Por José Galindo*

El capitalismo de amigos hace referencia a las economías en la cuales los negocios más rentables dependen de los vínculos entre empresarios y funcionarios de gobierno. El término se acuña a finales de la década de 1990 debido al interés, sobre todo de académicos, analistas y periodistas de diversas partes del mundo, por entender el colapso económico asiático. La existencia del capitalismo de amigos en el Este Asiático es considerada como una de las principales causas del deterioro de las economías de esa región después de 1997.

En primera instancia, el término se utilizó para destacar las virtudes del capitalismo de Estados Unidos y criticar el modelo económico de otros países por permitir un vínculo cercano entre el gobierno y los grandes negocios, en detrimento del fortalecimiento de los aparatos legales y de las instituciones formales de los países. Pero, aunque en distintos grados, el capitalismo de amigos existe en la mayor parte de las naciones. Escándalos salidos a la luz pública en los últimos años son suficientes para mostrar que en Estados Unidos las relaciones cercanas entre altos funcionarios y empresarios han jugado también un papel importante en la formulación de políticas y enriquecimiento de miembros de ambos grupos.

Por ejemplo, Nomi Prins, en All the Presidents’ Bankers (2014), subraya los vínculos entre los presidentes de Estados Unidos y los poderosos banqueros de ese país, como JP Morgan, Chase, National City Bank; y comprueba que, a través de la Gran Depresión de 1929, las Guerras Mundiales, el establecimiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la Guerra Fría, y la expansión financiera y militar de Estados Unidos, Wall Street y la Casa Blanca han colaborado para darle forma a la política nacional. Prins también menciona que las alianzas político-financieras continúan definiendo las directrices de la economía en aquel país.

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Desde un punto de vista teórico, el capitalismo de amigos es un fenómeno que tiene injerencia e implicaciones, tanto para la esfera política, como para la económica, así como un costo para la sociedad. En el aspecto puramente económico, bajo un sistema de capitalismo de amigos, los empresarios favorecidos pueden operar sus negocios bajo estructuras cercanas a los monopolios, provocando consecuencias negativas para la economía: se produce menos que lo que se produce en condiciones de competencia y la producción se vende a precios más altos que en un mercado competitivo. Esto crea una pérdida para la sociedad, que es quien, como consumidora, hace una transferencia de recursos a los actores privilegiados. Lo anterior, entre otras cosas, tiene un impacto en la distribución del ingreso. Incluso, aunque no se produjese menos en ciertos mercados, la existencia de sectores protegidos de la competencia permite a los empresarios privilegiados determinar la calidad de los productos que ofrecen y manipular los precios por encima de aquellos que existirían en un mercado más competitivo, lo que se ve reflejado en utilidades más cercanas a aquellas que los monopolios permiten obtener. Asimismo, las empresas privilegiadas pueden también bajar sus precios y desplazar a los competidores del mercado ante las condiciones favorables que obtienen por ser cercanas al régimen político.

Por otro lado, la sociedad también pierde en lo tocante a la oferta, no sólo como consumidora. Es decir, la sociedad es limitada como productora en los sectores de la economía en donde operan los empresarios privilegiados. En ese sentido, podemos decir que los sistemas de capitalismo de amigos distorsionan los incentivos económicos. Es decir, bajo el capitalismo de amigos surgen industrias que no existirían de otra manera y las oportunidades se les niegan a empresarios que tienen las habilidades y los activos, pero no el acceso político o la protección requerida.

Por otra parte, hay dos diferencias fundamentales entre el capitalismo y el capitalismo de amigos: una relacionada con el Estado de derecho y la otra con los derechos de propiedad. Sobre el primer aspecto, en los sistemas de capitalismo de amigos la aplicación de la ley se convierte en arbitraria e impredecible, y depende de las relaciones informales y otros factores distintos de las reglas universales. En resumen, la ley no se aplica por igual a todos los actores sociales y económicos. Es decir, no hay ley calculable. En segundo lugar, en estos sistemas, los derechos de propiedad son débiles y transitorios; es un sistema que asegura los derechos de propiedad del grupo específico de actores económicos seleccionados. Los casos actuales en México son múltiples y se presentan en todos los niveles de gobierno y en diversos sectores económicos. De hecho, así está estructurado históricamente el sistema político-económico desde el Porfiriato, lo que es semejante al origen del capitalismo en la mayoría de los países. En el origen del capitalismo, los vínculos cercanos entre políticos y empresarios fueron necesarios para solucionar ciertos problemas relacionados con la debilidad institucional existente, por ejemplo, en el cumplimiento de los contratos legales y en las carencias de capital financiero para la inversión. Sin embargo, al paso de los años, muchos países, sobre todo aquellos clasificados como desarrollados, han construido y fortalecido una serie de instituciones y leyes, lo que, además de dar mayor certidumbre a los contratos y solidificar los sistemas financieros, ha fortalecido el control de los monopolios. Esto ha modificado sustancialmente el tipo de monopolios que se desarrollan en los diferentes tipos de países hoy en día.

