Por Ricardo Fuentes Nieva*

Desde hace siglos hay una idea reverberando en las cabezas de pensadores sociales alrededor del mundo: la idea de una transferencia de efectivo sin condiciones. Algunos lo llaman Ingreso Universal Básico, otros Renta o Dividendo Ciudadano. Pero la idea subyacente es similar: a cada miembro de la sociedad, por este solo hecho, se le ofrece sin ninguna condición una cantidad de dinero necesaria para cubrir necesidades básicas.

Una razón para evaluar seriamente esta idea es la débil relación entre la ciudadanía y el Estado en México. La negociación donde los ciudadanos ofrecen parte de su libertad e ingreso a través del pago de impuestos al Leviathan a cambio de seguridad y derechos políticos apenas se sostiene en el país. Pocas personas saben quiénes son sus representantes en las cámaras del Congreso y mucho menos los mecanismos para exigir que tomen las decisiones que representen a la mayoría; se pagan muy pocos impuestos; el aparato de seguridad del Estado es casi inexistente en grandes partes del territorio nacional, y no hay un seguimiento de cómo se utilizan los recursos públicos y, lo que es peor para la moral ciudadana, pocas consecuencias ante el mal uso.

Una renta ciudadana en México, bien implementada, podría fortalecer esta relación si se distribuye como un derecho y no como una prebenda. El Center for Global Development, un grupo de investigación basado en Washington promovió la idea de transferir los recursos provenientes de la extracción del petróleo directamente a las ciudadanas, quienes después pagarían impuestos sobre esta transferencia y así identificarían cuántos recursos van a las arcas públicas y potencialmente se fortalecería la rendición de cuentas. La idea central era resaltar el trueque entre ciudadanos y Estado a través de los impuestos.

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En México desafortunadamente se ha dilapidado la gran mayoría de la riqueza petrolera, y una parte terminó en manos de líderes sindicales y los yates en los que se pasean sus hijos alrededor del mundo. Ante la evidencia de la mala administración de la riqueza nacional es natural preguntarse sobre alternativas.

Es cierto que el costo de un Ingreso Universal Básico en México sería enorme. Algunos cálculos indican que podría ser de 7-10 % del PIB. Pero no es necesario implementar un programa de esta magnitud en todo el país simultáneamente. Es importante hacerlo donde existan las condiciones de implementación correctas, así como la voluntad política para asegurar que se hace con un enfoque de derechos. Implementarlo, por ejemplo, en un municipio específico donde haya los recursos fiscales suficientes, la capacidad administrativa y el liderazgo político, y también asegurar que se pueda aprender de la experiencia.

Uno de los grandes lastres que sufrimos – y lo vemos en las cercanas elecciones- es la capacidad que tienen actores políticos para comprar los derechos políticos de la ciudadanía. El clientelismo político no sólo afecta nuestra democracia, sino que atenta contra la dignidad y los derechos más básicos de las personas. Es hora de pensar en cómo romper ese ciclo. ¿Por qué no probamos con la renta ciudadana?

*Director Ejecutivo Oxfam México.

 

Contacto:

Twitter: @rivefuentes

Página Web: oxfammexico.org

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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