El gobierno de la Ciudad de México tiene ojos en el cielo. Los ha usado para monitorear protestas sociales y eventos masivos, para buscar personas extraviadas, para hacer mapeo cartográfico, planificar obras de movilidad, evaluar daños ocasionados por lluvias, realizar inspección ambiental remota e incluso para documentar una campaña electoral, pese a que ese no fue el objetivo de su compra.

Se trata de una flota de 30 drones con valor de 29 millones 981 mil 883.43 pesos, según pudo conocer Forbes México con base en datos públicos y solicitudes de información. Aun con el beneficio que representa el uso de estos equipos, los ojos flotantes del gobierno han tenido claroscuros: compras con sobreprecio, falta de vuelo por no tener personal capacitado, carencia de bitácoras de vuelo, uso personal.  

Secretaría del Medio Ambiente4
Secretaría de Seguridad Ciudadana 3
Policía Auxiliar3
Fiscalía General de Justicia2
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil2
Heroico Cuerpo de Bomberos2
Alcaldía Miguel Hidalgo6
Alcaldía Xochimilco3
Gustavo A. Madero2
Tláhuac2
Cuajimalpa1
Las dependencias que cuentan con drones son

Veintiocho de las 30 unidades son de la marca china DJI, la firma que desplazó del mercado a las estadounidenses GoPro y 3D Robotics y que en diciembre fue incluida en la lista negra comercial por el gobierno de Estados Unidos derivado de la guerra de drones que sostiene el país norteamericano contra el gigante asiático. Los otros dos equipos, que pertenecen a la Secretaría del Medio Ambiente, son marca senseFly.

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Compra a sobreprecio en la Policía

El 15 de noviembre de 2018, a unos días de que iniciara el gobierno de Claudia Sheinbaum, la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pagó 20 millones de pesos por tres drones marca DJI, modelo Matrice 200, a Grupo Leobe S.A. de C.V., una empresa fundada en 2009 en Ciudad Obregón, Sonora, por Leonel Aguirre De la O y Beatriz Adriana Vázquez Orrantia, dedicada a la venta de uniformes y equipo táctico.

Forbes México consultó a un par de empresas distribuidoras de drones que confirmaron que la compra se hizo con un sobreprecio de por lo menos tres veces arriba del valor real del equipo. La SSP pagó 6.6 millones de pesos por cada dron, cuando, de acuerdo con los expertos consultados, un precio máximo no pasaría de los dos millones de pesos con software, capacitación y otros componentes incluidos.

El objeto social con el que nación Grupo Leobe fue: “fabricación y distribución, comercialización de todas las clases de prenda de vestir y calzado; la compra venta de todas las clases de prendas de vestir y calzado sea nacional y extranjero; la compra venta en el mercado nacional de la materia prima y artículos necesarios e indispensables para el cumplimiento de objeto social”, según su acta constitutiva.

En 2010 modificó su objeto social, que entre otras cosas, incluyó: compra venta, importación, exportación y distribución de toda clase de equipo de seguridad personal, equipo antimontin, equipo balístico, equipo médico, material quirúrgico, sistemas especializados en medicina, equipo de cómputo y electrónico, vehículos, camiones y motocicletas y equipo de radiocomunicación.

En 2016 añadió al objeto social: elaboración de proyectos de ingeniería civil, prestación de servicios profesionales relativos a la administración empresarial, contabilidad, asesoría financiera, inmobiliaria, de la construcción (…), elaboración de estudios económicos, financieros, contables, entre otras. Sin embargo, en ninguna línea se hace referencia a los sistemas aéreos no tripulados.

El contrato fue firmado por el entonces director General de Recursos Materiales de la SSP, Luis Armando Carranza Camarena, y dos encargados de despacho: el de la Dirección General de Análisis de Inteligencia Policial, Reyes Sánchez Mendoza y el de la Jefatura de Unidad Departamental de Compra de Bienes Especializados, Miguel Ángel Navarrete Silva.

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no había respondido una solicitud de transparencia en la que se pide acceso a la bitácora de vuelo de los drones, por lo que hasta ahora no es posible conocer el uso que se le ha dado a los drones.

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Sin capacitación para usarlos

En noviembre de 2017 la Policía Auxiliar (PA) compró tres drones Phantom 4 Pro, marca DJI, a la empresa Coordinación de Servicios en Informática S.A. de C.V. La corporación justificó la compra argumentando que estos equipos complementan su labor en el control de protestas sociales, en las cuales, dijo, se ha incrementado “la presencia de grupos mucho más radicales que han hecho de la agresión física su forma de operar”.

En el papel la PA dice que “los sistemas aéreos no tripulados pudieran ser ocupados para vigilancia aérea con funciones policiales, ser utilizados en situaciones de emergencia, de rescate o de cualquier evento relacionado con la seguridad pública”. Sin embargo, la realidad es otra: los drones, en los que se invirtieron 149 mil 999.97 pesos, “no han sido utilizados puesto que no se cuenta con personal especialista para el uso y manejo de los mismos”.