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Foto: Kemter/Getty images

En este sentido, en los países considerados como “en desarrollo”, más del 60% de su producto anual está vinculado a sectores que fomentan la “búsqueda de rentas”, más que la innovación de productos, lo que implica que la mayoría de la riqueza creada en estas naciones se debe a las redes de empresarios y políticos. Lo anterior difiere en grado con los países desarrollados. Así, no es comparable la manera en que millonarios como Bill Gates, Steve Jobs o Mark Zuckerberg crearon su riqueza en Estados Unidos, a cómo lo hicieron Carlos Slim, Germán Larrea o Alberto Baillères en México, a pesar de los ya mencionados casos de capitalismo de amigos que han salido a la luz en Estados Unidos recientemente. Gates, Jobs y Zuckerberg tuvieron que construir su riqueza y sus empresas sujetos a instituciones formales más sólidas, incluyendo instituciones antimonopólicas que operan más eficientemente en la práctica, y sin contar, además, con el peso tan notorio de una red de políticos que les haya abierto el camino de manera tan directa. No obstante que en Estados Unidos el porcentaje de concentración total de riqueza de sus millonarios es alta con respecto al PIB (lo que nos habla de un problema importante de distribución del ingreso), esta riqueza ha sido generada más en sectores abiertos, no específicamente en aquellos que se prestan para el capitalismo de amigos. Es decir, los genios de Silicon Valley, involucrados en el desarrollo e innovación de productos de alta tecnología, son más ricos que los millonarios de la energía en ese país, sector más asociado con los buscadores de rentas.

Dos sectores que en México tendrían que estar siendo fuertemente supervisados para evitar que este proceso de búsqueda de rentas se replique son: el energético, incluida la extracción de recursos naturales del subsuelo mediante procesos que además afectan al medioambiente, como el “fracking”; y la obtención y distribución de agua potable, que se pretende privatizar. Es evidente que los empresarios y políticos buscadores de rentas en México están muy alertas y, algunos, involucrados en el desarrollo de las leyes y regulaciones que para estos sectores se lleva a cabo, así como de los procesos que se irán dando por etapas para hacerse de estos activos.

En México, el capitalismo de amigos ha fomentado que, lo que en un principio, durante el Porfiriato, fue un mecanismo que permitió superar o lidiar con las debilidades institucionales, se haya convertido, a lo largo de los años posteriores y hasta la actualidad, en un factor que mantiene débiles y/o debilita las pocas instituciones de peso del país. Las contadas instituciones robustas con las que cuenta México, muchas veces son afectadas mediante, por ejemplo, decisiones al interior del Congreso, en función de beneficiar o no alterar los intereses específicos de algunos poderosos. Esto se ejemplifica en el tránsito del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral, lo que borra avances importantes sobre aspectos específicos, en este caso, en materia electoral; o en la elección de los titulares de las diversas dependencias, como el evidente caso de Francisco Javier Acuña Llamas (personaje cercano al grupo del político Manlio Fabio Beltrones), quien, en 2017, fue designado presidente del INAI. De la misma forma, la creación de nuevas instituciones se hace, generalmente, protegiendo los intereses de los grupos de poder económico y político, como es el caso del sistema nacional y sistemas locales anticorrupción, que no muestran avances sustanciales en su implementación o los que muestran son sesgados y no objetivos en relación con sus funciones primordiales de controlar y erradicar la corrupción. Lo mismo pasa con la más reciente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que originalmente se planteó con elementos limitantes hacia el derecho a la información del uso de recursos públicos de los mexicanos y hacia temas de derechos humanos.

