Los ciudadanos guatemaltecos convocaron al llamado Paro Nacional 20S ante los señalamientos contra el presidente Jimmy Morales por corrupción y las acciones de congresistas acusados de avalarla.

La convocatoria surgió después de que 107 diputados votaran a favor de modificar el Código Penal para favorecer el financiamiento electoral ilícito y reducir penas carcelarias para más de 400 tipos de delitos, incluidos varios de los que muchos congresistas son señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Cuatro manifestaciones saldrán de las universidades de San Carlos y Rafael Landívar, el Trébol y otra de la ruta al Atlántico, que llegarán al Congreso y luego a la Plaza de la Constitución.

Las manifestaciones de hecho comenzaron este martes con el bloqueo de carreteras en el departamento de Totonicapán por campesinos que exigen la renuncia de sus representantes ante el parlamento.

El presidente de Guatemala se encuentra quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

Las protestas se dan en medio de la renuncia de los ministros de Gobernación, Finanzas y Trabajo derivado de la evolución de la crisis política en Guatemala.

El anuncio lo dieron en un comunicado conjunto Francisco Rivas, titular de Gobernación; Julio Héctor Estrada, de Finanzas, y Leticia Teleguario, de Trabajo.

Los funcionarios confirmaron en sus cuentas oficiales de Twitter la veracidad del comunicado conjunto que se hizo público esta tarde.

Además, dejaron claro que continuarán al frente de sus funciones hasta que sean aceptadas las cartas de renuncia por Jimmy Morales, quien deberá nombrar nuevos sucesores.

También renunció la vicecanciller Anamaría de Diéguez, los viceministros de Finanzas, Carmen Abril, de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas; Lionel López, de Ingresos y Evaluación Fiscal, y Víctor Manuel Martínez Ruiz, de Administración Financiera.

Hace una semana, el Congreso de Guatemala anunciaba que decidía dar marcha atrás a dos reformas al Código Penal aprobadas ayer, unas de las cuales eximía a los directivos de los partidos políticos del delito de financiación electoral ilícita.

“Los jefes de los bloques parlamentarios acordaron en una reunión de urgencia archivar en definitiva” las reformas, que nunca nacerán a la vida jurídica del país”, dijo en una rueda de prensa Oliverio García diputado de la oposición en compañía del Óscar Chichilla presidente del Congreso.

Horas antes, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales aseguraba que, si las recientes reformas aprobadas en el Código Penal eran nocivas para la gente, utilizará su derecho a veto.

“Al recibirlas, serán sometidas a su respectivo análisis jurídico, si se determina que son nocivas para el pueblo de Guatemala y atentan contra los intereses de la nación, utilizare mi derecho de veto”, dijo Jimmy Morales.

También puedes leer: Congreso de Guatemala da marcha atrás a reformas del Código Penal

Con información de agencias.

 

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