Por Natalia Herrera y Alfredo Molano Jimeno

“La paz lo que nos va a traer es una inmensa prosperidad”, aseguró el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en un encuen­tro con industriales en agosto de 2015, antes de viajar a la Ha­bana, donde se sentaron las bases de negociación para un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Porque tenemos claros los prin­cipios de trabajo: disciplina fiscal, inflación baja, atraer inversión, concertación entre el sector públi­co y el sector privado, introducción de tecnología para mejorar la eficiencia de la economía y una serie de normas, de principios, de valo­res que hemos puesto en marcha y que están produciendo resultados”, agregó el jefe de Estado, apelando a su discurso de la Tercera Vía, que ha resumido en innumerables ocasiones como: “El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”.

El jefe de Estado colombiano sus­tentó sus palabras en la experiencia de otras naciones que hicieron un tránsito de situaciones en conflicto armado a la paz. En Suráfrica, sostu­vo, “la inversión extranjera luego de que se firmó la paz se multiplicó por 12 y las exportaciones se multipli­caron por nueve”; en “Perú cuando lograron sacar a Sendero Lumino­so de las zonas rurales inició una revolución agroindustrial que hoy exporta 600 productos agrícolas a más de 157 países”.

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“En Colombia el crecimiento de la economía sería de 1.5 a 2 puntos porcentuales; estaríamos creciendo entre 7 y 8%, lo que significaría que en el campo colombiano, donde se ha concentrado el conflicto, podre­mos invertir”, afirmó el presidente Santos.

Para Ana María Ibáñez, decana de economía de la Universidad de Los Andes, “los estudios que se han hecho en Colombia muestran que existe una relación entre la seguri­dad y los indicadores económicos. El conflicto armado afecta el creci­miento del PIB. Algunas estimacio­nes muestran que si cesa la guerra, el país crecería”.

Un ejemplo es el comportamien­to de la economía rural y la produc­ción agropecuaria. “Un estudio que hizo la Facultad de Economía de la Uniandina, encontró que el conflicto armado reduce el PIB agropecuario en 3% cada año”, y agudizar la infor­malidad de la propiedad debido a la presencia de grupos armados.

Rodrigo Guerrero, actual alcalde de Cali, sostiene que la pérdida de vidas humanas tiene un alto costo económico. Los asesinatos, las he­ridas, la destrucción familiar y las pérdidas de asistencia escolar tienen un costo de 5 % del PIB; mientras que las pérdidas materiales, que implican inversiones del Estado y de particulares, alcanzan 6.4% del PIB. Es decir, casi 10,000 mdd. Guerrero también calcula que la baja en la productividad e inversión empresa­rial, la disminución de oportunida­des de consumo y la falta de empleo tendrían un costo económico de otros 11,000 mdd.

En este escenario, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien fuera por muchos años presiden­te de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), menciona que “las mediciones indican que cuando la percepción de la inseguridad es alta, los niveles de crecimiento e inversión, eran bajos; el pib crecía entre 1.5% y 2%, y los niveles de inversión significaban al­rededor de 12% del pib. Hoy, cuando la percepción de inseguridad, espe­cialmente en el sector empresarial, está en niveles mínimos históricos, el crecimiento de la economía, ha vivido años brillantes”.

Villegas fue víctima directa de las FARC. Su hija fue secuestrada en la década de los 90 y fue miembro plenipotenciario del gobierno en el proceso de paz que se adelanta en La Habana. “La seguridad es uno de los elementos más importantes en el proceso de toma de decisiones de los inversionistas, tanto para nacionales como internacionales”.

Ana María Ibáñez agrega que Co­lombia es un caso especial, porque pese a que el conflicto armado data de más de 50 años, el Estado no co­lapsó y los inversionistas han llegado. “Los empresarios buscan seguridad, pero cuando hay una rentabilidad ex­cepcionalmente alta están dispuestos a invertir en países en conflicto. En Colombia, esto se ve en las regiones petroleras y mineras”, enfatiza la investigadora.

Uno los factores que más afecta a los inversionistas en países con conflictos armados es la estabilidad jurídica. La protección de los dere­chos de propiedad y la infraestruc­tura tributaria son asuntos que los inversionistas tienen muy en cuenta antes llevar su dinero a países como Colombia.

 

El beneficio de la paz

Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la guerra le ha impuesto a Colombia unas condiciones atípi­cas para el desarrollo empresarial. “Las empresas que han estado en Colombia durante 50 años, han vi­vido situaciones que no se han dado en ningún otro sitio. Lo que es muy significativo es que el empresaria­do en Colombia siempre ha estado en el país a pesar de las condicio­nes adversas”, y advierte que las cifras de crecimiento económico y empresarial de los últimos 20 años no corresponden a un país con un conflicto armado.

Para algunos empresarios, el cese de la guerra permitiría inversiones en regiones que hoy tienen muchos obstáculos. “Es decir, muchos más kilómetros de país para hacer lo que antes se hacía, pero en mejores con­diciones”, precisa Mac Master.

