Quienes desean entrar legalmente al mercado de servicios de taxi enfrentan al monstruo de una regulación enorme y corrupta que termina promoviendo la piratería.

 

Por Alejandro Rodríguez Arana

Es la madrugada y nuestros hijos adolescentes no están en casa. Revisamos nuestro celular y nos avisan que están subiendo a un auto respaldado por la empresa Uber. Vienen en camino. No sólo eso: podemos ver cuál es la ruta que siguen y con mucha confianza saber cuánto tiempo les falta para llegar a casa. Nos relajamos y hasta dormimos algunos minutos.

Uber, una empresa mundial que lleva a cabo servicios similares a un taxi, ha generado una innovación en este mercado digna de tomarse en cuenta. Utilizar la tecnología digital para poner en comunicación a los proveedores de servicios con los clientes propicia rapidez y eficacia. Al mostrar las rutas que sigue vía internet, da una gran confianza a los familiares de las personas que usan el servicio. ¿Uber debería seguir en el mercado? Mi respuesta sería un sí muy claro.

 

¿Y la otra cara de la moneda?

Un conocido, a quien llamaré Juan, ha estado ahorrando durante varios años para comprar un taxi, obtener la licencia tipo B que le permita manejarlo, y lograr lo que para casi todos es muy difícil: obtener las placas de taxi. Juan pensaba que había conseguido el dinero suficiente para lograr sus objetivos. Estaba equivocado. Tuvo que sobornar a diversas autoridades para obtener las placas, y al final, aunque ya las tiene, ha quedado con una deuda de más de 100,000 pesos, que tendrá que pagar en los siguientes dos años. Los choferes de Uber no tienen, hasta ahora, ese problema. ¿Es justo lo que le pasa a Juan? No, sin duda que no lo es.

El problema que estamos mostrando es real. Uber es una empresa enormemente eficiente en proveer servicios de taxi, aunque ellos no le llamen así. Al mismo tiempo, personas como Juan, que desean entrar legalmente al mercado de servicios de taxi, enfrentan al monstruo de una regulación enorme y corrupta que termina promoviendo la piratería en los dos segmentos extremos del mercado: en la parte baja con sedanes Volkswagen muy antiguos, en pésimo estado y que además resulta peligroso tomarlos, y en la parte alta con servicios como Uber, que hoy por hoy, aunque no nos guste, podría catalogarse como un servicio pirata porque no cumple con la regulación que los taxis legales deben cumplir. ¿Qué hacer?

La primera pregunta que hay que contestar es si en verdad debe haber una regulación en el servicio de taxis. La respuesta es que conviene que exista una regulación porque hay un problema de asimetría de la información. La persona que toma un taxi no sabe quién provee ese servicio. Si no hubiera regulación alguna, el proveedor del servicio podría ser un ladrón o un secuestrador. Al tener placas de taxi, y en muchos casos información del conductor pegada en la ventana, se reduce la probabilidad, si bien no se elimina, de que el proveedor del servicio cometa algún ilícito.

 

Pero ¿cómo debe ser la regulación?

Está demostrado que la competencia económica beneficia al consumidor. También existe amplia evidencia de que la innovación constituye uno de los factores esenciales para promover el crecimiento económico. Uber es un competidor innovador, y por lo tanto debería seguir en el mercado. Entonces, una posibilidad sería obligar a los choferes de Uber a que cumplan con la regulación con la que personas como Juan tienen que cumplir. Eso, tal vez, desmotivaría la innovación y haría más caro el servicio de Uber.

Me atrevo a plantear una propuesta alternativa: que exista una liberación total del mercado de taxis, de modo que se eliminen los costos tan elevados de operar para personas como Juan, que tienen un alto sentido de responsabilidad ciudadana. ¿Y el problema de asimetría de la información? La liberación total del mercado podría incrementar los ilícitos de gente que se haría pasar como taxista para cometer delitos.

La segunda parte de la propuesta es que una vez liberado el mercado, personas como Juan y los choferes de Uber se registren libremente en un padrón en que exista información confiable pública sobre ellos. Es más, con ese registro serían sujetos de una filiación. Si son gente que lleva a cabo servicios legales, no tienen nada que temer. Con ello obtendrían una calcomanía que visiblemente podrían poner en su coche para informar al público que están registrados ante las autoridades. Es ahí donde entra la soberanía del consumidor, quien elegiría libremente si se sube a un coche registrado o a uno no registrado (con los riesgos que esto conlleva).

Las autoridades y los sindicatos de taxistas utilizan el argumento decimonónico de que el mercado de taxis está saturado y no debe haber más taxis. El argumento es falso, porque si el mercado estuviera saturado no habría una competencia como Uber. Por otro lado, los servicios públicos de transporte continúan siendo tan deficientes que el argumento de saturación cae por su propio peso.

 

Alejandro Rodríguez Arana, Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México ([email protected]).

 

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