La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) propuso una agenda de acciones concretas para establecer regulaciones e incentivos que favorezcan el diseño y ejecución de procedimientos de adquisición competidos.

La agenda será presentada al gobierno federal saliente, al equipo de transición del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a los próximos legisladores federales y al Sistema Nacional Anticorrupción.

De acuerdo con la Cofece, las contrataciones públicas ascendieron en 2017 a 585,000 millones de pesos, recursos que con mayor competencia se habrían maximizado y traducido en servicios e infraestructura de mejor calidad.

“El enorme monto de recursos involucrados en las contrataciones de gobierno es un incentivo para que el diseño de las licitaciones o mecanismos de adquisición sean susceptibles a la simulación de competencia o a la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores”, indicó la Cofece en un comunicado.

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Para resolver las problemáticas de competencia observadas, así como para inhibir actos de corrupción y desincentivar acuerdos ilegales entre empresarios y funcionarios, sean para imponer sobreprecios al gobierno o para conseguir asignaciones predeterminadas de contratos, la institución planteó las siguientes acciones:

  • Emitir un decreto presidencial que obligue la participación de la Cofece en licitaciones relevantes para garantizar condiciones de competencia.
  • Crear un mercado virtual e imponer la obligación –por medio de un decreto– a todas las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) de realizar sus compras pequeñas de bienes homogéneos a través de éste.
  • Obligar a las dependencias a requerir que los licitantes declaren cuando, en caso ganar, planeen subcontratar e identificar a quién y por qué, así como que no se permita subcontratar a perdedores de la licitación; y, cuando se acepte la participación conjunta, no permitir que las empresas concursen en grupo y de manera individual.
  • Incrementar los estándares para la aprobación de los convenios modificatorios (plazo, monto, cantidad).
  • Transparentar las modificaciones de concesiones, permisos y/o contratos y evitar la discrecionalidad de las mismas.
  • Aplicar la inhabilitación, prevista ya en la Ley General de Responsabilidad Administrativa, a los agentes económicos sancionados por colusión –en términos de la Ley de Competencia– para participar en concursos públicos subsecuentes.

Adicionalmente, la Cofece propuso siete acciones que requieren modificación legislativa:

  • Obligar a realizar las investigaciones de mercado sólidas y transparentarlas.
  • Acotar los supuestos para contratar por procedimientos diferentes a la licitación pública abierta.
  • Eliminar la excepción prevista para las contrataciones entre dependencias y entidades de la APF.
  • Permitir la participación de otros licitantes interesados en los procedimientos restringidos.
  • Restringir la participación simultánea de empresas de un mismo grupo de interés económico para evitar simulación de competencia.
  • Transformación del mecanismo de puntos o porcentajes a uno de evaluación en dos etapas.
  • Crear una Ley General de Contratación Pública (adquisiciones y obra pública) que se apegue a los estándares internacionales.

“Cuando hay competencia por los contratos de gobierno, se restringen los sobreprecios, se reducen los espacios para el favoritismo y el tráfico indebido de influencias, y se dificulta la formación de acuerdos colusorios orientados a extraer ganancias ilícitas mediante relaciones de complicidad entre supuestos competidores, o entre un oferente y un servidor público”, argumentó la Cofece.

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Aunado a esto, la Comisión detectó diversas problemáticas en las contrataciones públicas desde una perspectiva de competencia, entre estas un mal diseño de las licitaciones, subjetividad en los mecanismos de evaluación por puntos o porcentajes, y la subcontratación de empresas perdedoras como mecanismo de colusión.

 

 

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