Con una puntuación media de 44 unidades sobre 100 durante tres años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el continente americano continúa sin lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción.

No obstante, América presentan características similares a las de Asia Pacífico, que también tiene una puntuación media de 44, sin embargo, se ubica por detrás de la Unión Europea cuya puntuación media es de 65.

Transparencia Internacional señala que las bajas puntuaciones en los países de América Latina se deben a los problemas que enfrentan sus sistemas democráticos y la pérdida de derechos políticos por líderes populistas y autoritarios.

En Centroamérica hay dos casos que muestran las dos caras de la moneda por su parte El Salvador avanzó dos posiciones, mientras que Nicaragua es la nación con mayor corrupción en la región central del continente.

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En El Salvador, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) trabaja para que los ciudadanos puedan ejercer derecho de acceso a la información plenamente. Gracias a este trabajo, ahora la ciudadanía puede acceder a cuentas de correo electrónico institucionales, obtener información sobre procesos de contratación de asesores legislativos.

Con una puntuación de 25, Nicaragua ha perdido cuatro puntos en el IPC en los últimos siete años, esto se debe a la caída en el panorama político. Tras más de una década en el poder, el presidente Daniel Ortega controla la mayoría de las instituciones democráticas de Nicaragua, limitando su eficacia y su independencia.

Ante el contexto que vive el continente, Transparencia Internacional pide a los gobiernos defender los logros históricos de la democracia y las leyes anticorrupción, y en particular a las instituciones encargadas de crear el necesario control y equilibrio del poder estatal.

Asimismo, el organismo considera necesario monitorear de cerca el discurso político que instrumentaliza la lucha contra la corrupción para socavar la democracia y elevar al poder a personas autoritarias o populistas.

A su vez, señala que se debe garantizar la libertad de expresión y los derechos políticos, así como manifestarse con firmeza contra cualquier intento de controlar a los medios de comunicación o a la sociedad civil.

 

 

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