Durante el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron contratos a 6 empresas para la construcción de nuevos centros penitenciarios; sin embargo, dos empresas han vendido o tratan de vender su participación y hay penales que no han terminado de construirse por problemas con el crimen organizado y conflictos laborales. Éste es el negocio de 32,000 mdp que se fugó de los portafolios de las constructoras.

 

La fuga del criminal Joaquín Chapo Guzmán del penal del Altiplano, además de ser un duro golpe al gobierno de Enrique Peña Nieto y a su estrategia de seguridad, puso de relieve los problemas estructurales que padece el sistema penitenciario mexicano.

Durante la administración de Felipe Calderón se otorgaron contratos a seis empresas (ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco) para construir y dar servicio a ocho prisiones, que juntas significaron una inversión de más de 32,000 millones de pesos (mdp). El objetivo, según la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), era liberar de costos administrativos y monetarios al Estado para disponer de infraestructura carcelaria.

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Pero los resultados han sido muy diferentes. De los ocho contratos otorgados, dos empresas han vendido o tratan de vender su participación y dos siguen sin terminar de construirse por problemas con el crimen organizado y conflictos laborales.

Actualmente, las prisiones en México son espacios donde la corrupción, extorsión, abuso, arbitrariedad y desatención son la regla general. Pero el problema no es la falta de cárceles, sino el uso y abuso que se les da. El 42% de las personas privadas de la libertad no cuenta con sentencia condenatoria, indica Leslie Solís, investigadora de México Evalúa.

La privatización de las cárceles tampoco sería una solución, ya que se generaría un incentivo perverso de ganancias asociadas al número de presos, lo que no ayudaría con el problema de sobrepoblación, alerta la especialista.

 

Ahorrar costos

En noviembre de 2010, el gobierno federal adjudicó contratos de prestación de servicios a seis empresas para construir y operar ocho centros penitenciarios en distintos puntos del país, que tendrían una capacidad instalada para 20,000 reclusos.

Estos contratos tenían una inversión inicial de 32,000 millones de pesos (mdp), 4,000 millones por cada centro penitenciario.

Dentro de las ventajas que anunciaba la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Genaro García Luna, destacaba que a través de los contratos, el gobierno se liberaba de carga administrativa, costos de operación, y podía contar con infraestructura penitenciaria en menor tiempo y, sobre todo, acabar con la sobrepoblación en los centros federales.

 

Los contratos fueron otorgados de la siguiente manera:

Cefereso No. 11 Hermosillo, Sonora: ICA

Cefereso No. 12 Ocampo, Guanajuato: ICA

Cefereso No. 14 Gómez Palacio, Durango: Prodemex

Cefereso No. 13 Miahuatlán, Oaxaca: GIA

Cefereso No. 15 Comatitlán, Chiapas: Arendal

Cárcel Distrital Jojutla, Morelos: Homex

Cefereso Ramos Arizpe, Coahuila: Tradeco

Cefereso Buenavista Tomatlán, Michoacán: Prodemex

Los contratos son a 22 años, la construcción y equipamiento se realizaría en dos años, y los 20 restantes estaban considerados para la operación y prestación de servicios.

Los servicios incluidos en el contrato son: limpieza integral y manejo de residuos; fumigación, control de plagas y fauna nociva; jardinería y mantenimiento de espacios exteriores, conservación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipo propio del inmueble; administración de servicios públicos, conservación y ahorro de energía; servicio de almacenes; servicio de alimentos; lavandería y ropería; laboratorio y equipamiento y renovación de servicios tecnológicos.

La seguridad y custodios no están incluidos en el contrato, pues siguen siendo responsabilidad del Estado.

 

Ventas y cárceles sin concluir

Casi cinco años después de adjudicar los contratos, los resultados han sido muy distintos para las empresas involucradas: dos han vendido o buscan vender sus participaciones, dos no han podido concluir la construcción de los centros penitenciarios y algunos ya presentan sobrepoblación.