De la misma manera, los privilegios que algunos grupos tienen, tanto en el acceso a oportunidades de hacer negocios, como en la construcción y aplicación a modo de diversas leyes, incluidas las de adquisiciones de bienes y servicios y obra de las instituciones públicas nacionales y locales, fortalece el tema de la impunidad en México. Además, este sistema de privilegios tiene claras repercusiones en la igualdad de oportunidades, no sólo para la sociedad mexicana en general, sino para otros empresarios, sobre todo pequeños y medianos, que no tienen los contactos pertinentes para desarrollar sus iniciativas, en un país donde son principalmente las redes y no la aplicación objetiva de la ley lo que permite llevar a cabo actividades productivas autónomas y, por tanto, generar empleos. Así, la movilidad social se ve afectada por la falta de oportunidades para generar y obtener empleos. Esto también va de la mano con las violaciones flagrantes a los derechos sociales de los mexicanos, quienes son afectados como resultado de la alteración en la asignación de recursos escasos públicos hacia espacios que benefician a los elementos privilegiados del sistema. Es por ello que vemos que los programas y apoyos sociales son los primeros en incumplir con sus metas y objetivos ante el sesgo en el ejercicio de sus recursos públicos asignados y corrupción en el manejo de los mismos.

Por otra parte, a nivel de los empleados de gobierno, que es otra cara del problema, quienes no participan o quieren participar en el sistema descrito producido por el capitalismo de amigos (por ejemplo, aquellos que son percibidos como un obstáculo para implementar “el teatro” que representan la mayoría de los procesos de adquisiciones en las instituciones públicas de todo el país) son vetados o asignados a posiciones en donde no puedan entorpecer o fiscalizar las acciones de sus iguales o superiores, lo que también afecta sus posibilidades de ascenso dentro de la estructura de la administración pública. Es decir, es condición necesaria, al menos, “hacerse de la vista gorda” sobre las irregularidades que ocurren para tener posibilidades de ascender.

En el futuro inmediato, el capitalismo de amigos en México continuará manteniendo la debilidad institucional y las problemáticas derivadas de un régimen de excepciones y privilegios, como aumento en la brecha de la desigualdad, falta de movilidad social, violaciones a los derechos sociales, bloqueos a nuevos empresarios o limitación de éstos por medio de cargas fiscales excesivas. De no tomarse medidas adecuadas y contundentes en los procesos de asignación de contratos de servicios y privatizaciones del sector energético y, posiblemente, del agua potable, se seguirá beneficiando al mismo grupo “selecto” de empresarios rentistas mexicanos multimillonarios cercanos al régimen político, lo que está directamente relacionado con otra manera de definir al capitalismo de amigos: corrupción colusiva en la esfera política.

Una manera pertinente de comenzar a controlar esta corrupción colusiva (y la corrupción en general) debe empezar por un adecuado monitoreo de los procesos de decisión pública, desde el origen de cada proceso, hasta su implementación final, incluyendo el monitoreo del archivamiento de toda la información y documentación que se genere durante todo el proceso. Esto incluye procesos de adquisiciones, de creación de instituciones, de elaboración de leyes, y de cualquier proceso que haga uso de recursos públicos, entre otros. Este monitoreo se debe llevar a cabo por medio de un sistema centralizado de indicadores cualitativos y cuantitativos comparables entre los estados y municipios, operado desde fuera de la estructura gubernamental. Este monitoreo que, a su vez, permitiría la elaboración de estudios de corrupción, de alcance municipal, estatal, regional y nacional, y de recomendaciones para las dependencias gubernamentales que incumplan, puede crear los escenarios que garanticen que se reduzca la posibilidad de opacidad, discrecionalidad y abuso de la autoridad cada vez que un funcionario público ocupe una posición en el gobierno. Al reducirse esas posibilidades, disminuirán, a su vez, los espacios propicios para la corrupción a nivel sistema, de tal forma que corromperse sea más difícil. Por otro lado, la alternancia de autoridades en los procesos electorales entre aquellas no vinculadas con las anteriores o con los grupos de amigos de los anteriores también jugará un papel clave en el control del capitalismo de amigos en México en el futuro.

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*Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

 

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