Las decisiones del gobierno sobre el arbitraje en contratos de gasoductos, generaron críticas por parte del Consejo Coordinador Empresarial -CCE-, que a través de su Twitter manifestó que “crean incertidumbre para inversiones, generan afectaciones económicas e impactan al T-Mec”.

Asimismo, el posteo añade un comunicado que explica la preocupación por la situación en torno a los procesos de arbitraje iniciados de manera unilateral por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cláusulas de los contratos de servicios de transporte de gas natural con empresas privadas.

Se destacó además que las medidas podrían afectar la puesta en operación del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan, que permitiría llevar el energético a la zona sur-sureste de la República Mexicana.

En la misiva, CCE añadió que este hecho incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en nuestro país e impacta negativamente a la economía.

En tanto fustigó la decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto, sosteniendo que el inicio del arbitraje, impacta a México, Estados Unidos y Canadá, aliados en la inversión conjunta de la infraestructura.

En este sentido, se subrayó que estos hechos afectan la relación comercial entre los tres países e inciden en el proceso de aprobación del T-MEC que transcurre actualmente.

En el ámbito nacional -prosiguió el comunicado-, la construcción del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan responde a la necesidad de llevar el energético a los estados donde más se requiere, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para impulsar su desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades.

Estimó además que el gas natural es fundamental para la generación eléctrica. Especialmente en el contexto actual de la Península de Yucatán, que el contar con este energético permitiría a las centrales de generación de electricidad propiedad de la CFE operar con mayor capacidad y garantizar el suministro para la población. Además, permitiría satisfacer las necesidades futuras de la industria nacional de la petroquímica, el turismo y el sector hotelero, por mencionar algunos.

Resaltó finalmente que obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias correspondientes, ya que generaría profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de los proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar del país y de los mexicanos.

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