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Organismos autónomos públicos y de la sociedad civil presentaron a la Cámara de Diputados una propuesta para crear una ley de contrataciones, la cual incluye la creación de un instituto enfocado en “ordenar” estos procesos públicos a nivel nacional y “abatir las complejidades de los múltiples sistemas en los ámbitos locales”. 

La iniciativa integrada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción,  Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa también contempla la creación de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas

Por medio de un comunicado conjunto, los organismos y organizaciones señalaron que en 2020, el gobierno federal y las entidades federativas gastarán aproximadamente 2 billones de pesos para la contratación de bienes y servicios. 

Ante ello, se proponen mecanismos para la evaluación de riesgos de corrupción en el proceso de compra, así como para la identificación y prevención de posibles conflictos de interés, a través de la implementación de sistemas de información estructurados. 

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Asimismo, integra la planeación de procesos de contratación a través de la disponibilidad presupuestal e investigaciones de mercado integrales. 

La ley propuesta propone limitar las causales para entregar contratos de forma directa y sanciona con inhabilitación, hasta por 5 años, a empresas que se coludan en concursos públicos.

Instruye, además, a integrar controles para las “contrataciones de gran magnitud” y conceder mayor plazo para la investigación de mercado y presentación de ofertas, e incorpora procesos específicos para la planeación, ejecución y vigilancia de estos procedimientos. 

Se establece también la obligación de que los entes públicos registren en tiempo real el seguimiento de la ejecución de los contratos, la puesta en marcha de auditorías externas e internas con base en riesgos, así como ampliar los alcances de la participación de testigos sociales y ciudadanos para monitorear el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos.

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