Es imperativo que Peña Nieto dé un segundo y definitivo paso para asegurar a Agustín Carstens, y quienes lo sigan, que podrán operar todos los ámbitos de la política monetaria sin presiones políticas.

 

Por Sergio Negrete Cárdenas

El presidente Peña tomó una decisión acertadísima al proponer la ratificación de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México para el periodo 2016-22. Nunca se vio al titular del Banxico como parte del círculo mágico originalmente construido en Toluca. Al contrario, Carstens había llegado al mando del banco central gracias a Felipe Calderón, con quien había sido –hasta finales de 2009– el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Difícilmente una carta de presentación desde la perspectiva política. El temor era que, para sustituirlo, desde Los Pinos se enfilara a otra persona más cercana a Peña y Luis Videgaray, el actual titular de Hacienda (sonaba José Antonio Meade, recientemente movido de la SRE a Sedesol).

Si hubo algo peculiar en el anuncio de ratificación fue que no vino de la Presidencia de la República, sino de una declaración verbal del propio Videgaray en el Congreso al entregar el Paquete Económico 2016. Una señal más del enorme poder del titular de Hacienda, y sólida reafirmación de su estatus como el puntero a ser el candidato presidencial del PRI en 2018.

El gobernador de Banco de México no es un secretario de Estado, no puede ser movido o destituido por el presidente; en todo caso, puede no ser ratificado a la mitad del sexenio. Así, pues –se dice–, aunque llegue a la Presidencia un analfabeta económico como Andrés Manuel López Obrador –lo que no puede descartarse dada la impopularidad presente y posiblemente futura del gobierno–, no habrá sacudidas en el ámbito monetario. El Banco de México es autónomo, y para alterar ese estatus legal se requeriría modificar la Constitución, y ningún partido político puede obtener esa mayoría. Aparte, anular la autonomía sería impopular. Nada negativo puede ocurrir con respecto al Banxico.

¿Cierto? No, falso. El Banxico es autónomo, sí, pero el manejo de la política monetaria tiene un importantísimo flanco que sigue bajo el control presidencial, por medio de la SHCP: la política cambiaria. ¿No la decide la Junta de Gobierno del Banxico? No, la dirige un ente llamado Comisión de Cambios, con seis miembros: tres del propio banco central y tres de Hacienda. ¿En caso de empate? Hacienda tiene voto de calidad.

Un López Obrador, o cualquier populista económico radical, puede ordenar a su titular de Hacienda que instruya un cambio en la política cambiaria. Destacadamente, que se fije la paridad peso-dólar (por ejemplo, 15 pesos por dólar). El gobernador Carstens, horrorizado, se rehúsa, argumentando que el tipo de cambio flotante es mucho mejor para que la economía se ajuste a un choque externo (lo que es cierto), y que dicho régimen ha funcionado bien por más de 20 años (cierto). La Comisión de Cambios, con el voto de calidad de la SHCP, da la orden (“directriz”, en el lenguaje de la Ley del Banco de México). Carstens y su Junta de Gobierno se rehúsan. El presidente López Obrador ordena, basado en dicha Ley (Artículo 43, Fracción VII), la destitución del gobernador, y nombra a alguien cuyas ideas coincidan con las suyas.

¿Un extremista económico al frente del Banco de México? No es que sea imposible; es que ya ocurrió. En 1982, otro presidente López (Portillo) ordenó la renuncia del director general del Banxico (Miguel Mancera, quien no era autónomo), y en su lugar nombró a Carlos Tello Macías, cuyas ideas heterodoxas no podían ser más opuestas (basta decir que Tello pensaba que para reducir la inflación era necesario disminuir las tasas de interés). Tello duró en el cargo sólo tres meses (apenas tomó posesión, Miguel de la Madrid nombró de nuevo a Mancera). Sin embargo, el daño que hizo en ese breve periodo fue gigantesco.

Es imperativo que Peña dé un segundo y definitivo paso para asegurar a Agustín Carstens, y quienes lo sigan, que podrán operar todos los ámbitos de la política monetaria sin presiones políticas: modificar el Artículo 21 de la Ley del Banco de México, y dejar el manejo de la política cambiaria en manos de la Junta de Gobierno del propio Banxico. Dada la mayoría que podría forjar en el Congreso con respecto a ese cambio (sólo puede presumirse la oposición de Morena, y quizá del PRD), debe hacerlo lo más pronto posible.


Sergio Negrete Cárdenas es Doctor en Economía. Profesor-Investigador del ITESO. Investigador Asociado del CEEY. Ex funcionario del FMI. Las opiniones de Sergio Negrete son a título personal y no representan necesariamente el criterio o los valores del CEEY.

 

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