Homex, que a principios de julio salió de concurso mercantil, vendió en abril de 2013 su participación accionaria en la operación de las cárceles de Morelos y Chiapas a la constructora IDEAL, de Carlos Slim, por 4,000 millones de pesos (mdp), de los cuales usó la mitad para pagar deuda.

A principios de 2014, ICA anunció un acuerdo para vender 70% de su participación en las prisiones de Sonora y Guanajuato a la estadounidense CGL/Hunt, por 116 millones de dólares (mdd). Pero en diciembre pasado el gobierno negó la autorización para la compra. La constructora dijo en un comunicado que seguiría buscando opciones para levantar capital para dichos contratos.

En abril pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que que el Cefereso No. 11 de Hermosillo, Sonora, presentaba sobrepoblación, hacinamiento en celdas, racionamiento de agua y alimentos de mala calidad o descompuestos.

Prodemex ha encontrado problemas para concluir la construcción del Cefereso en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Prensa local reportó que trabajadores de la obra han sufrido extorsiones del grupo criminal Los Caballeros Templarios.

Tradeco tampoco ha podido entregar el Cefereso de Ramos Arizpe, Coahuila, pese que debía entrar en operaciones en octubre de 2012. La construcción ha enfrentado retrasos por huelgas de los trabajadores, que acusan condiciones precarias y sueldos incompletos.

 

¿Más cárceles, la solución?

Con estos antecedentes, el gobierno de Enrique Peña Nieto prevé aumentar la infraestructura del sistema penitenciario. En el Plan Nacional de Seguridad 2014-2018, la Segob plantea “mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria y para menores de edad, con base en la normatividad vigente”, aunque no especifica cuántos centros penitenciarios se construirían.

También planea “regular los modelos de prestación de servicios que las empresas privadas brindan para la construcción y operación de centros penitenciarios”, pero no profundiza en detalles.

A febrero de 2013, la población penitenciaria en todo el país ascendía a 257,291 personas, 12% más que hace cuatro años, de acuerdo con registros de la Secretaría de Gobernación (Segob).

México tiene una población encarcelada de 210 personas por cada 100,000 habitantes, mayor que en otros países de Latinoamérica como Perú (202), Venezuela (161), Argentina (147), Ecuador (145) y Bolivia (140), de acuerdo con el conteo del Centro Internacional de Estudios sobre Prisiones (ICPS, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos y Rusia tienen la mayor población de presos por cada 100,000 habitantes, de 716 y 475, respectivamente.

Actualmente hay una sobrepoblación de 54,063 personas en 210 centros penitenciarios. ¿Más cárceles son la solución para aliviar la sobrepoblación? Leslie Solís, investigadora del centro de estudios México Evalúa, señala un problema de uso y abuso de las prisiones.

“Se abusa del recurso de prisión preventiva: 42.5% de quienes están privados de la libertad es población procesada, es decir, aún no tiene sentencia. Sólo en el Altiplano, 80% está esperando sentencia todavía”, dice la investigadora y coautora del estudio La cárcel en México: ¿para qué?

México Evalúa señala que las consecuencias por el sobreuso de las cárceles en México son la sobrepoblación y hacinamiento, el deterioro de los servicios, ingobernabilidad de los penales y vulneración de los derechos humanos.

La privatización de los centros penitenciarios tampoco sería la solución para varios de los problemas que les aquejan, pues existen los riesgos de incentivos propuestos, explica Leslie Solís.

“Si hay una ganancia asociada al número de internos que hay se podría prestar a que haya más personas presas sin la necesidad de que lo estén. El 60% de los que están en la cárcel es por delitos que no son graves ni violentos o cuya sanción es de 3 años o menos.”

Hasta ahora, la privatización de los servicios en cárceles no ha sido el negocio que las empresas esperaban ni ha ayudado a mejorar las condiciones de los presos ni a mitigar la sobrepoblación. Más allá de la infraestructura, el país no tendrá un mejor sistema penitenciario si los derechos humanos no son prioridad, subraya Leslie Solís.

“Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU es promover sociedades pacíficas a través del acceso a la justicia y de instituciones eficaces. Pero es imposible aspirar a este objetivo si no contamos con cárceles dignas.”

 

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