La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)  encontró 32 obstáculos a la competencia en múltiples estados mexicanos, tras revisar 400 leyes y reglamentos estatales.

Los ejes principales donde detectó riesgos son en desarrollo urbano, contratación pública, sector agropecuario, transporte público y ejercicio profesional.

En materia de desarrollo urbano, por ejemplo, Cofece señaló riesgos en los requisitos de distancias mínimas entre estaciones de servicio de venta de combustibles que limitan la concurrencia y eliminan alternativas de abasto, en entidades como San Luis Potosí, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Michoacán, Sonora, Colima.

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Pero también dice que exigir ciertos número sede cajones de estacionamiento, aunque tiene justificación por orden urbano, la imposición de este tipo de requisitos eleva el costo de proyectos y afecta condiciones de compra, además de ir en contra de prácticas que “pretenden reducir el uso del vehículo y fomentar la movilidad”.

Cofece menciona a Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, COlima, , Guerrero, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potsí, Veracruz, Zacatecas, y recomienda establecer requisitos de números de estacionamiento que no sean excesivos para cada tipo de proyecto, sea comercial o habitacional, según criterios internacionales o técnicamente justificados.

En materia agropecuaria, Cofece advierte riesgos de ventajas artificiales a proveedores locales en el trato diferenciado a productos agropecuarios originarios en siete entidades: Baja California, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, pues desincentiva la participación de mayor oferta.

La Comisión propone que no se impongan requisitos especiales o tratos diferenciados sin importar el origen de las mercancías o proveedores.

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Respecto a contratos públicos, las licitaciones estatales o locales restringen “de forma severa” la participación, pues solo admiten proveedores con domicilio fiscal en el estado, lo que disminuye contar con procesos competitivos que garanticen mejores condiciones de contratación a los estados.

Colima, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Y Zacatecas (para obra Pública); Y Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora  (para adquisiciones) contemplan posibles licitaciones estatales.

Cofece que propuso en el documento eliminar la figura de licitaciones locales y establecer, como regla general, el procedimiento de licitación pública nacional. 

Sobre transporte público el organismo federal argumentó que no se prevé un método competido para otorgar concesiones en 21 entidades, y en Veracruz y Zacatecas no se establece proceso alguno para otorgar concesiones.

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado De México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala Y Yucatán establecen algún tipo de proceso para otorgar concesiones que no es competido, y Cofece sugiere establecer mecanismos competidos para el otorgamiento de concesiones o permisos cuando el número de concesiones a otorgar sea limitado, por ejemplo para el transporte público de pasajeros.

En el ejercicio profesional, el órgano federal advirtió riesgos en los límites a las actividades que pueden realizar extranjeros o profesionistas con estudios foráneos.

“Establecer límites a las actividades que pueden ejercer o incluso prohibirles la prestación de un servicio, dificulta o impide su ingreso al mercado y limita, por lo tanto, las opciones disponibles para los consumidores”.

 Las entidades señaladas con estos riesgos son Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Nayarit, Tabasco, y Cofece propuso eliminar requisitos de origen o nacionalidad de los profesionistas, pues cualquier requisito debe estar relacionado únicamente con la aptitud o capacidad para prestar el servicio en cuestión.

“La regulación implica una limitación impuesta por el estado. si bien ésta persigue en ciertos casos objetivos legítimos de política pública —por ejemplo, corregir fallas de mercado, proteger la seguridad o velar por el medio ambiente—, en ocasiones restringe el funcionamiento eficiente de los mercados sin que necesariamente consiga beneficios sociales o económicos”, dijo el órgano regulador de competencia en su miscelánea de obstáculos regulatorio a la competencia.

 

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