La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra Ibarra, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para convertirse en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo; sin embargo, este organismo no tiene facultad para presentar iniciativas.
“Se presentó una iniciativa (…) no para atender únicamente a los pobres como equivocadamente se ha señalado, sino (…) para reafirma su autonomía y potenciar los alcances de esa misión, de manera que se observe íntegramente el mandato que desde 2011 otorga nuestra Constitución Política al Estado mexicano y a todas sus autoridades”, señala en comunicado la Comisión.
Menciona que esta iniciativa no es producto de un trabajo de gabinete ni de académicos ni juristas, sino de las personas que se acercan a la CNDH en espera de resolución a las quejas que interponen por violaciones de derechos humanos.
Entre los principales cambios es que el titular de este organismo será elegido por “el pueblo”, cuando, actualmente, el Senado elige al titular de la CNDH.
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La iniciativa busca reformar el artículo 102 apartado B de la Constitución y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con las siguientes modificaciones:
- La persona titular de la Defensoría Nacional y los integrantes de su Consejo Consultivo serán electos por el pueblo mediante procesos de participación ciudadana y se elimina su posibilidad de relección.
- Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la Defensoría Nacional, y a su vez, ningún funcionario de la misma se sujetará a orientación o presión alguna por parte de aquellos.
- El titular de la Defensoría no podrá buscar un cargo de elección popular en el año siguiente al término de su responsabilidad.
- Elimina el requisito de contar con título de licenciado en derecho para su personal y privilegia la experiencia en la defensa de los derechos humanos.
- Incorpora el principio pro persona en todas sus acciones y resoluciones.
- Transforma las visitadurías generales en defensorías generales y las visitadurías adjuntas en defensorías adjuntas.
- Las quejas tendrán el tratamiento de recursos de exigibilidad. Esto, bajo la lógica de que es obligación de todas las autoridades del Estado observar, respetar y proteger los derechos humanos.
- Incorpora la facultad de solicitar medidas cautelares o precautorias cuando éstas se requieran para proteger los derechos humanos o para evitar la consumación de daños irreparables.
- Las recomendaciones que emita la Defensoría Nacional será exigibles por ella misma para hacerlas cumplir sin depender del otro órganos como sucede ahora.
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