México es probablemente el país con el mayor número de ciudadanos en el extranjero. A diferencia de otras naciones que tienen poblaciones en el exterior, como India o China, en nuestro caso prácticamente todos se encuentran en un solo país: Estados Unidos. A lo largo de la historia, el país vecino ha alentado, tolerado o combatido la migración de mexicanos, de acuerdo con las necesidades de mano de obra. De vez en vez se establecían programas que regularizaban a los migrantes que pudieron acreditar su actividad laboral por varios años, emprendieron un negocio, o los que tuvieron hijos en territorio americano. La situación cambio a raíz de la crisis de 2008. Desde ese momento a los migrantes se les atribuyó la pérdida de empleos estadounidenses y los grupos de extrema derecha los ligaron también con el crecimiento del crimen e incluso de la propia decadencia norteamericana. La administración Obama no logró que el Congreso aprobara una reforma migratoria y, en cambio, endureció las deportaciones y la vigilancia en la frontera. Ahora, el gobierno de Trump se propone endurecer la política migratoria al límite. Los migrantes mexicanos serán sin duda objeto de su retórica de odio.

Para apoyar a los migrantes, México tiene en Estados Unidos una amplia red de oficinas consulares. Los funcionarios consulares se han vinculado con organizaciones de mexicanos en el extranjero, grupos de apoyo locales, organismos internacionales, iglesias y gobiernos locales interesados en apoyar a los migrantes. Actualmente los mexicanos pueden obtener una identificación consular, enorme utilidad en la situación en que se encuentran y apoyo para temas migratorios y legales. Sin embargo, el enorme tamaño de la comunidad mexicana y las dificultades que enfrentan y que se agudizarán en los próximos años requiere de estrategias muy precisas y asertivas por parte del gobierno mexicano en Estados Unidos. Los primero que debe quedar claro es que el apoyo a mexicanos en el extranjero es una política permanente, una obligación de las autoridades, no algo que pueda ser negociado con el gobierno estadounidense en acuerdos que tienen que ver con temas comerciales o de seguridad.

Las acciones puntales a desarrollar o fortalecer son claras. Se deben destinar mayores recursos para que los consulados puedan apoyar a mexicanos en el momento de las detenciones y los que se requieren para su defensa legal. Es conocida la saturación que sufren las cortes migratorias estadounidenses y la oportunidad que eso representa para que los mexicanos puedan tener éxito en los litigios. Los recursos deben también destinarse a talleres y otros mecanismos de difusión de los derechos de los migrantes para que los mexicanos puedan tomar las mejores decisiones para mejorar su situación migratoria y de defensa en caso de un abuso de las autoridades. Se tienen que reforzar las políticas de apoyo para que las personas obtengan la nacionalidad estadounidense, lo que no implica perder la mexicana, ya que esa es la mejor manera de empoderarlos y de que ellos puedan influir en sus comunidades. En no pocos condados de ciertos estados la mayoría de los votantes podrían ser mexicanos, sí los que pueden adquirir la doble nacionalidad realizan los trámites correspondientes.

Los recursos deben también dedicarse a promover y fortalecer programas que ya existen. Ahora es posible obtener una credencial para votar mexicana en Estados Unidos, pero pocos han acudido a solicitarla, aparentemente por la falta de difusión. Lo mismo sucede con otros programas sociales o de apoyo a emprendedores que pueden ayudar a personas que tienen o desean regresar a México. Un buen número de migrantes cuentan con ahorros que pueden servir de capital semilla para nuevos negocios, pero se desconoce cómo se puede trasladar ese dinero de manera legal a México y complementarlo con créditos o apoyos gubernamentales. En general no existen mecanismos para facilitar la inserción de los migrantes al país, para proteger a los familiares que tienen que permanecer en ese país e incluso para reclamar recursos a los que tienen derecho como las cuotas de seguridad social que pagaron en Estados Unidos.

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Los migrantes mexicanos consideran, con razón, que el gobierno de su país de origen hace muy poco por protegerlos como ciudadanos, a pesar del enorme flujo de remesas que envían. Es momento de actuar con mayor efectividad. Es cuestión de destinar más recursos y mejor organización de los consulados, pero también a las oficinas de representación de los estados, que también pueden servir para ofrecer mejor apoyo legal a los mexicanos. Es también momento de articular a las organizaciones y mexicanos en lo individual que tienen influencia en las comunidades de Estados Unidos, para que se defiendan los intereses nacionales en ese país. Eso lo hacen con éxito otros países y es fundamental en el contexto que vivimos. Lo importante, insisto, es no renunciar y, por el contrario, fortalecer la defensa de los nacionales ante la amenaza de la política migratoria del terror de Trump.

 

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