De acuerdo a la reforma de 2014, los partidos se crean en el año posterior a la elección presidencial. Al abrir la convocatoria, se presentaron 106 notificaciones de creación de nuevos partidos, de las cuales, procedieron 93 y el resto no tuvieron la autorización del INE para seguir con el trámite.
Para que se puedan registrar, requieren, además de los documentos básicos, realizar 20 asambleas estatales con un mínimo de 3000 asistentes o 200 asambleas distritales con 300 asistentes; además de tener a, por lo menos, 233,945 afiliados inscritos en la lista nominal en todo el país.
Si bien los requisitos son menores a los que se piden a una persona que quiera tener una candidatura presidencial independiente, la complejidad en la consecución de dichas metas es complicada para los actores que buscan el registro. Además de los recursos materiales, humanos, financieros, etc., necesarios para lograrlo, se requiere de la suficiente capacidad política para la configuración de alianzas locales y nacionales para lograrlo.
En el actual proceso, es posible que, de las 93 solicitudes, sólo dos o tres organizaciones logren el registro, pues, incluso en el caso de actores políticos conocidos, han tenido conflictos para realizar las asambleas. El caso es que el acceso está controlado por los partidos existentes, pues además de los recursos financieros, la estructura política y legal está definida por ellos, es la razón por la que, si bien el acceso parece sencillo, tiene elementos que no son fácilmente superables. Más partidos no incrementan la participación política ni la hacen mejor, solo reflejan la configuración de fuerzas políticas y los intereses de quienes definen los resultados del sistema en su conjunto.
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