Arturo Cruz, geógrafo y director general de Terrasat, una empresa que brinda servicios de topografía, fotogrametría y cartografía con sistemas aéreos no tripulados para sectores como agricultura, minería, construcción y medio ambiente, considera que el hecho de que la PA no haya usado sus drones desde 2017 por la falta de personal capacitado habla de la gran trecho que debe recorrer la ciudad y el país para normalizar el uso de esta tecnología.

“Son muy fáciles de usar, me ha pasado en empresas que les he vendido drones que cuando capacito a los empleados me dicen que les da miedo usarlos porque si lo tiran se los vayan a cobrar, como es una tecnología de mucho riesgo, muchas veces la gente no lo quiere usar. No importa que traigas el mejor impulso, la mejor idea, es muy difícil que alguien de una dependencia (de gobierno) se quiera comprometer con esa responsabilidad (de volar drones)”, comenta en entrevista con Forbes México.

Asegura que antes de avanzar a una renovación o ampliación de la flota de drones, que también, el gobierno de la Ciudad de México debería apostar por la capacitación técnicas de su personal para tener operadores de drones certificados. “Con eso el dron se vuelve un consumible, porque los equipos se vuelven obsoletos muy rápido y salen modelos nuevos, lo importante es que el personal tenga el conocimiento sobre este tipo de tecnología”.

En abril de 2019 se difundió que el recorte presupuestal con motivo de la política de austeridad del gobierno federal alcanzó a operadores de drones de la Fiscalía General de la República (FGR). De un equipo de 25 operadores, que se capacitó en Israel para aprender a volar los sistemas aéreos no tripulados de la dependencia, 12 fueron cesados.

Se identificó que la alcaldía Gustavo A. Madero tampoco cuenta con una bitácora de vuelos, aunque no precisamente porque no haya usado los dos equipos aéreos no tripulados que compró en 2019 y 2020, respectivamente. En respuesta a una solicitud de información la demarcación indicó “no usamos bitácoras de vuelos”, pese a que los equipos son usados para captar imágenes que después son usadas para difundir acciones de gobierno.

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Drones para campaña electoral

El 13 de diciembre de 2017 el Heroico Cuerpo de Bomberos compró dos drones DJI, modelo Inspire, con cámara termográfica, que servirían para apoyar en las misiones de emergencia. Sin embargo, el equipo fue usado para documentar la campaña electoral del entonces líder del Sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa, quien en 2018 aspiró a una diputación local por el PRD.

En entrevista con Forbes México el director Operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos, Edgar Rosas, afirma sin dudarlo: la compra del equipo se dio “en una administración corrupta”. Los equipos nunca fueron registrados ante la Dirección General de Aeronáutica Civil. La actual administración los recuperó de manos del Sindicato y los asignó a la Dirección de la Academia para darles el uso correcto.

Fue hasta dos años después de su compra, en 2019, que uno de los drones (el otro lo hallaron descompuesto y así permanece) se empezó a usar para misiones de rescate de personas extraviadas, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así el jefe Rosas y una célula de Bomberos han participado en operativos en la zona boscosa de Parres, y en la Ciénega Chica, al sur de la capital.

También han volado el dron para el monitoreo de las manifestaciones sociales, como la del pasado 8 de marzo. El objetivo, precisa, es detectar desde el aire puntos de riesgo de incendios, de manera que las células de Bomberos que participan de manera preventiva en las marchas puedan actuar de manera más rápida y eficiente.  

El jefe Rosas admite que hasta ahora solamente él y otros dos elementos del Cuerpo de Bomberos tienen la capacitación adecuada para volar drones, por lo que se aspira a que a través de la Dirección de la Academia se pueda capacitar a más personal. Incluso señala que el objetivo es generar un equipo especializado dedicado al vuelo de aeronaves no tripuladas, pues ya lo hacen así en Brasil, Estados Unidos o China.

Pero para eso, precisa, además de la capacitación se requiere comprar equipo nuevo y con las capacidades técnicas para el uso de Bomberos, pues los que se adquirieron tienen funciones limitadas para la atención de emergencias, además de que la falta de baterías hace que el tiempo de vuelo se limite a 10 minutos y no 20, como debería ser.

Hay drones en China, dice, que tienen la capacidad de soportar mangueras y ayudan en la extinción de incendios. Hay equipos en Brasil y Estados Unidos con capacidad de búsqueda de personas atrapadas en estructuras colapsadas, que mapean incendios estructurales, detectan puntos de fuego. Hacia allá debemos ir, pero primero debe ampliarse la capacitación, reafirma.

Mediante solicitudes de información, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que ha empleado sus equipos para la atención de emergencias y la actualización cartográfica, y la alcaldía Tláhuac reportó usos como levantamiento topográficos, vuelos para planificación de obras de movilidad y evaluación de daños causados por lluvias.

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