La gran diferencia que va a traer el posconflicto se verá en el campo. Esto significa que Colombia logrará integrarse a la cadena de agroali­mentos de la que ha estado ausente durante muchos años. El país cafe­talero es uno de los más fértiles del mundo y ha estado excluido de ser una potencia en la generación de ali­mentos, por lo que si se logra la paz, puede convertirse en una potencia alimentaria en el futuro.

No obstante, Colombia tiene tres retos económicos importantes: ajus­tar su estructura tributaria para ser más competitiva; encontrar una pari­dad cambiaria que logre potenciar las exportaciones y ajustar las cuentas fiscales a la nueva realidad minera y petrolera. El petróleo y la minería se habían convertido en el principal productor de divisas y regalías para el país”, señala Mac Master.

El presidente de la Andi está convencido de que los inversionistas antes de poner su dinero en un país, observan las ventajas competitivas, y advierte que las preocupaciones de los inversionistas nacionales y extranjeros no son las mismas: “Los nacionales tenemos la carga emotiva que significa superar un conflicto de 50 años. Los extranjeros, entienden las ventajas de invertir en un país como Colombia, que está creciendo más que el resto de sus vecinos y ven con más optimismo la economía colombiana”.

 

El arma de la seguridad

Según el titular de la Defensa, “hoy estamos creciendo cinco veces más que el promedio latinoamericano y eso tiene que ver “con la seguridad física de las industrias, de las per­sonas y de la infraestructura, pero también con la seguridad jurídica del país; por todo esto, el país es can­didato a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2016”.

El gobierno ha hecho énfasis en solucionar los temas de inseguridad en muchos de los puntos aislados de Colombia donde todavía persiste el conflicto armado, especialmente en la seguridad ciudadana, tanto de las zonas urbanas como en las grandes ciudades. “Allí tenemos que luchar más para que las cifras de homici­dios sigan descendiendo como en los últimos 15 años”, expresó Villegas.

Sobre la manera de cómo se está enfrentando el crimen en las gran­des capitales, Villegas puntualizó que está en marcha un plan contra el crimen organizado, especial­mente contra aquellas que afectan más cotidianamente la seguridad ciudadana. “Hemos desmantelado bandas que manejan el mercado internacional de celulares robados, tenemos aprensiones y capturas en materia de narcotráfico y hemos desmantelado organizaciones urba­nas peligrosas.

Parte de las negociaciones de paz incluye algunos tratatos espe­ciales para miembros de las FARC que no hayan incurrido en delitos de lesa humanidad o participando en secuestros y abusos a los dere­chos humanos en las comunidades ocupadas.

De manera que estamos prepara­dos para que Colombia no sólo salga de sus temas de conflicto, sino tam­bién mejore todos sus indicadores de seguridad, que permita que los inversionistas locales y extranjeros sientan un mejor clima de negocios, afirma Villegas.

Para el director de Pla­neación Nacional, Simón Gaviria, el funcionario pú­blico debe manejar en el gobierno la relación entre seguridad, proceso de paz e inversiones, la fortaleza fiscal del país ha permi­tido reducir las tasas de interés, lo que genera aumentos en inversión de capital y libera recursos para el sector social.

Gaviria no duda que la solidez del sistema finan­ciero colombiano, que “actúa como un intermediario a través del cual se canalizan los ahorros de los ciudada­nos hacia proyectos de inversión”, es uno de los indicadores al que mayor atención le prestan los inversionistas.

Frente a la proyección económi­ca de Colombia en un escenario de posconflicto, Gaviria sostiene que “alcanzar una paz negociada permi­te reducir el costo de oportunidad para los inversionistas, gracias a la mejor percepción de seguridad y a una mayor confianza de los agentes económicos en el país”.

En los últimos cinco años el crecimiento de la inversión extran­jera directa ha sido destacable, al pasar de 6,430 mdd en 2010 a 16,257 mdd que se estima llagaron al país en 2015. “Lo anterior ha sido reflejo de la buena estabilidad macroeconó­mica y la credibilidad de su política económica”, apuntó Gaviria.

Es claro que un even­tual acuerdo de paz en Colombia abrirá nuevos e interesantes escenarios de inversión. Habrá que espe­rar para ver si el gobierno tiene la capacidad de aprovechar estos dividen­dos, porque como en todos los procesos de paz del mundo, tras la firma de un acuerdo de esta naturaleza, suelen venir nuevas olas de inestabilidad.

En Colombia, la guerrilla no es la única fuente de violencia. Las bandas criminales y narcotrafican­tes operan y siguen siendo uno de los mayores retos del Estado. Aun­que la imagen de una Colombia tomada por los capos, en épocas de Pablo Escobar, está lejos, muy lejos de repetirse. El mes de marzo será clave para el futuro del gobierno del presidente Santos, fecha en la que se estima llegará la firma del acuerdo y marcará el inicio de una nueva era en la historia moderna de Colombia.

 

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