Por: Salvador Guerrero Chiprés*
Los integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de nuestra capital nacional conversamos el viernes con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, para insistir en que la ciudadanía necesita un espacio de diagnóstico y acción que, en beneficio de todos, privilegie un justo medio entre las posiciones características de las cúpulas empresariales y las de algún segmento del gobierno, para el cual el acuerdo programático empresarial pudiera no ser tan relevante.
Salazar Lomelín ha presentado un decálogo de propuestas, luego ampliado hasta 68 sugerencias, con la intervención de diversos actores de la vida pública nacional. En el centro de ellas se encuentran: la sugerencia de utilizar deuda pública para apalancar el relanzamiento económico, el diferimiento del pago de impuestos empresariales diversos, la acotación de que “en ningún momento” el CCE ha querido beneficiar a un segmento empresarial específico “con prebendas” y que también ellos, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideran indispensable una agenda donde lo social estaría presente.
El Consejo Ciudadano invitó a esa reunión al secretario de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alfonso Miranda, y al secretario de Economía del gobierno de la CDMX, Fadlala Akabani. Asistieron los presidentes de Coparmex, Jesús Padilla Zenteno; de la Canirac, Marco Antonio Buendía; y del Club Libanés, Amin Saiden, entre otros veinticinco participantes.
La justificación de esta agenda ciudadana a favor del crecimiento económico, la seguridad y la salud es la de asumir a la ciudadanía como actor central, entendida como parte de una dinámica heterogeneidad de lo social representada en multitud de espacios, para la cual la creación de un diálogo “donde quepan todos”, sin polarización innecesaria de tirios o troyanos, pero con libertad y capacidad crítica informada y propositiva, asumamos los retos del momento. Especialmente el deseo generalizado de evitar una convergencia de crisis mayores en los temas indicados.
Del encuentro virtual “Agenda Ciudadana y Empresarial: Seguridad, Economía y Comunidad”, resaltó que la activación económica no se limita al resguardo del empleo o la promoción de la inversión “como una obsesión”, como lo dice Salazar Lomelín, sino a un criterio de edificación de comunidad y ciudadanía de largo plazo.
Enunciado así parecería sencillo, pero no lo es en absoluto. En un segmento de la iniciativa privada, así como en uno del gobierno federal, persisten voces que apuestan a que cada sector desarrolle su agenda con independencia de la plena potencialidad de aprovechar espacios de convergencia donde, por cierto, el gobierno federal tiene la mano al ser la representación elegida del poder del Ejecutivo.
El gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha hecho lo que corresponde al priorizar los empleos esenciales en los 59 municipios del área conurbada y la urbe para paliar la crisis en etapas. Akabani, asertivamente, le insistió a Salazar Lomelín que, siendo él mismo empresario, formaba parte de las voces a favor de “una agenda para la paz”, de progreso, pero con una política social que pusiera en el centro a los más desfavorecidos.
El diálogo debe continuar.
Contacto:
* Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México
Twitter: @elconsejomx
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