaron 11,844 mdp a partidos y candidatos -6,331 mdp del INE y 5,513 mdp de los organismos locales-, la cantidad de dinero ilícito en la actual carrera electoral sería superior a los 177,000 mdp. Cabe precisar que la estimación se da tomando como base el promedio que estimó MCCI del “dinero sucio” que se estarían empleando en estas campañas.

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Foto: Sofía Ugalde / Forbes México.

 

¿En qué se gasta? 

El principal rubro en el que se invierte el dinero ilegal es el clientelismo, seguido por el pago de cobertura informativa y el pago a consultores.

En tanto el principal gasto de financiamiento ilícito está en las estructuras clientelares—es decir las personas que trabajan durante meses operando una estrategia de puerta en puerta, así como en las casillas el día de la elección— y no en la compra directa del voto.

Bajo una estimación “conservadora”, MCCI calcula que las estructuras de clientelismo superan por lo menos cuatro veces más el tope legal establecido para las campañas. En promedio las dos estructuras más caras cuestan casi 200 mdp.

“Son estructuras que se van heredando y atraviesan todas las etiquetas partidarias. No hay una afiliación ideológica” asegura Ugalde en entrevista con Forbes México.

 

Las sanciones: un gasto operativo

En promedio las multas que pagan los partidos políticos equivalen a solo el 3.6% del dinero público que reciben.

El propio sistema hace que sea rentable violar la ley y para los partidos políticos las multas representan un costo más de operación que están dispuestos a pagar, afirma Casas en entrevista con Forbes México.

En opinión de Ugalde, más allá de estas ”prohibiciones ineficaces” que ya abundan en el sistema electoral mexicano, la solución está en la legislación del voto útil.

“No es lo mismo comprar una elección cuando solo vota un 47% de la población a cuando lo hace el 80% o 90%, el rédito se vuelve mucho menor” detalla Ugalde.

El estudio Dinero Bajo la Mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas incluyó entrevistas a más de 60 actores vinculados a campañas, entre ellos gobernadores, candidatos, operadores públicos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, y funcionarios públicos.

 

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